Estos son los 10 municipios más riesgosos para excombatientes de Farc

Como había alertado EL TIEMPO, la semana del 14 al 21 de abril de 2021 fue una de las más letales para los excombatientes de las Farc desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016.

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De acuerdo con el sexto reporte de monitoreo de riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, en ese periodo se presentaron siete asesinatos contra exguerrilleros en cinco departamentos, en promedio uno cada 24 horas. A esto se suma una tentativa de homicidio. Todas las víctimas estaban sometidas a la JEP.

Para la UIA, la situación de seguridad para los ex-Farc es crítica en diez municipios: Tumaco (Nariño), Puerto Asís (Putumayo), San Vicente del Caguán (Caquetá), Cali, San José del Guaviare, Tibú (Norte de Santander), Caloto, Santander de Quilichao, Corinto y Miranda (estos últimos cuatro, en Cauca).

En estos municipios existe un alto índice de afectaciones contra los reincorporados y son, simultáneamente, las zonas donde se han asentado varios comparecientes que vienen rindiendo cuentas a la JEP.

En su sexto informe, los investigadores advierten que persisten los hechos violentos contra quienes asumieron roles de liderazgo en el posacuerdo.

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“Este patrón demuestra cómo las posiciones de liderazgo que asumieron algunos reincorporados durante su tránsito a la vida civil están relacionadas con las causas que produjeron su victimización”, advierte la UIA.

A la fecha, el Sistema de Monitoreo de la UIA ha logrado determinar que 2 de cada 10 reincorporados de las extintas Farc que fueron asesinados, ejercían liderazgo en temas políticos, asociados a proyectos productivos, representantes de cooperativas, o encabezando procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito.

Entre las víctimas, que fueron reportadas por la UIA la semana pasada, se encuentran Fayber Camilo Cufiño Mondragón, Yeison Ayala Ruiz y John Sebastián Ávila Romero, asesinados en Meta; Adolfo Rodríguez, en Arauca; Luis Fernando Córdoba Hurtado, en Chocó; Mayiber Tapias, en Antioquia; y Wilmer Enrique Álvarez Medina, en Caquetá.

Al conocer el reporte de la UIA, el presidente de la JEP, magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, insistió nuevamente en la necesidad de implementar de manera decidida el acuerdo de paz y en desarrollar políticas más robustas de protección para líderes sociales y excombatientes de las Farc, como lo ha pedido reiteradamente el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

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El riesgo para los  ex-Farc es tal que la UIA advirtió que “si la variable temporal de homicidios a reincorporados continuaba, se podría llegar a la cifra de 1.600 crímenes al finalizar el año 2024”.

Casi la mitad de los líderes y lideresas sociales asesinadas desde el 1 de diciembre de 2016 tenían algún tipo de relación con la implementación del acuerdo de paz. Entre el 14 y el 21 de abril, cada 56 horas, en promedio, se presentó un nuevo homicidio.

El primer caso reportado corresponde a Francisco Giacometto Gómez quien fue torturado y asesinado en Santa Marta; este crimen representa un riesgo latente para el macrocaso 06: “Victimización de de la Unión Patriótica”. Se trata del segundo homicidio de un sobreviviente de la UP en menos de cinco meses.

Dionisio Pai Pascal, líder del Resguardo Indígena Awá ‘El Gran Sábalo’, de Tumaco, Nariño, murió cuando un explosivo cayó en su lugar de residencia en medio de un enfrentamiento entre grupos armados.

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En los municipios de Barbacoas, Ricaurte y Tumaco persiste la violencia contra los titulares de derechos y garantías de la JEP, pese a las insistentes alertas que advierten de la crisis que viven estos territorios.

Otro crimen registrado fue el de la gobernadora del Resguardo Indígena La Laguna-Siberia Tama Kiwe, Sandra Liliana Peña, en Cauca. Días anteriores a su muerte, según el Consejo Regional Indígena del Cauca, la lideresa rechazó los cultivos de uso ilícito y su incremento en el territorio. Liliana Peña participaba en uno de los macrocasos priorizados por la Sala de Reconocimiento.