Primeras capturas por escándalo de la UNGRD | Por seguridad, implicados van a guarniciones: ¿qué sigue en el caso?

Casi medio año después de que estalló el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), un juez de Bogotá ordenó la captura y el envío a prisión de tres de los principales protagonistas de ese saqueo: el exdirector Olmedo López, el exsubdirector Sneyder Pinilla y el contratista Luis Eduardo López pasarán a reclusión en las instalaciones militares y policiales en las que esperarán el desenlace de sus negociaciones por beneficios con la Fiscalía.

(Lea: Las razones del juez para enviar a guarniciones militares a las cabezas de escándalo en la UNGRD)

El juez Cidulfo Hernández aseguró este sábado en la audiencia –que duró casi seis horas y fue la tercera del caso– que el monto de las platas públicas que hasta ahora aparecen como desviadas ilícitamente en este episodio no se compara con la pérdida en otros escándalos como el del ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá.

Sin embargo, agregó que el alto perfil de las personas investigadas o salpicadas tanto en el gobierno del presidente Gustavo Petro como en el Congreso representa un asunto “para nada menor” para el país.

En su decisión, el juez 35 de Control de Garantías de Bogotá –que no conocerá de fondo el caso– señaló en ese sentido que el caso presentado por la Fiscalía pone en tela de juicio a quienes “regentan los destinos de las dos cámaras que componen el Congreso” (en referencia a los expresidentes de Senado y Cámara David Name y Andrés Calle). “Estamos hablando de una comisión íntegra (la de Asuntos Económicos); adicional, estamos hablando de ministros de despacho, que son los segundos al mando después del Presidente para efectos de determinar la apropiación y ejecución presupuestal”, resaltó.

El batallón Caldas, ubicado en el occidente de Bogotá, será el sitio de reclusión de Olmedo López. El exsubdirector Pinilla quedará privado de la libertad en la Escuela de Artillería, en el sur de la ciudad; mientras que Luis Eduardo López pasará a la Estación de Carabineros, en los cerros de la capital.

El juez y la Fiscalía avalaron los argumentos de los abogados defensores, que hablaron de riesgos de seguridad para sus clientes por su decisión de colaborar con la justicia y poner en evidencia a otros supuestos implicados en la red de corrupción a cambio de rebajas de penas y otros beneficios.

Además de los procesos contra las excabezas de la UNGRD y el contratista de los carrotanques de La Guajira, la Fiscalía avanza en líneas investigativas que tocan al poderoso exjefe de Inteligencia Carlos Ramón González; al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; al jefe de la Función Pública, César Manrique; así como al exministro Luis Fernando Velasco y la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz (ver nota anexa). Entre tanto, en la Corte Suprema de Justicia hay procesos contra Name, Calle y seis representantes a la Cámara que han sido salpicados por ‘el ventilador’ de Olmedo y de Pinilla.

En su intervención, el juez Hernández lanzó críticas al despliegue mediático que ha tenido el caso y señaló también que el actual capítulo de corrupción en Gestión del Riesgo se enmarca en las graves falencias que tiene el sistema de contratación en esa entidad no solo de ahora, sino desde istraciones anteriores.

En ese sentido, señaló que las normas que regulan la contratación en la entidad, que es expedita bajo el entendido de que se requieren recursos de inmediato para atender las emergencias, abre espacios para que los corruptos saquen “provechos personales”.

Agregó que al analizar algunos de los contratos cuestionados, encontró que los certificados de disponibilidad presupuestal (que en la contratación regular son requisito previo para cualquier contratación) fueron remitidos con posterioridad. “Para el despacho, eso constituía una irregularidad, pero cuando me fui al Manual de Contratación encontré que la entidad avala ese procedimiento de una manera sorprendente, porque la entidad se regula a sí misma, es decir, yo con yo”, dijo el juez.

De la misma manera, cuestionó que de no ser porque “los actores del mismo evento hablan” –que fue lo que hicieron Olmedo López y Sneyder Pinilla una vez sus actuaciones, especialmente frente a la crisis de agua en La Guajira, quedaron primero bajo la lupa de los medios y después de las propias autoridades–, difícilmente la justicia habría avanzado en el esclarecimiento de los hechos hasta el nivel al que se ha llegado.

Hernández insistió en que, según su evaluación, el caso que compromete a altas fichas del gobierno del presidente Gustavo Petro se refiere a un “nivel de corrupción que no llega ni a los talones del ‘carrusel de la contratación’ ni a los problemas que se están investigando con el caso de la Nueva EPS”: “Esto no le llega ni al 0,10 % de lo que está sucediendo en esos eventos. Por eso este caso no tiene la envergadura que se le ha querido dar. Lo que pasa es que compromete a funcionarios de alto estándar dentro del Gobierno, ese es el problema que se está presentando”.

Las recientes amenazas que han recibido Olmedo López y Sneyder Pinilla fueron expuestas ante el juez. El penalista José Luis Moreno, defensor de López, enfocó su intervención en la necesidad de que su cliente fuera recluido en una base militar debido a que supuestamente grupos al margen de la ley dieron la orden de matarlo, denuncia que ya se notificó a la Dirección Nacional de Protección de Testigos de la Fiscalía. Según dijo, la prisión militar se hacía necesaria debido a que “el Inpec no tiene la capacidad” para vigilar a alguien como Olmedo López, quien ante la Fiscalía y la Corte Suprema ha mencionado, además de funcionarios del Gobierno, a los congresistas Iván Name y Andrés Calle —que presidieron las dos cámaras— y a seis legisladores que conforman las comisiones económicas.

Por su parte, el abogado Luis Gustavo Moreno indicó que su cliente, Sneyder Pinilla, no podía ir a un patio especial de La Picota al que van funcionarios públicos, ya que allá podrían llegar otros implicados en este caso. “Un centro militar ofrece garantías suficientes para preservar la seguridad personal del hoy colaborador y mañana testigo”, dijo. Al término de la diligencia, el abogado celebró la decisión del juez de conceder la detención de su cliente y de los otros procesados en instalaciones de la Fuerza Pública y señaló que “los máximos responsables” en este escándalo “siguen libres”.

Según el abogado Moreno, que cuando fue fiscal terminó condenado por el escándalo del ‘cartel de la toga’, “en ese entramado participaron funcionarios públicos, en particular de altas esferas del Estado, de la Casa de Nariño”.

Por su lado, el abogado Francisco Bernate, que representa al contratista Luis Eduardo López, señaló que “se vuelve una urgencia firmar los acuerdos (de colaboración) a los que haya lugar y presentarlos ante el juez de garantías para que se suspendan los procesos”. La Fiscalía ya ha señalado que no accederá a las pretensiones de los tres procesados de eludir la cárcel a cambio de sus delaciones y la entrega de pruebas contra otros protagonistas del saqueo a la Unidad de Gestión del Riesgo.

Ayer, en un comunicado, la Fiscalía recordó que “las evidencias y elementos de prueba obtenidos dan cuenta de que entre marzo de 2023 y febrero de 2024, desde la UNGRD se entregó información privilegiada a algunos contratistas, se inscribieron empresas en el registro de proveedores de manera apresurada para cumplir requisitos, se acordó el pago de dádivas hasta el 14 % del valor los procesos contractuales comprometidos y se falsificaron documentos para legalizar contratos y desembolsos”.

Señaló también el ente acusador que “estas y otras anomalías fueron detectadas en 21 órdenes de contratación que ascendían a 228 mil 884 millones de pesos”.

Además del caso de los carrotanques, que destapó el escándalo, la Fiscalía volvió a mencionar que la UNGRD “confió a empresas referidas por terceras personas otras actividades, bienes y servicios por 96.000 millones de pesos, que correspondían a recursos de un convenio con la Agencia Nacional de Tierras”. Ese es el caso que enreda al polémico director de la Función Pública, César Manrique.

Redacción Justicia

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