El presidente de la República, Iván Duque, firmó ayer el decreto que establece la creación del Registro Nacional de Identificación Balística, el cual deberá estar listo en julio de 2023 y que contará con dos sistemas: el Sistema de Información de Huella Balística Civil y el Sistema de Información de Huella Balística Criminal.
El objetivo de este sistema es fortalecer las medidas de control en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana para lograr el mayor número de esclarecimiento de delitos y, a la vez, mejorar los sistemas de información sobre las armas de fuego que existen en el país con permisos de porte y tenencia.
De hecho, para renovar dichos permisos, los ciudadanos deberán registrar cada arma en el sistema, proceso que se consolida a través de lo que se conoce como la huella balística, que está conformada por las marcas transferidas del arma de fuego a proyectiles y vainillas, durante el proceso de disparo, que las hace únicas e irrepetibles para cada arma de fuego.
Al sistema de identificación se sumarán las armas y elementos vinculados a una investigación de carácter penal, cuya información es istrada por la Fiscalía General de la Nación. Las armas de fuego que se deben registrar son pistolas, subametralladoras y revólveres. También, fusiles y carabinas, armas automáticas, escopetas y rifles, sin importar el calibre.
Este sistema servirá además para que cada actuación pueda ser seguida, verificada e investigada: presidente Iván Duque
El empadronamiento consiste en la toma de la huella balística, obtenida a través de la aplicación de pruebas técnicas realizadas al arma de fuego.
El Decreto 771 del 16 de mayo de 2022 otorgó dos meses a las entidades que van a operar a través del registro para adecuar técnicamente sus sistemas, y 12 meses para la implementación de este.
De acuerdo con el Presidente, este sistema servirá además para que “cada vez que un policía active su arma se tenga la transparencia de hacerle seguimiento a qué momento y bajo qué circunstancias la utilizó, eso deja a la policía en los mejores estándares internacionales (...) cada actuación podrá ser seguida, verificada e investigada”, puntualizó.
Con la expedición de este decreto se facilitará la interoperabilidad de los sistemas de información de la Policía y la Fiscalía.
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