Las claves del fallo en Estados Unidos contra Chiquita Brands por financiar el paramilitarismo en Colombia

"¿Por qué la justicia de EEUU pudo determinar en verdad judicial que Chiquita Brands financió el paramilitarismo en Urabá? ¿Por qué no pudo la justicia colombiana?", escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

En Estados Unidos, la responsabilidad de esta empresa bananera que llegó hacia los años 80 a Colombia recae en que tuvo conocimiento de que estaba financiando con 1,7 millones de dólares a un grupo ilegal, al que ese país incluso incluyó en su lista de organizaciones terroristas. 

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La hipótesis de los empresarios durante el juicio en Florida es que lo hicieron para proteger a sus empleados, sin embargo los 10 jurados terminaron acogiendo el argumento del grupo de víctimas, campesinos afectados por el paramilitarismo que participaron del caso como demandantes.

La cantidad de millones de dólares que tendrá que pagar Chiquita Brands -aunque se dice que apelará la decisión- se ha querido manejar en reserva por parte de las víctimas y sus representantes, así como sus identidades, puesto que podrían correr peligro en las zonas en las que viven. Lo cierto es que en este caso fueron nueve las familias que demandaron y que 17 años después tuvieron un veredicto final, el cual calificaron como histórico.

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En este país hay un proceso activo de índole penal ante un juzgado de Antioquia, el cual involucra a 10 personas -a otras tres se les precluyó- que tuvieron algún vínculo laboral con la bananera. Algunos de los acusados son Reinaldo Elías Escobar, exasesor jurídico de Chiquita Brands para Colombia para la época de los hechos denunciados, Víctor Buitrago y Álvaro Acevedo.

Ese proceso está en etapa de juicio por cargos como concierto para delinquir, terrorismo y amenazas, y durante diversas audiencias han escuchado e interrogado a varios testigos, tal como pasó en el juicio civil de Estados Unidos.

De hecho, hace tres años los exfuncionarios de la bananera intentaron tumbar la acusación que en contra les formuló la Fiscalía General de la Nación. No obstante, en dos instancias tanto un juzgado como un tribunal negaron el pedido de nulidad planteado. 

Los hechos por los que Escobar, Buitrago, Acevedo y los otros hombres están en juicio tiene que ver con la reunión entre la gente de Chiquita Brands con paramilitares, en la cual supuestamente se concertó un descuento de dinero por caja de banano exportada "que se consignaba a las cuentas bancarias de las Convivir, asociaciones que al ostentar licencias de funcionamiento legalmente expedidas, sirvieron de fachadas o vehículo para financiar las estructuras de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá", dice uno de los oficios referentes al caso.

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EarthRights, la organización que trabajó de la mano de los campesinos víctimas de las Auc en el juicio civil contra Chiquita Brands, se pronunció tras conocerse la decisión. Marissa Vahlsing, directora de estrategia jurídica trasnacional, recordó que "el Departamento de Justicia tituló a las Auc como organización terrorista, eso se hizo público en 2001, y fue hasta 2003 que Chiquita fue al Departamento diciendo que estaban siendo estafados. El Departamento se pone a investigar y decide denunciar a Chiquita por estos pagos. Les pusieron una multa de 25 millones, pero aún así a las víctimas no se les dio ninguna reparación".

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Por su parte, Marco Simons, también de la organización, contó que "de manera significativa el jurado ha encontrado que Chiquita no ha actuado de manera razonable y que han sido parte de actividades peligrosas, lo cual les ha llevado a su culpabilidad. El jurado ha rechazado la defensa de Chiquita, que esencialmente no tenían otra opción, el jurado rechazó esa defensa en tres formas diferentes. Encontró que no estaban expuestos a una conducta evidente".

Tras el veredicto de los 10 jurados, lo que viene es que se conozca si la empresa apelará, y por lo pronto trascendió que el 15 de junio habrá otro juicio similar a este, en la misma corte de Florida, que concentra todas las demandas.

Tatiana Devia, abogada y consultora jurídica de EarthRights, cerró la intervención resaltando que “este fallo histórico tiene implicaciones profundas y de gran alcance para la rendición de cuentas corporativa y de los derechos humanos en todo el mundo, especialmente en el marco de justicia transicional en Colombia. La decisión del jurado de responsabilizar a Chiquita por financiar a las Auc establece un precedente crucial, y es que las empresas no pueden eludir la responsabilidad por su participación en violaciones graves a los derechos humanos. Incluso, cuando esto es en contextos de conflicto armado”.
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​Carlos López - Redacción Justicia - @CarlosL49 - [email protected]