El entramado corrupto en el Ejército con el que militares venderían armas a grupos ilegales

En los últimos 10 años, los depósitos de varios batallones del Ejército Nacional han venido siendo saqueados para vender armas y municiones en un mercado ilegal que va a parar a manos de grupos delincuenciales. Esa es la hipótesis que tiene la Fiscalía en contra de 50 de una organización criminal compuesta hasta por militares activos y de la reserva que sacaron provecho de su poder en la institución para supuestamente traficar armamento.

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Los robos -que según el ente acusador puede ser tan rentable como el narcotráfico- se han producido desde el nivel central en Bogotá hasta regiones como la costa Caribe, Antioquia, Meta y Caquetá. Incluso, uno de los depósitos desde los que al parecer se han extraído armas queda a tres cuadras del búnker principal de la Fiscalía General: el batallón de Puente Aranda. 

El caso generó revuelo en el Gobierno. La semana pasada el ministro de Defensa, Iván Velásquez, rechazó contundentemente que grupos ilegales estén utilizando armas del Estado para atentar contra las tropas. “Resulta inisible, como tuvimos oportunidad de conocerlo recientemente, que integrantes de las Fuerzas Militares estén en tráfico de municiones, entregándole al enemigo las armas con las que matan a sus propios compañeros”, dijo el Ministro, anunciado que tomarán medidas estrictas para dar con los culpables.

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La investigación para desmantelar esta red ilegal que tiene a fusiles, lanzagranadas, ametralladoras y municiones la tiene a cargo el fiscal anticorrupción Roberto Gordillo, quien en audiencias contra un grupo de nueve implicados desarrolladas en noviembre expuso los pormenores de la investigación que cobija a un total de 29 militares activos y de la reserva.

"Cuando se habla de un grupo organizado, no se trata de un tráfico de armas de eventos aislados, de unas situaciones de flagrancia, de que hayan capturado a un soldado o sargento sacando unas partes de fusiles para venderlas en la calle. Aquí se trata de una organización muy bien estructurada, de personas que se conocen, que tienen una relación permanente y unos os para organizar la forma en la que se sustraen todas estas armas, sus partes y sus municiones, a quiénes se las venden", dijo el fiscal en una audiencia conocida por EL TIEMPO.

¿Cómo han delinquido? Según lo relatado por la Fiscalía, lo han hecho permeando a soldados, cabos y sargentos que manejan los inventarios del Ejército, "para alterar que faltaran partes de fusiles, partes de ametralladoras y municiones. Sencillamente era comprar por unos cuantos miles de pesos a quien manejara el sistema para que cuadrara y nunca quedaran esos faltantes a la vista del Ejército, a la vista de los superiores", dijo el fiscal, quien añadió que otras modalidades era cambiar piezas originales por chatarra; y modificar documentos.

"Puede que durante un entrenamiento a quienes están haciendo el curso militar, se van a hacer disparos con municiones de fusiles, y resulta que a cada personal se le entregan 20 municiones para disparar, pero solo disparan cinco. ¿Qué pasa con las otras 15? Se van al tráfico de armas y en las actas se dice que dispararon 20. Las otras 15 originales entran a ese comercio ilícito", subrayó el investigador.

Las operaciones desde el año 2015 ya han dejado incluso a personas condenadas, como el principal cabecilla Alexánder Bermúdez Arias, conocido por comprar armas a distintos militares. Así como los hermanos Henry de Jesús y Jhon Colorado Valencia. Ellos buscaban los os a los que les compran el armamento que posteriormente distribuyen en todo el país.

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Según el expediente, los puntos en los que se han presentado más robos son el Batallón de Mantenimiento y Apoyo #2, en el fuerte de Tolemaida; el depósito del batallón del 20 de julio, el del cantón Norte y el del batallón de Puente Aranda, en Bogotá; una unidad en Medellín; las bases de Granada y Villavicencio, Meta; y las de Florencia y Larandia, en Caquetá.

De todo esto, la tesis preliminar de los investigadores es que "el Ejército Nacional se volvió el gran contrabandista, el gran traficante de armas en este país. Y es algo muy lógico, si quien tiene el monopolio de las armas en el país son las Fuerzas Militares, pues los grupos armados que necesitan armas, ¿a dónde van? A quien tiene el monopolio", añadió el fiscal en audiencia.

Si bien el escándalo de robo de armas del Ejército abarca a 29 militares activos y retirados, en la última redada de capturas cayeron nueve de ellos. El fiscal anticorrupción les imputó desde concierto para delinquir hasta enriquecimiento ilícito. 

Se trata de Luis Carlos Buitrago, César Ramírez, Anderson Sánchez, Mauricio Fagua, Breshnev Peña, Luis Ferney Ríos, Wilson García, Raúl Becerra y James Valencia, quienes fueron privados de su libertad en sus casas mientras se desarrolla la investigación penal.

El reproche del fiscal tiene que ver con que estos hombres se habrían desviado del cuidado y control de armas y municiones del Estado para fines lucrativos e ilícitos. "Vieron en el monopolio de las armas no una misión como son la soberanía, la seguridad y la vida de los colombianos, sino que vieron en la guerra y en este conflicto que vive Colombia el gran negocio de sus vidas".

En la audiencia se hizo referencia a otro de los ya condenados por este escándalo que sacude a las Fuerzas Militares. El nombre del sargento Christian Leonardo Castro Herrera relució al ser mencionado como el almacenista en un batallón de Villavicencio que desde 2018 hasta 2021 sacó armas sin permisos que eran destinadas a civiles que las revendían al 'clan del Golfo' y al Eln.

Los abogados de los detenidos, por su parte, cuestionaron el papel de la Fiscalía, pues creen que no precisaron bien cómo fue que delinquieron ni bajo qué circunstancias de tiempo y lugar. Una de las personas que defiende a un par de capturados incluso le dijo a EL TIEMPO que el ente acusador no pudo imputarles tráfico ilegal de armas. 

Carlos López - Justicia - @CarlosL49 - [email protected]