Análisis: los retos tras aceptación de exjefes de Farc por secuestro

El reconocimiento público que siete ex del secretariado de las Farc hicieron el viernes –dentro del caso 01 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)–, aceptando que esa guerrilla cometió el delito de secuestro de forma sistemática, representa un paso trascendental para el proceso de paz y la búsqueda de la verdad.

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Atrás quedaron los eufemismos para referirse a esta práctica execrable que marcó a la sociedad colombiana.

En una declaración conjunta, los otrora jefes guerrilleros –que antes hablaban de ‘retenciones’– asumieron la “responsabilidad por los secuestros ocurridos y el sufrimiento injustificable infligido”.

También reconocieron que maltrataron a los cautivos, tema que quedó al descubierto en la dura imputación de 322 páginas que formuló el 26 de enero en su contra la JEP, en la que además de procesarlos como responsables de crímenes de guerra (de toma de rehenes) y de lesa humanidad (de privaciones graves a la libertad), los vinculó por homicidio, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado.

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Son al menos tres las implicaciones de este reconocimiento, según explica Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac).

“Primero, que los ex del secretariado de las Farc están cumpliendo con los compromisos del acuerdo de paz. Segundo, que la JEP está operando, aunque de manera fragmentaria. Y, por último, que va a haber justicia transicional pronta, porque al haber aceptado se abre la puerta para que, a corto término, se impongan sanciones en el caso 01 y, con eso, se responda a las demandas de las víctimas”, dice Restrepo.

En efecto, como reveló en EL TIEMPO ayer el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, aunque dictar las condenas es “un proceso que toma tiempo”, se espera que las primeras se conozcan a finales de este año o inicios del 2022.

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Para el togado, no hay precedente similar al de Colombia en la historia de los procesos de paz en el mundo.

“En muchos de ellos se dieron actos parciales de dignificación de las víctimas, pero no se dieron actos de reconocimiento colectivo de responsabilidad”, aseguró el presidente del alto tribunal transicional.

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De hecho, como vocero de los excomandantes guerrilleros, Pastor Alape aseguró que la respuesta a la imputación de la JEP “tiene el contenido de reconocer los errores que cometimos en el conflicto, aceptar nuestras fallas frente al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y solicitar, desde la propia humanidad a quienes les causamos dolor, que algún día puedan perdonarnos”.

Además de Alape, los exjefes de las Farc que están respondiendo como máximos responsables en el caso 01 son Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Julián Gallo, Rodrigo Granda, Joaquín Gómez y Jaime Parra.

Desde el Observatorio de la JEP destacaron el hecho de que los ex-Farc hayan aceptado las denominadas ‘transgresiones graves’ al DIH. Sin embargo, aseguraron que “aún no es posible dar una opinión definitiva sobre el reconocimiento, dado que todavía se debe analizar el documento completo que presentaron los comparecientes ante la JEP”.

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El viernes, el senador Julián Gallo (conocido como Carlos Antonio Lozada) reveló que ese oficio tiene más de 130 páginas, en las que cada uno de los imputados hace un reconocimiento individual de sus delitos.

El documento, que permanece bajo reserva, también contiene un apartado de contexto sobre las condiciones de guerra, y cierra con unas observaciones que, de acuerdo con Lozada, “buscan argumentar algunas deficiencias del auto, pero en ningún momento van dirigidas a evadir las responsabilidades”.

Un punto clave anunciado por los excomandantes es que “se da respuesta específica a las víctimas por cada hecho y se contestan las observaciones y nuevas demandas de verdad”.

Justamente la posición de las víctimas –que están contempladas como el centro del proceso en la JEP– deja ver que, no obstante los avances, existen desafíos.

Algunas ya expresaron sus críticas al pronunciamiento de los ex-Farc, exigieron verdad plena y saber dónde están los desaparecidos.

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Aunque los procesados se comprometieron a localizar los cuerpos de 100 personas que fueron secuestradas, ejecutadas y enterradas en lugares sin identificar, eso será apenas un primer paso, pues la JEP determinó que de los 21.396 secuestrados, 1.860 fueron víctimas de desaparición forzada, y otros 627, de homicidio.

Los familiares de los 12 diputados del Valle secuestrados en 2002, de los cuales 11 fueron asesinados en cautiverio, aseguraron que el reconocimiento del viernes “no aporta nada nuevo”.

“Aún desconocemos la verdad plena, exhaustiva y detallada de los hechos que rodearon el secuestro y asesinato de los diputados”, expresaron.

Y pusieron sobre la mesa un tema controversial: la participación en el Congreso de los ex-Farc. Para ellos, quienes sean condenados o “estén descontando tiempo de cumplimiento de la sanción no podrían participar en política al mismo tiempo”.

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Darío Acevedo, director del Centro Nacional de Memoria Histórica, aseguró que el reconocimiento “es importante para la memoria de las víctimas”, y opinó que quienes son responsables de crímenes “deben dar un paso al costado para que otros de esa guerrilla que no estén comprometidos en esos delitos los reemplacen”.

Con eso coincide Restrepo, del Cerac, quien sostiene que ceder esas curules “facilitaría el proceso de justicia transicional y reconciliación”.

Las profesoras Juana Acosta y Camila Correa, coordinadoras del Observatorio de la JEP, explican que según la Ley 1957 de 2019 y la sentencia C-674 de 2017, la JEP preserva la facultad para determinar en cada caso si la sanción impuesta es o no compatible con la reincorporación simultánea en la vida pública y con el ejercicio de los derechos de participación política.

Así las cosas, la discusión tendrá que darse en el Tribunal para la Paz de la JEP. Según el magistrado Cifuentes, “no debe perderse de vista que el acuerdo de paz y el Acto Legislativo 1 de 2017 prevén la participación política de quienes hayan recibido una sanción propia, si se trata de personas que han cumplido a cabalidad con los compromisos derivados del acuerdo y del régimen de condicionalidad”.

Luego de que se surta el trámite para llegar a las condenas (ver recuadro), el país enfrentará lo que en su momento fue blanco de críticas al proceso de paz: que los máximos responsables, si aportan verdad plena y reconocen responsabilidad, no irán a la cárcel, sino que cumplirán sanciones restaurativas de entre 5 y 8 años (aunque, en caso de incumplir, podrían ir a prisión hasta por 20 años).

Para el director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, aunque las demandas de justicia punitiva son justas, hay que partir de la base de lo negociado.

“Hay que comparar la mucha mayor impunidad que hay en la justicia ordinaria, que por años fue incapaz de dar respuesta a las víctimas.La JEP le está respondiendo a un universo enorme en términos de verdad y reconocimiento, así el castigo que reciban los responsables sea, de alguna forma, menor al que estamos acostumbrados”, explicó Restrepo.

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Para el experto, otra de las deudas con las víctimas, que es indispensable saldar, es la reparación integral. Este se suma a la lista de los temas que muestran que, no obstante los pasos que se han dado, aún falta un camino largo por recorrer.

Este es el camino que se activaría si la JEP determina que el reconocimiento fue completo y genuino.

1. Evaluación del escrito de reconocimiento de ex-Farc por parte de la Sala de Reconocimiento.

2. Citación a audiencia de reconocimiento (con víctimas).

3. Formulación de proyecto de sanciones propias.

4. Expedición de resolución de conclusiones.

5. Envío de la resolución a la Sección de Reconocimiento.

6. Valoración de los hechos por la sección.

7. El Tribunal para la Paz profiere la sentencia.

Existen tres tipos de sanciones en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz: propias, alternativas y ordinarias.

Estas últimas contemplan penas de prisión hasta de 20 años y se aplican a quienes no reconozcan responsabilidad ni digan la verdad y, después de un juicio adversarial, sean hallados culpables.

Por otro lado, las sanciones propias son restaurativas y buscan reparar el daño causado, y se les imponen a quienes cuenten la verdad y asuman que fueron responsables. Estas duran de 5 a 8 años e incluyen restricción de la libertad, pero no en cárceles.

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En cuanto a las alternativas, les serán impuestas a quienes reconozcan tarde la verdad plena. Son de 5 a 8 años y contemplan privación de libertad.

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