Fondo Nacional del Ahorro: imputan a exdirector por presunta corrupción

Su nombre es Helmuth Barros Peña, y junto a dos contratistas fue imputado por una fiscal.

Fachada sede principal Fondo Nacional del Ahorro Foto:

PERIODISTA JUDICIAL17.08.2022 18:47 Actualizado: 17.08.2022 18:47

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Helmuth Barros Peña, quien entre 2016 y 2018 fue el presidente del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), fue imputado este miércoles por la Fiscalía por presuntamente haber suscrito un contrato de manera irregular que llega a los 68.435 millones de pesos.

Ante la imputación de cargos, el exdirectivo se declaró inocente, al igual que los otros tres procesados por los delitos de interés indebido en la celebración de

contratos y peculado por apropiación.

Y es que al listado de judicializaciones se sumaron los contratistas Edgard Antonio García Gámez y Óscar Ricardo Cruz Sánchez, así como el empleado de una fiduciaria, Germán Eduardo Manzanera.

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Expresidente del Fondo Nacional del Ahorro en audiencia de imputación. Foto:Fiscalía

De acuerdo a una fiscal de la Delegada contra la Corrupción, el hecho que enreda la situación jurídica de todas estas personas se dio el 20 de noviembre de 2017, cuando los procesados suscribieron, al parecer de forma irregular, un contrato que asciende a los 68.435 millones de pesos.

Según el ente acusador, "el objeto estaba relacionado con la venta de

2.087 créditos hipotecarios correspondientes a cartera vencida del Fondo Nacional del Ahorro".

Y en ello, luego de varias pesquisas de investigadores de la Fiscalía, se determinó que que el verdadero valor de la cartera vencida era de 107.284 millones de pesos, y pese a ello se pactó en el contrato el cobro del 30 % menos, es decir, de los 68.435 millones de pesos en cuestión.

Con tal maniobra, de acuerdo al curso de la investigación, se pudo haber generado un peculado cercano a los 38.848 millones de pesos, en el que ahora la justicia será la encargada de determinar si los imputados entre los que está el exdirector Barros Peña tuvieron algo que ver.

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Por el momento, las pruebas con las que cuenta la Fiscalía se refieren a que el contrato habría sido direccionado para favorecer a las compañías de los contratistas Cruz Sánchez y García Gámez; "las cuales contaban con el aval de la financiera en la que laboraba Germán Eduardo Manzanera", se lee en el boletín del ente acusador.

Otra de las vertientes en este caso es que la empresa supuestamente favorecida no tenía experiencia en la recuperación de cartera, y según la Fiscalía la compañía salpicada no era una entidad financiera, su capacidad de pago era limitada y no contaba con el músculo financiero requerido para ejecutar la labor con la que se comprometía.

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