Los señalamientos a César Manrique, Ricardo Bonilla y Ramón González en el preacuerdo de Olmedo López con Fiscalía

EL TIEMPO conoció que la Fiscalía tiene todo listo para presentar el preacuerdo al que llegó con Olmedo López por el saqueo a la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) y que señala a funcionarios cercanos al presidente Gustavo Petro y que ocuparon altos cargos en la Casa de Nariño.

Ante el juzgado quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, el próximo viernes 16 de mayo a las 9 a.m. se verificará el documento en el que Olmedo López Martínez, quien ocupó el cargo de director de la UNGRD entre el 2 de mayo de 2023 y el 29 de febrero de 2024, reconoció su participación en una organización que, según el documento del ente investigador, tenía como propósito direccionar contratos públicos a cambio de beneficios económicos para funcionarios y terceros.

El preacuerdo, conocido por ese diario, se alcanzó por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación agravado. López y el exsubdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Pinilla, coordinaron operaciones para obtener recursos provenientes de contratación ilícita.

Parte de esos recursos habrían sido entregados en efectivo a los entonces presidentes del Senado, Iván Name Vásquez, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle Aguas. La entrega, según el relato, se habría hecho a través de Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera para las Regiones, y por instrucción de Carlos Ramón González Merchán, quien en ese momento era director del Departamento istrativo de la Presidencia (DAPRE).

De hecho, la Fiscalía solicitó este 14 de mayo, ante el Tribunal Superior de Bogotá, la audiencia de imputación contra González, quien llegó al DAPRE gracias a su estrecha relación con el jefe de Estado y reemplazó a Laura Sarabia el 26 de abril de 2023 hasta el 23 de febrero de 2024. Durante ese periodo se habrían consumado los señalamientos de los exdirectivos de la UNGRD.

Luego, González entró a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) donde tuvo a la información clasificada y estratégica del Estado, pero renunció a su cargo como director en julio de 2024, tras verse implicado en el escándalo de corrupción de la UNGRD.

Olmedo López también declaró que acordó con Pinilla direccionar contratos relacionados con el alquiler de carrotanques y sus interventorías, a cambio del pago de porcentajes pactados con contratistas.

Otra de las operaciones mencionadas en el preacuerdo involucra a Luis Carlos Barreto Gantiva y a su jefe político, César Augusto Manrique Soacha, un ex M-19 recientemente condenado por los sobrecostos en la compra de motos eléctricas para la Policía durante la alcaldía de Petro, en Bogotá.

Según López, gestionaron juntos la modificación de un convenio entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo (FNGRD) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con el fin de liberar $100.000 millones. Esos recursos habrían sido reasignados a proyectos contratados con empresarios cercanos a los funcionarios mencionados.

Además, López sostuvo que, junto con Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda; María Alejandra Benavides, asesora del ministro; y Pinilla, coordinó la asignación de contratos en municipios de Córdoba, Arauca y Bolívar, presuntamente en beneficio de congresistas de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público.

Los nombres incluidos en esta parte del relato son: Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo, quienes son investigados por el magistrado Misael Rodríguez de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.

El preacuerdo también menciona que en el caso de la orden de proveeduría, relacionada con la compra de carrotanques, se acordó con Manrique Soacha y Barreto Gantiva adjudicar el contrato a un empresario a cambio del pago de una coima del 12% del valor total.

Según un informe de campo del 26 de agosto de 2024, el sobrecosto de esa orden fue de $12.065′829.434, valor que habría sido apropiado por Barreto Gantiva, Manrique Soacha, Edgar Eduardo Riveros Rey y otros.

La Fiscalía ha recuperado hasta la fecha $724 millones, que corresponden al incremento patrimonial de López por estas conductas. Como parte del preacuerdo, el exfuncionario se comprometió a pedir perdón público y a no reincidir.