Las menciones de testigo clave en caso de corrupción que tiene bajo la lupa a políticos

En el piso 16 de la Gobernación del Quindío, en pleno centro de Armenia, durante el año 2021 se pactaron reuniones que al parecer tuvieron fines ilícitos, y que tras las declaraciones de un testigo estrella tienen comprometidos a políticos y contratistas con influencias no solo en la región cafetera, sino también en el Congreso de la República y el Departamento de Prosperidad Social (DPS).

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El soporte de esas negociaciones que ha venido documentando EL TIEMPO, que prometen nuevas judicializaciones y que están en el radar de la Fiscalía y la Corte Suprema, fue Proyecta Quindío, una empresa comercial e industrial del Estado que aunque por sus números y cuentas financieras no tiene mayores dientes, se habría convertido en un fortín político del que se benefició ilegalmente el excongresista Mario Castaño, quien murió en noviembre, en La Picota, pagando una condena de 15 años y 11 meses por 19 delitos ligados a esa contratación regional.

En un par de despachos judiciales, su caso, apodado ‘las Marionetas’, generó un nuevo capítulo debido al hombre que ha sido testigo de la Fiscalía por las menciones que ha hecho sobre otras personas. Se trata del exgerente de Proyecta Quindío, Pablo César Herrera Correa, quien llegó desde Manizales a Armenia y terminó capturado en julio de 2022 por presuntamente haber sido clave en el entramado corrupto que se gestó en el piso 16 y en otras partes del país.

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Días después de su detención por concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos –que lo llevó a estar preso 188 días en La Picota–, Herrera empezó a revelar nombres y documentos que lo llevaron a conseguir con la fiscal del caso un principio de oportunidad por unos cargos y a tener pendiente el aval de un preacuerdo por otros.

A cambio, en un par de interrogatorios, el ente acusador le tomó una serie de fechas, nombres y demás datos que llevaron a la captura del senador Ciro Ramírez, el 15 de diciembre, por orden de la Corte Suprema.

Al parecer, el congresista del Centro Democrático –por el que quieren la silla vacía temporal– estuvo inmerso en el contrato 670 de 2021 por 48.660 millones de pesos, firmado por Proyecta Quindío y el DPS, en el que investigan movidas sospechosas que –según Herrera– no han terminado de conocerse, y por eso la Fiscalía tiene pendiente que se resuelva la prórroga por un año más del principio de oportunidad que le concedió hace unos meses.

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Por el momento, sus declaraciones han servido para que agentes del ente acusador procesen en los últimos meses a la exasesora de Ciro Ramírez, Katherine Rivera, a Anderson González, a Andrés Ospina Rosales y a Raúl Cardozo Nuncira.

En las audiencias, a cada uno le describieron el rol que habría tomado en la red de corrupción que pactó construir vías rurales o de bajo tránsito hace dos años. Por ejemplo, la Sala de Instrucción de la Corte tiene que el cerebro de esa operación sería Ramírez con contratos que les dio a ciertas personas a cambio de una compensación económica y respaldarlo políticamente.

Para monitorear el negocio, Herrera y el senador supuestamente se vieron en septiembre de 2021. “El propósito principal de ese plan, diseñado y promovido por el investigado y Pierre García Jacquier, pretendió afianzar el proyecto político de aquel en Quindío, Caldas, Santander y Tolima; ello, en conjunción con el pago de dádivas que ascenderían a $ 1.000’000.000”, destacó el alto tribunal en el oficio que libró la orden de captura contra Ramírez.

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El enlace de esas maniobras apunta a la exasesora Rivera, encargada de reunirse con los contratistas y Pablo Herrera, para al menos 15 convenios direccionados a dedo. De hecho, Raúl Cardozo habría destinado cuatro proyectos por 16.442 millones de pesos, mientras que Ospina se habría beneficiado con dos convenios por más de 9.000 millones.

Ese negocio con Proyecta Quindío, según conoció este diario, se alcanzó a regar principalmente en el departamento cafetero, en el Tolima y en el Valle, pero las intenciones habrían sido expandirse a otras partes. Sobre eso ya habló el exgerente, cuando manifestó que ese plan inicialmente se estimó “en un valor de $ 170.000’000.000 y se discutía que conduciría al crecimiento del caudal político del procesado (Ramírez)”.

En la antesala, en 2021 como modus operandi hubo tres invitaciones abiertas por Proyecta. Con eso se inició el proceso de contratación en el que a los interesados les pidieron requisitos que terminó cumpliendo solo uno. La hipótesis de la Fiscalía es que los tres interesados en realidad eran una misma red, y que las necesidades contractuales fueron diseñadas para que solo un contratista las cumpliera.

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Dicho ‘carrusel’ también tiene salpicados a los contratistas Raúl Cardozo Ordóñez, Raúl Cardozo Navas, al exasesor de Proyecta Alejandro Noreña y a Pierre García Jacquier, exsubdirector del DPS.

Este último hombre trabajó en dicha entidad bajo el gobierno del expresidente Iván Duque, y lo que le sindica la fiscal que lleva el caso es que él fue una de las cabezas en esa bolsa de recursos del DPS que, a través de Proyecta Quindío, fue regada con contratos para los aliados de Ramírez.

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Básicamente, García habría mencionado a quiénes tenían que ir por 27 proyectos de obra a cambio de cuestionables beneficios. Además de supuestamente instrumentalizar al testigo, ya que “él me pedía que ajustara económicamente las propuestas”.

Para dicho fin de modificar lo que pedían desde el DPS en Bogotá había un equipo conformado presuntamente por Noreña, Carlos Javier Méndez, Juan Mauricio Montealegre, Jaime Andrés Bejarano, Jorge Iván Duque y Diana Carolina Rincón, personas sobre las cuales no se conocen procesos judiciales en contra.

En el caso de García, por ese manejo aparentemente irregular fue que esta semana le imputaron concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos, cargos que no aceptó –“soy inocente, lo declararé con pruebas”– después de haber sostenido por medio de su defensa que por haber sido un tiempo director encargado del DPS era un aforado al que no podían procesar por esa vía. Ese pedido lo resolvió la justicia determinando que el ente acusador era el competente.

En el organigrama que tiene armada la fiscal en contra de los presuntos socios de Ramírez aparecieron mencionados otros cinco congresistas: Samy Merheg, Carlos Abraham Jiménez, Juan Felipe Lemos, Miguel Ángel Barreto y Carlos Fernado Motoa.

Sobre todos ellos habló Pablo César Herrera en un interrogatorio rendido el 10 de noviembre del año pasado y conocido por este diario. Esa vez afirmó que nunca se vio ni agendó reuniones con Jiménez, Merheg, Lemos, Barreto y Motoa. “Quiero aclarar que nunca recibí ni instrucciones, ni llamadas ni solicitudes de reunión con ninguno de esos senadores”, dijo Herrera.

Otro capítulo en este frente con los legisladores lleva a Óscar Leyton como el o con Miguel Ángel Barreto en Tolima, “el cual visitó las instalaciones de Proyecta previo al proceso de contratación”. Y en el caso de Motoa y los convenios aparece Giancarlo Storino: “Si uno investiga, se podrán dar cuenta de que yo me vi con él los primeros días de enero en Barcelona, Quindío; que iba con regularidad a mi oficina en la gobernación”, dice un oficio en poder de este diario, que conoció que en la investigación al parecer hay nombres de mandatarios regionales.

Redacción Justicia

EL TIEMPO