Papá Pitufo: ¿en manos de quién está su extradición tras ser señalado como zar del contrabando?

El más grande escándalo de contrabando que por estos días se ha robado la agenda mediática del país tiene en el radar a Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, como el principal articulador de una red que extiende sus tentáculos hasta otros países y puertos nacionales con sus socios Ricardo Orozco Baeza, alias El Bendecido; y Juan Francisco Solano, alias Pacho.

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Alias Papá Pitufo, quien habría intentado permear la campaña del presidente Gustavo Petro en 2022 con reuniones y el aporte de 500 millones de pesos, está detenido en Portugal a la espera de que se resuelva el pedido en extradición que formuló Colombia, sobre el cual se ha pronunciado el mandatario en reiteradas ocasiones, apersonándose del caso diciendo que él es quien pidió su regreso. La última vez que lo hizo fue el lunes, durante la ceremonia de transmisión de mando del nuevo director de la Policía, el general Carlos Triana.

Según Petro, Diego Marín es un “ciudadano colombiano de nacimiento y español por adopción, se hizo ciudadano español para la impunidad, y por eso me tocó hablar con el presidente de España, Pedro Sánchez, quien me ayudó para poder lograr el proceso de extradición que aún no logramos. Porque el hombre, muy astuto, se salió de España y se pasó a Portugal. Y también me ha tocado hablar con el Primer Ministro anterior, (António) Costa, y el primer ministro actual de Portugal (Luís Montenegro), para ver si logro definitivamente su extradición".

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De acuerdo con fuentes que hacen parte de la defensa de Marín, el viernes pasado se presentó una apelación a la solicitud que hizo Colombia porque, consideran, hay irregularidades que se cometieron para pedirlo en extradición.

EL TIEMPO consultó a varios expertos sobre cuál es el alcance que tienen las afirmaciones que ha hecho Petro sobre que él lo ha pedido en extradición. Todos coincidieron en que si bien el Gobierno es el que hace la solicitud, el poder judicial y la cooperación entre países tiene mucho que ver en este asunto.  

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Para el exdirector del CTI de la Fiscalía Julián Quintana, esta extradición -que en este caso técnicamente se conoce como activa- no depende únicamente del Presidente de la Republica, "pues aquí es la autoridad judicial la que hace el requerimiento al Gobierno Nacional". 

A su turno, el penalista Diego Suárez también subrayó que este tema "no depende exclusivamente del Presidente, ya que es un fenómeno de cooperación entre los estados". Por eso, para él una vez la Fiscalía colombiana le envía el pedido al Ministerio de Justicia, esta cartera lo formaliza ante la Cancillería, encargada de hacer el requerimiento a Portugal. 

Y después, "el ministerio de Relaciones Exteriores mira que se cumplan los requisitos en la espera de la decisión de extradición por parte del otro Estado, sujeto al procedimiento judicial del Estado a quien se le pide la extradición", culminó Quintana.

No obstante, a esa petición de extradición se le puede atravesar la solicitud de asilo que hizo Marín para mantenerse en Europa, evitando así llegar a responder por el caso de contrabando por el cual ya lo imputó la Fiscalía, al indicar que habría participado de sobornos a policías aduaneros con tal de pasar sus cargamentos de contrabando.

"Una organización de la cual todo el mundo habla, pero no había ninguna actividad investigativa que le diera la estocada de la judicialización". Con esas palabras, el 14 de marzo del año pasado la entonces fiscal general encargada, Martha Mancera, le explicó al país uno de los primeros resultados contra la banda que lideraría 'Papá Pitufo'. 

Un día antes, a través de su cuenta de X Petro había calificado el operativo como "el golpe más grande dado al contrabando en la historia de Colombia".

En una operación conjunta llamada 'Mercurius' entre la Dijín de la Policía, la Fiscalía y la DEA fueron capturados Ricardo Orozco, alias El Bendecido; Mario Sarmiento; José Helí Alzate y Alexander Galeano. Estos últimos, policías que harían parte de la red delincuencial.

"Esta actividad no se hace con solo particulares, sino que el 90 por ciento para que se ejecute tienen que ser servidores públicos que se dedican de manera ilegal a no cumplir su función de lograr que todas las actividades del Estado sean transparentes", explicó ese día Mancera, quien estaba en compañía del general William Salamanca, entonces director de la Policía.

En la judicialización es que se empezaron a conocer las tres rutas que los de esta red -de la que nadie hablaba pero todos conocían- tenían en los puertos de Santa Marta, Buenaventura y Cartagena, desde donde sacaban mercancía ilegal como textiles.

En su diagnóstico, Mancera dijo que las pérdidas que este grupo delincuencial dejó le generaron al Estado ocho billones de pesos, que iban a entrar al rubro para la educación y salud. Y en cuanto a aumento patrimonial, añadió que en la istración del exfiscal Francisco Barbosa, para la época habían dado con 1.500 bienes avaluados en 1,6 billones de pesos, afectando así a 41 estructuras en 17 departamentos.

Durante el mes de marzo y comienzos de abril se desarrollaron las audiencias contra los primeros cuatro capturados, hasta que después se ubicó a Juan Francisco Solano, alias Pacho, quien sería mano derecha de Diego Marín en los puertos del Caribe.

El escándalo dejó de tener los reflectores encima -y entretanto la Fiscalía alcanzó a radicar la acusación contra los primeros cuatro implicados- hasta que Diego Marín cayó en España, desde donde se fugó para irse a Portugal. Desde ese país es que se han intensificado las acciones del gobierno Petro para traerlo devuelta a Colombia, donde además de su organización de contrabando también tendría que venir a responder por el supuesto aporte de 500 millones de pesos a la campaña presidencial, el cual enloda a fichas importantes del Ejecutivo.

Carlos López - Justicia - @CarlosL49 - [email protected]