Las razones del juez para enviar a guarniciones a las cabezas de escándalo en la UNGRD

Por el escándalo de presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que consta de dos fases de investigación y tres personas imputadas, el juez Cidulfo Hernández envió este sábado 31 de agosto a distintas guarniciones  a Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López, protagonistas de este entramado corrupto para saquear al Estado con participación dea funcionarios públicos y contratistas.

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Olmedo López como exdirector de la Unidad irá al Batallón Caldas, ubicado al occidente de Bogotá; el exsubdirector Pinilla quedará privado de la libertad en la Escuela de Artillería Militar, al sur de la ciudad; mientras que Luis Eduardo López irá a la Estación de Carabineros E26, de la capital del país.

En su decisión, el juez 35 de Control de Garantías de Bogotá hizo referencia a que en este proceso se están viendo comprometidas dos ramas del poder público —Ejecutiva y Legislativa— en un nivel para nada menor, ya que hay señalamientos de que los otros salpicados son quienes “regentan los destinos de las dos cámaras que componen el Congreso; estamos hablando de una comisión íntegra (la económica); adicional estamos hablando de ministros de despacho, que son los segundos al mando después del Presidente para efectos de determinar la apropiación y ejecución presupuestal”.

A servidores de esa índole se han referido en diversos interrogatorios el exdirector Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla, quienes a cambio están negociando beneficios judiciales que les den una rebaja de pena por los cinco delitos imputados.

Entre los mencionados por ellos están el ministro Ricardo Bonilla; el jefe de Función Pública, César Manrique; la exconsejera Sandra Ortiz, el exministro Luis F. Velasco, el exdirector del Dapre Carlos Ramón González y nueve congresistas, entre los que se destacan Iván Name y Andrés Calle, quienes habrían recibido un botín de 4.000 millones de pesos en octubre del año pasado. Todos dicen ser inocentes.

Al momento de referirse a las supuestas actividades ilícitas, el juez dijo en la audiencia -que duró más de seis horas- que tras lo documentado por la Fiscalía, de todos los contratos que revisó el que le parece insignia es el de la compra de 40 carrotanques para La Guajira, los cuales sí se entregaron, pero “con tropiezos”, ya que la entrega fue “ficticia porque los carrotanques no estaban ensamblados”.

Según él, eventos como este darían cuenta de que la contratación en la Unidad estuvo al revés con la finalidad de sacar provechos personales. Esto porque normalmente en los convenios estatales primero se expiden certificados de disponibilidad presupuestal para determinar que se cuenta con el presupuesto, y luego se ejecutan. Pero, “en la mayoría de contratos los certificados fueron remitidos con posterioridad. Para el despacho, eso constituía una irregularidad, pero cuando me fui al Manual de Contratación que la entidad avala ese procedimiento de una manera sorprendente, porque la entidad se regula a sí misma, es decir, yo con yo”, dijo Hernández.

A este tipo de hipótesis, afirmó el juez, no se hubiera podido llegar “si los actores del mismo evento no hablan”, pues parte de las negociaciones se dieron en reuniones a las que sería difícil llegar si no es porque alguien empieza a delatarlas.

Otro de los aspectos que resaltó fue que en un interrogatorio que rindió Pinilla a las autoridades se hace alusión a que desde anteriores gobiernos y directores de la entidad se han dado irregularidades de este tipo: “Parece que este problema del manejo del bolsillo de la UNGRD no es solo de este gobierno, desde el anterior, al parecer hay una multiplicidad de contratistas que, víctimas de este proceso de contratación –el mundo al revés– no les han pagado porque no se hacían los CDT”.

El despacho también se concentró en cuestionar en un par de ocasiones la superlatividad que se le ha dado a este caso, “producto de un nivel de corrupción que no llega ni a los talones del carrusel de la contratación ni a los problemas que se están investigando con el caso de la Nueva EPS, esto no le llega ni al 0,10 % de lo que está sucediendo en esos eventos. Por eso este caso no tiene la envergadura que se le ha querido dar, lo que pasa es que compromete a funcionarios de alto estándar dentro del Gobierno, ese es el problema que se está presentando”.

Las recientes amenazas que han recibido Olmedo López como exdirector de la UNGRD, y Sneyder Pinilla como exsubdirector de Manejo de Desastres, fueron expuestas ante el juez por sus abogados. El penalista José Luis Moreno, defensor de López, enfocó su intervención en la necesidad de que su cliente fuera recluido en una base militar debido a que supuestamente grupos al margen de la ley dieron la orden de matarlo, algo de lo que ya se enteró la Dirección Nacional de Protección de Testigos de la Fiscalía. 

Según Moreno, la prisión militar se hacía necesaria debido a que “el Inpec no tiene la capacidad” para vigilar a alguien como Olmedo López, quien ante la Fiscalía y la Corte Suprema ha mencionado, además de funcionarios del Gobierno, a los congresistas Iván Name y Andrés Calle -que presidieron las dos cámaras- y a seis legisladores que conforman las comisiones económicas.

Por su parte, el abogado Luis Gustavo Moreno indicó que su cliente Sneyder Pinilla no podía ir a un patio especial de La Picota al que van funcionarios públicos, ya que allá podrían llegar los otros implicados en este caso: “Un centro militar ofrece garantías suficientes para preservar la seguridad personal del hoy colaborador y mañana testigo”, dijo.

En este escándalo de presunta corrupción Olmedo López y Sneyder Pinilla confesaron en varios interrogatorios que recibieron y dieron órdenes para también torcer la contratación en municipios como Saravena, Carmen de Bolívar y Cotorra, capítulo en el que están mencionados el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y su exasesora María Alejandra Benavides, quien esta semana fue a la Fiscalía a decir no buscará negociaciones.

Redacción Justicia

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