Cartel del norte del Valle mató a A. Gómez para dinamitar extradición

“El magnicidio del doctor Álvaro Gómez Hurtado se encuentra inscrito en un plan criminal ejecutado dentro de un patrón sistemático y generalizado contra la población civil, orquestado por los narcotraficantes de turno –cartel del norte del Valle–, por lo que en razón al carácter inalienable de los derechos conculcados, la gravedad del hecho, el derecho de las víctimas y la obligación del Estado de investigar y juzgar a los responsables (...) la presente acción penal se hace imprescriptible”.

Eso es lo que determinó la Fiscalía al declarar el asesinato del líder conservador y de su asistente José del Cristo Huertas, ocurridos el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, crímenes de lesa humanidad.

La tesis en la investigación es que con el magnicidio, que “contó con la colaboración de un reconocido coronel de la Policía Nacional (Danilo González), y en medio de la existencia de un régimen fallido edificado sobre la base de la corrupción provocada por la injerencia de los narcodineros”, los capos del norte del Valle pretendían evitar su entrega a los Estados Unidos.

“La motivación no fue otra que la de evitar su extradición en caso de una eventual caída del gobierno (de Ernesto Samper Pizano) y la protección de sus emporios económicos hechos en el bajo mundo del narcotráfico”, señala el documento de 52 páginas.

En una hipótesis que generará polémica –la familia ha sostenido por décadas que se trató de un crimen de Estado–, la Fiscalía asegura que el plan fue “cuidadosamente orquestado por los narcos” para defender sus propios intereses, tal como lo hizo en su momento el cartel de Medellín. Asegura también que Álvaro Gómez no llamaba a tumbar al Gobierno, sino a un régimen carcomido por el narcotráfico y la corrupción.

Jefes ‘paras’ como ‘H. H.’ y Salvatore Mancuso hablaron a la Fiscalía de supuestos planes entre los capos y jefes de las Auc para desestabilizar al país y forzar una negociación con los grandes carteles. ‘Don Berna’ dijo, por su lado, que Orlando Henao, el asesinado ‘Hombre del Overol’, le propuso a Carlos Castaño secuestrar a Álvaro Gómez. Por su lado, Luis Hernando Gómez Bustamante, ‘Rasguño’, aseguró que lo hicieron como un favor al gobierno de Samper.

La Fiscalía tiene ahora una línea de investigación que no involucra, al menos directamente, a funcionarios de la época: sostiene que “queda claro que el grupo criminal que ejecutó el homicidio” lo hizo por “el temor de siempre: ir a las cárceles de Estados Unidos”, esto ante la posibilidad de que el gobierno Samper, agobiado por la crisis del proceso 8.000, terminara por caerse.

En su decisión, el ente investigador reiteró que el asesinato de Gómez Hurtado “fue uno más de la larga lista de figuras públicas que cayeron bajo las balas del narcotráfico por haber tenido la valentía de enfrentarlos y retarlos a que permitieran construir un país moral, ético, sin la influencia de los dineros del narcotráfico, como lo pregonaba especialmente en sus últimos días”.

Para darle impulso a la investigación, que desde hace 22 años no ha tenido mayores avances, se ordenó que sean llamados a declarar cuatro testigos que tuvieron cercanía con Carlos Castaño y que confirmarían que el atentado fue perpetrado por una facción del cartel del norte del Valle, de la que eran cabezas Orlando Henao y Efraín Hernández, ‘Don Efra’

Según la Fiscalía, se requiere una “exhaustiva” investigación para establecer qué otros del cartel participaron, en qué sentido y si de allá provinieron los verdaderos sicarios.

Para tal fin, ordenó que sean ubicados y llamados a declarar Jorge Eliécer Asprilla, alias el Negro Asprilla, y al capo Henry Loaiza Ceballos, el ‘Alacrán’, cuyo último paradero era una cárcel de máxima seguridad por la masacre de Trujillo y otros crímenes cometidos por el cartel del norte del Valle. Además, se fijó para el 22 de enero la declaración de Óscar Iván Henao Montoya, alias Búfalo, quien fue condenado en el 2015 a ocho años y medio de cárcel.

Los investigadores también tienen orden de lograr, en Suiza, país en el que está supuestamente refugiado, la declaración del capo Arcángel Henao Montoya, y en Estados Unidos, la de Ramón Alberto Quintero Sanclemente, extraditado a ese país en el 2011.

La hipótesis del magnicidio como bomba contra la extradición –que también jugó en los crímenes de Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara y otros líderes sacrificados por combatir el narcotráfico– no significa que se descarte definitivamente la hipótesis política. Esta señala que supuestamente altos funcionarios del gobierno Samper habrían pedido al cartel del norte del Valle sacar a Álvaro Gómez de la escena política del país, dado su carácter de principal crítico del presidente de turno por la comprobada infiltración de dinero del narcotráfico en la campaña de 1994.

Como en esos procesos y en otros, como los de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo, la Fiscalía sostiene que hubo claros intentos por desviar la acción de la justicia. Asegura que hubo gran cantidad de dinero “para llevar a los funcionarios por otros caminos y en el entretanto los verdaderos responsables seguían en la impunidad”.

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