La insistencia que hizo la Fiscalía en dos exministros de Petro durante interrogatorio a Jaime Ramírez Cobo por caso UNGRD

La fiscal María Cristina Patiño, quien tiene a su cargo investigar el caso de corrupción en la UNGRD, volvió a ofrecerle inmunidad a uno de los presuntos involucrados en el escándalo, a cambio de que cuente la verdad en el capítulo del supuesto direccionamiento irregular de tres proyectos por un valor de 92.000 millones de pesos.  

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La propuesta se le ha mencionado a varios de los citados en aras de conseguir que declaren contra otros implicados, pero esta vez al que se la hicieron es Jaime Ramírez Cobo, asesor del Departamento istrativo de Presidencia (Dapre) que durante un par de horas estuvo este miércoles en un interrogatorio con la fiscal Patiño.

El asesor escuchó la oferta de la investigadora al final de la diligencia, cuando ella le dijo que tenía los elementos para contradecir la versión que le entregó minutos antes. Al inicio, Patiño tomó la palabra para hacerle unas cuantas preguntas sobre personas que supuestamente tienen relación con el entramado ilegal de direccionamiento de contratos para favorecer los intereses legislativos del gobierno de Gustavo Petro.

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En el centro del debate está establecer si él cometió delito alguno porque a finales de 2023, María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, lo ó para interceder ante la UNGRD en el impulso de los tres proyectos ubicados en Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar. La versión que dio Ramírez Cobo a la fiscal Patiño es que Benavides le escribió para pedirle ese favor y él no vio mayor inconveniente porque él es el enlace del Dapre con el Congreso.

En términos generales, según declaraciones en poder de las autoridades, el primer o lo tuvo Ramírez Cobo con Diana Carolina Martínez, entonces secretaria de Olmedo López. A ella le envió una foto de los proyectos a impulsar, pues o sino "los créditos de la Nación estaban en riesgo". Pero como no le respondió, el asesor del Dapre le escribió a Sneyder Pinilla, entonces subdirector de Manejo de Desastres, para hacerle hincapié en que la situación era urgente porque se iban a caer los créditos.

El reproche es que los proyectos por 92.000 millones de pesos irían a parar a dedo a manos de seis congresistas que para la época pertenecían a las comisiones económicas, quienes iban a aprobarle al Gobierno cupos indicativos si les permitían poner los contratistas para los tres proyectos.

EL TIEMPO conoció que entre las preguntas que se le hicieron añ asesor -quien acudió en compañía de su abogado, el exfiscal general Mario Iguarán- están si tuvo conocimiento de alguna conducta ilegal al momento de acudir a exdirectivos de la UNGRD para impulsar los tres proyectos que le interesaban al Ministerio de Hacienda.

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Además, que si algún alto funcionario del Gobierno los ó para tal fin. En ese momento empezaron a aparecer nombres en particular. Según conoció este diario por una fuente que sabe del proceso, en el interrogatorio se hizo especial énfasis en el papel que pudieron haber jugado los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, quienes ya han sido salpicados en este escándalo por varias personas.

Sobre Bonilla, porque al parecer es quien estaba detrás del direccionamiento irregular de los tres proyectos de la UNGRD; y sobre Velasco porque sería quien desde el Ministerio del Interior daba instrucciones de cómo comprar a congresistas para obtener las reformas que les favorecían.

Ambos, como casi todos los indagados en el caso, han dicho que son inocentes. Según el exministro del Interior, él no participó de ningún delito, y en una declaración que rindió en la Corte Suprema, afirmó que no sabía ni de este capítulo sobre los tres proyectos ni del de la entrega en efectivo de 4.000 millones de pesos a los congresistas Iván Name y Andrés Calle. "No conozco relación Sandra-Olmedo. Alguna vez vi una entrega de unos carrotanques en Boyacá porque también tenían problemas de agua”, afirmó Velasco.

En el interrogatorio a Jaime Ramírez Cobo no se habló de delitos en específico que tenga como indiciado, pero contra los judicializados ya se han leído algunos como concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y tráfico de influencias.

Un escenario similar al del asesor -por su supuesta calidad de enlace- lo tiene Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones que en su caso habría sido el eslabón para llevarle 3.000 millones de pesos a Name. En su caso, enfrenta cargos por tráfico de influencias y lavado de activos.

Ramírez Cobo entró al Dapre bajo la istración de Carlos Ramón González -también bajo la lupa de las autoridades-, y es el único funcionario del Gobierno Nacional que permanece en su cargo tras el escándalo de la UNGRD. 

Carlos López - Justicia - @CarlosL49 - [email protected]