Secuestro: detalles de audiencia de ex-Farc en JEP y exigencias de víctimas

Dieciséis meses después de haber dado a conocer su primer auto de determinación de hechos y conductas —calificado en su momento como un hito—, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) iniciará este jueves 2 de junio la audiencia pública de reconocimiento por secuestro de los siete exjefes máximos de las Farc, imputados en esa decisión dentro del macrocaso 01.

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Aunque fuentes cercanas al proceso contaron que es posible que la diligencia se aplace, debido a una alerta de seguridad, la audiencia representa un paso clave.

Por primera vez, los máximos responsables de la política de secuestro en la extinta guerrilla se encontrarán cara a cara con las víctimas para reconocer, ante ellas, la justicia y la sociedad, su rol en los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos con los cautivos.

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Entre los imputados está el presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, así como los hoy congresistas Pablo Catatumbo y Julián Gallo. También aparecen Pastor Alape, Rodrigo Granda, Joaquín Gómez y Jaime Alberto Parra (el octavo imputado, Juan Hermilo Cabrera, falleció horas antes de que la JEP diera a conocer el auto, en enero de 2021).

La audiencia será un escenario similar al que presenció el país desde Ocaña, Norte de Santander, el 26 y 27 de abril, cuando 10 militares (incluido un general) y un civil imputados por ejecuciones extrajudiciales ('falsos positivos') reconocieron su responsabilidad en estos asesinatos de civiles inocentes que presentaron como bajas en combate para recibir incentivos (crímenes que son investigados en el macrocaso 03).

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Y aunque la diligencia es procesalmente equivalente y supone una etapa crucial previa a la expedición de las primeras sentencias, tiene una particularidad relevante. Mientras que en el reconocimiento por 'falsos positivos' participaron militares involucrados directamente en la ejecución de los crímenes (procesados por actuar), en el de secuestro estarán los máximos comandantes del antiguo Secretariado de las Farc (procesados, en la mayoría de casos, por su responsabilidad de mando).

"Es una diferencia muy honda, porque mientras los militares podían decirle a una víctima cómo, cuándo, dónde y por qué habían asesinado a su familiar, los ex de las Farc es posible que nunca hayan visto a un determinado secuestrado ni conozcan su suerte, y en ese sentido no tendrían cómo responder a todas las demandas de verdad de las víctimas durante la audiencia", explicó una fuente de la JEP.

Al respecto, este diario conoció que, durante los últimos meses, los excomandantes de las Farc imputados se han estado reuniendo con antiguos jefes de bloques y otras estructuras para tratar de documentar los casos y así contestar a mayor detalle las inquietudes de las víctimas.

"Preocupa que se mantenga el argumento de que, por ser comandantes, no tienen información. Los reconocimientos en abstracto no sirven", dijo sobre este tema el abogado Daniel Vargas, de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que representa a más de 1.000 víctimas de secuestro acreditadas ante la JEP en el caso 01.

¿Por qué se los llevaron? ¿Cómo lograron raptarlos? ¿Hubo participación de terceros? ¿Por qué los tuvieron tanto tiempo en cautiverio? ¿Por qué algunos nunca volvieron a casa? Estas son algunas de las preguntas que por décadas las víctimas han querido que les respondan, y que probablemente saltarán en medio de la audiencia de reconocimiento.

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"Tenemos claro que ellos eran los más altos responsables y hacían parte del Secretariado, pero por el funcionamiento y la cadena de mando, ellos tenían información frecuente y detallada. Es posible que en casos de desaparición forzada no sepan precisamente dónde están esas personas, pero en otros casos sí. No se pueden escudar en que no sabían nada del detalle, además porque varios de los imputados fueron comandantes de bloque", dice Vargas.

En su imputación, la JEP señaló que en las Farc existía una política que consistía en la privación de la libertad indiscriminada para buscar dineros y financiar a la organización.

Esa política “convertía a los seres humanos en cosas cuyo valor no radicaba en la dignidad humana, sino en el valor del intercambio por el dinero que tenían y que podían reportar a la organización”, dice el documento de 322 páginas, sustanciado por la magistrada Julieta Lemaitre.

Este auto documenta el sufrimiento de los cautivos con casos de tortura psicológica a través de falsos fusilamientos, cobros por rescate de cadáveres, hacinamiento, golpizas durante interrogatorios, violaciones y abusos sexuales, plagio de adultos mayores, niños y mujeres embarazadas, entre otros.

"Ellos (los ex-Farc imputados) son conscientes de todo esto. Saben que le hicieron un daño muy grande al país y han hecho varios ejercicios con acompañamiento psicosocial que han marcado un cambio de actitud en ellos. Verdaderamente están arrepentidos de todo eso que ocurrió durante el secuestro", aseguró una fuente cercana a los procesados.

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De hecho, eso es precisamente lo que esperan varias de las víctimas. "Ellas no quieren que los comparecientes sigan justificando su actuar, buscando responsabilidades en los gobiernos de turno o en las propias víctimas para legitimar sus conductas. Si los ex del Secretariado mantienen su lógica de justificar sus actos y su lucha armada, este es el escenario erróneo y resultaría revictimizante. Eso no se puede permitir", dice el abogado Daniel Vargas.

Algunas de las personas afectadas también esperan que los ex-Farc se pronuncien sobre la adición de cargos que hizo la JEP, para imputarlos por el delito de esclavitud por los trabajos forzados a los que sometieron a algunas víctimas.

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No obstante, este diario conoció que ese tema no será abordado durante la diligencia, sino que será definido por el máximo órgano de la jurisdicción, el Tribunal para la Paz.

La diligencia pública de reconocimiento está programada para tres días, cada uno de los cuales se destinará a una de las conductas macrocriminales identificadas en los secuestros (intercambio humanitario, financiación y control territorial).

EL TIEMPO conoció que este jueves, luego de la instalación de la audiencia por parte de los magistrados de la JEP, tres exjefes guerrilleros —incluido Rodrigo Londoño ('Timochenko')— harán un primer reconocimiento.

Las intervenciones de los ex-Farc se intercalarán con las de las víctimas, que podrán, en el marco del enfoque dialógico, hacerles preguntas a los exguerrilleros.

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Según estableció este diario, entre las víctimas que hablarán los tres días están Sigifredo López (el único de lo 12 diputados del Valle secuestrados que sobrevivió al cautiverio), el oficial del Ejército Raimundo Malagón (liberado en la operación Jaque tras más de una década en poder de las Farc), y familiares de víctimas como Gloria Narváez, Héctor Angulo, Edward Díaz, entre otros.

Aunque en total se espera que intervengan cerca de 30 víctimas, su escogencia causó tensiones entre la jurisdicción y algunas organizaciones, que interpusieron tutelas para tratar de hacer parte de la audiencia. 

Después de analizar los recursos, la Sección de Revisión de la JEP "consideró que la Sala de Reconocimiento actuó de acuerdo con la normativa transicional, al momento de determinar la metodología para seleccionar el número de víctimas que intervendrán en la diligencia", informó la jurisdicción.

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Así las cosas, los próximos 2, 6 y 8 de junio el país se enfrentará a los testimonios de los máximos responsables de los secuestros cometidos a manos de las Farc, que marcaron a la sociedad colombiana y la llevaron a movilizarse en favor de la libertad y el respeto de los derechos humanos, y que ahora espera conocer la verdad sobre lo ocurrido para que nunca más se vuelva a repetir.

En Twitter: @julianrios_m