En 10 años, hurtos a personas con armas de fuego crecieron un 208 %

A pesar de que pronto se cumplirán 30 años desde que en el país se crearon e implementaron estrictas medidas para controlar las armas, Colombia sigue teniendo preocupantes índices de violencia letal y no letal en la que se usan esos artefactos.

Así lo evidencia un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), conocido por EL TIEMPO, que expone la participación que las armas tienen en la criminalidad y los vacíos para controlarlas. Justo este lunes esta Fundación hará un webinar con varios expertos para discutir cómo funciona el mercado de armas de fuego, con una mirada nacional, regional e internacional. 

Según el reporte que conoció este diario, pese a los esfuerzos, el número de ciudadanos armados no ha disminuido. En 1994, dice la FIP, había 1,5 millones de armas legales y 2 millones de armas ilegales en posesión de particulares. Y en el 2017, según un estudio de Small Arms Survey citado por la FIP, en Colombia había 4'971.000 armas de fuego en manos de civiles, de las cuales solo el 14 por ciento (706.210) tenían algún tipo de permiso o registro, es decir, eran legales, mientras que las otras 4.264.790 serían ilegales.

Ese arsenal en poder de los ciudadanos contrasta con las que tiene el Estado, –que es el que en teoría debería mantener el monopolio del uso de la fuerza– pues según el mismo estudio, las Fuerzas Militares tenían para el 2017 350.689 armas, y la Policía y otras instituciones, unas 283.000.

“Estas cifras demuestran que el Estado ha fallado en comprender y afrontar de manera efectiva el control de las armas de fuego en el país”, dice la FIP, al asegurar que desde 1994 ha crecido el número de armas ilegales en el país, y la cantidad de armas en manos de ciudadanos sigue siendo casi la misma que hace 24 años (9.497 armas por cada 100.000 habitantes para 1994 versus 19.091 en 2017).

Esto, a pesar de que han pasado cinco procesos de desmovilización colectiva, más de 10 años de desmovilizaciones individuales, y de la política de prohibición de porte.

Esa cantidad de armas y su disponibilidad preocupa por su incidencia en los delitos. En el caso de los homicidios, aunque la tasa de asesinatos ha venido bajando en los últimos años, la participación de las armas en ellos se mantiene por encima del 73 por ciento. Así, el año pasado, dice la FIP hubo 9.131 homicidios con estas armas.

Colombia, dice la FIP, tiene una de las tasas más altas de homicidios cometidos con armas de fuego (18 por cada 100.000 habitantes), mientras que la de Estados Unidos, donde el comercio de armas es más libre, es de 4.5, y en México es de 16.5.

Incluso, asegura la Fundación, citando un estudio de Journal of the American Medical Association, Colombia es el quinto país con más muertes por armas de fuego.

En cuanto a otros delitos distintos al homicidio, la FIP asegura que según las cifras de la Policía Nacional, en el 2019 hubo 80 hurtos a entidades financieras con armas de fuego, que fueron el 73 por ciento del total; 6.789 hurtos a comercio, 2.230 hurtos a residencias, 12.063 hurtos de motos y carros, 4.454 lesiones personales, 155 casos de violencia intrafamiliar, y 146 delitos sexuales. 

Uno de los delitos en los que más ha crecido el uso de armas de fuego es el hurto a personas, pues mientras en 2009 se registraron 14.593 casos, el año pasado hubo 45.042, para un aumento del 208 por ciento.

La FIP afirma que aunque la proporción de hurtos que se cometen con armas de fuego es menor que la de homicidios, pues en promedio entre el 2010 y 2018 un 20 por ciento de los robos a personas tuvieron estas armas, la cantidad de casos vienen en aumento.

A pesar de la alta tasa de homicidios con armas de fuego, y de que la de otros delitos se disparó (pasando de 80 en el 2014 a 140 en el 2019), la tasa de incautaciones cayó. Así, en ese mismo periodo pasó de 55 a 36 armas incautadas por cada 100 mil habitantes

Sobre el tipo de armas incautadas, el informe asegura que entre 2010 y 2019 el 44 % eran revólveres, el 21 por ciento pistolas, otro 21 por ciento escopetas y un 1 por ciento eran rifles o fusiles.

Además, la FIP encontró que el 24 por ciento de las armas incautadas en ese mismo periodo tenía algún tipo de permiso (62.644) lo que muestra que el problema de violencia en Colombia no es exclusivo de la ilegalidad.

“El país está compuesto por una sociedad que compra y porta armas de fuego sin necesidad de pertenecer a una organización ilegal, incrementando los riesgos de violencia letal”, dice la FIP.

Al comparar las ciudades en donde más se cometen homicidios con armas de fuego y en las que más se están incautando, la FIP encontró que si bien en las capitales hay una mayor correspondencia, no siempre sucede así y un ejemplo de ello es Cali, Pereira o Florencia, en donde los homicidios no van a la par con las incautaciones, que son menores.

“Los resultados de estos ejercicios sugieren que no ha habido una estrategia de focalización que busque incautar armas en los lugares donde más se están utilizando”, asegura la investigación. 

Otro tipo de armamento sobre el que la FIP pone la lupa son las armas de fogueo (aquellas que simulan un arma real, y se ven y suenan igual), que no necesitan permiso especial para su comercialización, venta o porte.

Según datos de LegisComex, citados por la FIP, se ha incrementado de forma significativa el número de estas armas no letales, importadas desde el extranjero. Así, se pasó de 8.585 unidades en 2010 a 193.197 en el 2019.

Desde el 2014, estas armas representan el 80 por ciento de la importación de todo tipo de armamento al país. 

Aunque entre el 2010 y 2019 ha habido más de 35 importadores de estas armas, en los últimos tres años solo cuatro empresas concentran el 80 por ciento de su importación.

Bogotá es la ciudad a la que más llegan, mientras que las demás se reparten entre Atlántico, Antioquia, Valle, Cauca, Bolívar y Norte de Santander.

Preocupa que, dice la Fundación,  si bien no es posible saber si estas armas se están usando para fabricar otras hechizas, esto no puede descartarse ya que de las 85.982 armas incautadas en Colombia entre 2014 y 2016, el 43 por ciento eran hechizas.

En Colombia, dice la FIP, la principal herramienta de regulación del sector de seguridad y vigilancia privada tiene más de 25 años de antigüedad.

Esto representa un problema porque no ha habido una actualización acorde a lo que ha pasado últimos años, en los que este tipo de empresas pasaron de 548 en 2006 a 854 en 2017, de las cuales más del 70 por ciento usa armas de fuego.

Una dificultad, asegura el informe,  es que en Colombia el control de estas empresas está centralizado en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, pero pareciera no tener toda la capacidad técnica para vigilarlas a todas, así como controlar el uso de sus armas.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET