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Imputan a exfuncionario del Senado salpicado en el escándalo de Mario Castaño

Rubén Darío Iregui era el jefe de la División de Recursos Humanos en el Legislativo.

Imputan a Rubén Darío Iregui, exfuncionario del Congreso, por caso Mario Castaño.

Imputan a Rubén Darío Iregui, exfuncionario del Congreso, por caso Mario Castaño. Foto: Archivo particular

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PERIODISTA JUDICIALActualizado:

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Esta semana, el escándalo judicial que protagonizó el exsenador liberal Mario Castaño por una red dedicada a actos de corrupción en varios departamentos del país dejó dos nuevos salpicados en el escándalo.
El primero fue el senador por el Centro Democrático Ciro Ramírez, a quien la Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación por su presunta intervención indebida en contratos de Tolima y Quindío.
Y la más reciente resultó siendo Rubén Darío Iregui, quien fungió para la época de los hechos que le investigan como jefe de la División de recursos humanos del Senado de la República, cargo desde el cual habría delinquido a favor de la organización de Castaño.
El anuncio de su imputación lo hizo Eduar Alirio Calderón, director de la delegada de la Fiscalía contra la Corrupción. Según él, en desarrollo de la línea investigativa que se desplegó tras el escándalo de Castaño, conocido como 'las Marionetas', se halló que entre marzo y diciembre de 2021, Iregue supervisó contratos de prestación de servicios profesionales de dos personas.
Andrés Felipe Aristizábal, alcalde del municipio caldense, aceptó cargos ante la Fiscalía.

Andrés Felipe Aristizábal, alcalde del municipio caldense, aceptó cargos ante la Fiscalía. Foto:Fiscalía

Se trata de Daniela Ospina Loaiza y Juan Carlos Martínez, quienes en el escándalo de Castaño aparecen como fichas articuladoras del entramado que tenía como propósito direccionar a su conveniencia contratos con entidades de orden nacional, con proyectos como 'Sacúdete al Parque'.
Tanto Ospina como Martínez entraron al Senado bajo un contrato de cuatro meses, que tenía como finalidad hacer planes de prevención para la pandemia por el covid-19. Uno de ellos era hacerle seguimiento a los trabajadores de las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL), así como brindar datos de salud pública y apoyar campañas sobre el correcto uso de los elementos de protección.
"Cada contrato de prestación de servicios ascendió a 20 millones de pesos. Los elementos de prueba dan cuenta de que el objeto previsto no se cumplió, pero los contratistas recibieron sus pagos, previa autorización y aval del entonces jefe de recursos humanos del Senado", explicó la Fiscalía.
Y enfatizó en que Rubén Darío Iregui supuestamente envió correos electrónicos a la división financiera del Senado para que se desembolsaron 40 millones de pesos en favor de los dos implicados en el escándalo.
En ese sentido, Iregui fue imputado por un fiscal anticorrupción por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros.
Carlos López
Redacción Justicia
En Twitter: @CarlosL49

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