Ex-Farc, en desacuerdo con imputación por esclavitud en caso de secuestro

Un nuevo rumbo podría tomar el proceso por secuestro que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sigue contra los máximos jefes de la extinta guerrilla de las Farc.

El viernes pasado se conoció un auto del alto tribunal en el que, entre otras decisiones, se aceptó un concepto de la Procuraduría que pedía agregar el crimen de lesa humanidad de esclavitud a la lista de delitos que les fueron imputados a siete exjefes guerrilleros.

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Tras analizar esa determinación, en la tarde de este domingo los ex-Farc anunciaron que no comparten la nueva calificación. "Hemos decidido interponer los recursos que contempla la ley y el Acuerdo", expresaron.

Aunque no señalan que vayan a negar su responsabilidad por este nuevo delito, el pronunciamiento sí marca un cambio de actitud. 

De hecho, en un documento de más de 300 páginas, los exguerrilleros ya habían aceptado todos los crímenes que la JEP les endilgó en su primera imputación dentro del macrocaso 01, que investiga los secuestros.

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Partiendo de ese reconocimiento y de las verdades que los exjefes guerrilleros han contado ante la justicia transicional, se esperaba que la JEP les impusiera sanciones propias, que tienen contenido reparador y no contemplan cárcel.

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Ahora, sin embargo, se abre la puerta a que el reconocimiento no sea total sino parcial, lo que activaría una nueva cuerda procesal en la que, en un juicio, los imputados tendrían que demostrar que en los secuestros no hubo esclavitud según lo contemplado en el Derecho Internacional para este crimen de lesa humanidad. 

"Sería faltar a la verdad y quedar en deuda con la historia permitir que se imponga la narrativa de que las Farc fue una organización esclavista", expresaron los exguerrilleros.

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Este es el comunicado de los exjefes guerrilleros imputados —Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo, Jaime A. Parra, Rodrigo Granda, Milton de Jesús Toncel— dieron a conocer:

Es por las víctimas y por nuestro compromiso con un país en paz que mantenemos nuestra voluntad de reconocimiento, pese a las adversidades y los incumplimientos del Estado en la implementación del acuerdo.

El macro caso 01 ha sido para nosotros una posibilidad de reflexionar sobre la errada política de secuestro que en su momento adoptamos. Hemos reconocido con sinceridad que estos hechos, por su gravedad, son crímenes de guerra y de lesa humanidad. En nuestra respuesta al Auto 019 reiteramos el reconocimiento del dolor que causamos a las víctimas al privarlas de su libertad y atentar en contra de su dignidad; someter a sus familias al sufrimiento por la incertidumbre del paradero de sus allegados, y el haber truncado sus proyectos de vida.

Por todas estas razones y porque está en juego la dignidad de quienes firmamos, estamos cumpliendo con lo pactado en el Acuerdo y hemos tomado conciencia de nuestros errores, no compartimos que las conductas que ya hemos reconocido y que afectaron la dignidad de los secuestrados sean ahora calificadas como esclavitud. Sería faltar a la verdad y quedar en deuda con la historia permitir que se imponga la narrativa de que las FARC-EP fue una organización esclavista.

Hemos llevado a cabo más de doscientos actos de reconocimiento de manera unilateral, donde escuchamos a las víctimas, conmoviéndonos profundamente con su dolor. Desde nuestra ética revolucionaria aceptamos responsabilidad, pese a que algunos sectores de la sociedad han querido desconocerlo o desinformar al respecto.

El sentido de la Jurisdicción debe ser el de materializar una Justicia para la Paz y la reconciliación, que acoja realmente el enfoque restaurativo y no el punitivista de los Tribunales Penales. En este escenario, el rol del juez transicional debería ser garantizar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y al mismo tiempo buscar que sus decisiones allanen el camino de la paz estable, duradera y completa, como lo pactamos en el Acuerdo Final, firmado entre la insurgencia y el Estado colombiano.

Porque no compartimos la nueva calificación propuesta por la Procuraduría y aceptada por la Sala de Reconocimiento de la JEP, hemos decidido interponer los recursos que contempla la ley y el Acuerdo. Reiteramos nuestra voluntad de seguir aportando toda la verdad y seguir construyendo la paz que anhela el pueblo colombiano.