Las horas claves del caso por violación de niña embera por soldados

El domingo pasado, sobre las cinco de la tarde, una menor de edad de la comunidad embera chamí salió de su casa, en pleno día de mercado, para conseguir unas frutas y no regresó a su vivienda. Al día siguiente fue encontrada sola y llorando cerca del río que pasa por el corregimiento Santa Cecilia, en Pueblo Rico, Risaralda.

Una semana después, la menor, que fue violada por un grupo de soldados que prestaban su servicio en el Batallón San Mateo, está bajo protección del Bienestar Familiar en Pereira, parte de su familia tuvo que dejar su casa en Pueblo Rico para acompañarla y apoyarla en la capital del departamento, y siete militares están privados de su libertad en una unidad militar mientras esperan una condena de hasta 30 años de cárcel por su responsabilidad en el atroz hecho.

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El caso de la niña es el más reciente hecho criminal –entre enero y mayo, Medicina Legal realizó exámenes a 6.749 menores en procesos por abuso sexual– que compromete la integridad de las personas más vulnerables y que llevó a que tres días antes del reprobable ataque, el Congreso aprobara la cadena perpetua para los violadores y asesinos de menores de edad. Este castigo, a pesar de lo manifestado por algunos sectores, no se podrá aplicar en el caso, pues la norma no ha sido reglamentada.

En todos los rincones del país se escucharon voces de rechazo por el hecho y en medio de la polarización, que es el pan de cada día, todos los sectores cuestionaron lo sucedido y pidieron un castigo ejemplar para los responsables del mismo.

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“La niña fue muy valiente, porque apenas la encontraron de inmediato le contó a la familia lo que le había pasado”, señaló a este diario un líder comunal de la zona. De hecho, el testimonio de la menor, que alcanzó a identificar a algunos de los victimarios, hizo parte de las más de 40 evidencias en poder de la Fiscalía para judicializar a los uniformados por el delito de carnal abusivo con menor de 14 años agravado.

Otra de las declaraciones clave fue la de un sargento que notificó a sus superiores de la denuncia que estaba haciendo la comunidad y dio las primeras pistas sobre los uniformados que se encontraban en la zona en la que se registraron los hechos y que, según su concepto, estaban actuando de forma “errática”.

Luego de tomar nuevas declaraciones entre la comunidad y en la misma unidad militar se logró individualizar a siete uniformados, de entre 18 y 21 años de edad, que llevaban en el Ejército seis de los 18 meses de servicio militar obligatorio.

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Estaban adscritos al batallón de Alta Montaña, ubicado en Génova, Quindío, y habían sido enviados a reforzar las operaciones del batallón San Mateo de Pereira, que incluían la protección de todos los habitantes de la zona, incluyendo a las personas del resguardo Gitó Dokabú, de la comunidad embera, a la que pertenece la menor atacada. Según las comunidades de la zona este no es el único caso de violación que se ha registrado en la región (ver nota anexa). Los militares que terminaron por reconocer su responsabilidad en los hechos fueron identificados como Juan Camilo Morales Poveda, Yair Stiven González, José Luis Holguín Pérez, Juan David Guaidi Ruiz, Óscar Eduardo Gil Alzate, Deyson Andrés Isaza Zapata y Luis Fernando Mangareth Hernández.

El gobernador del resguardo, Juan de Dios Queragama, que fue informado de la desaparición de la menor y su posterior violación, declaró: “A la niña la violaron en la escuela Pío XXII del corregimiento de Santa Cecilia, la que se encuentra ubicada a unos 20 minutos. Este sitio está cerca a la montaña”. Y hasta allí llegó la Fiscalía, que realizó en varios lugares pruebas con luces forenses para encontrar evidencias.

El jueves en la mañana, tres días después de la violación, los siete uniformados fueron trasladados en un camión del Ejército a los juzgados de Pereira, en donde se hizo una teleconferencia para imputarles cargos ante el juez promiscuo de Pueblo Rico.

Aunque todos aceptaron cargos y serán condenados, una nueva polémica surgió por los cuestionamientos que hicieron algunos sectores por el delito imputado y por la decisión del juez de ordenar su detención en una unidad militar –batallón Pedro Nel Ospina en Bello, Antioquia– y no en una cárcel. Incluso, el viernes hubo protestas de ciudadanos frente al batallón de Pereira y la sede de la Fiscalía en Bogotá.

La Fiscalía señaló que se imputó el delito que correspondía a las evidencias recolectadas y a través de la directora de Seguridad Ciudadana, Carmen Torres, indicó que la investigación no ha terminado y que incluso si las evidencias lo permiten se podría realizar una nueva imputación de cargos. Esto, porque la comunidad señala que antes de la violación la menor fue secuestrada por los militares. De hecho, disciplinariamente el proceso también sigue adelante y los comandantes de pelotón fueron relevados de sus cargos para establecer si hubo omisiones que facilitaron el ataque.

“Justicia, pedimos que se haga justicia”, le dijo entre lágrimas y en su lengua nativa la mamá de la niña indígena que fue violada al comandante del Ejército, el general Eduardo Enrique Zapateiro, que se desplazó a la zona el jueves por instrucciones del presidente Iván Duque para reunirse con las comunidades.

“Que nos reparen y que nos digan por qué lo hicieron”, repetía la mujer, madre de nueve hijos, quien dijo que su esposo está desaparecido hace varios años.

Otros integrantes de la comunidad cuestionaron que en la zona, en la que vivían con tranquilidad y a donde no había llegado ni el coronavirus, ahora tienen miedo por lo sucedido.

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“Lamento profundamente lo ocurrido, como soldado y padre de familia, y como ciudadano, lo reprocho. A la menor, a su familia y a la comunidad indígena embera, nuestros sentimientos institucionales de vergüenza, rechazo e indignación frente a un hecho que jamás debió haber ocurrido”, les dijo el general Zapateiro. El comandante del Ejército afirmó que no existe explicación frente a un hecho tan grave, al señalar que se tomaron las medidas internas para evitar que en el caso hubiera impunidad.

Ahora la preocupación se centra en el futuro inmediato de la víctima, que, según testimonios de familiares, se encuentra muy afectada. La Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic)ha cuestionado que el proceso de restablecimiento de los derechos de la niña “se está realizando sin enfoque étnico”.

Y por ello pidieron que la menor sea entregada a su familia y no a un hogar de paso del ICBF, “ya que la separación de la niña embera de su familia y su comunidad agrava aún más la afectación de sus derechos”.

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina María Arbeláez, respondió que la menor está siendo atendida adecuadamente y no ha sido separada de su familia (ver nota anexa).

Por cuenta de esta nueva tragedia, el Ministerio de Justicia le puso acelerador al proceso de reglamentación de la cadena perpetua aprobada en el Congreso, para el que tiene un año de plazo, con el fin de garantizar que lo antes posible se pueda empezar a aplicar a los victimarios.

Autoridades indígenas emberas denunciaron que en Risaralda ya había ocurrido otro caso de abuso que involucraría a integrantes de la Fuerza Pública.

Raúl Guasiruma, líder en derechos humanos del Resguardo Unificado Embera Chamí, le reveló a EL TIEMPO que hace cerca de 12 años, en la comunidad La Loma, ubicada en el interior de ese territorio indígena, “la Fuerza Pública abusó de mujeres indígenas, pero en ese momento, por la violencia que teníamos, no fue tan público, no se denunció, pero al interior de las comunidades sí se reflejó. A las autoridades nos tocó quedar callados”, dijo.

El líder precisó que no se trató de una niña sino de varias mujeres. “Hablaron de que abusaron a mujeres indígenas, pero a ciencia cierta no se habló como de violación, sino que muchos soldados por allá abusaron de las mujeres indígenas, se referían como una violación. Pero se quedó callado, eso no fue un escándalo”, dijo.

Guasiruma agregó que nadie investigó las denuncias por miedo. “No se pudo corroborar o investigar qué fue lo que había sucedido allá en esa época. La gente estaba tan atemorizada, o tan confinada con el conflicto, que no podía hablar mucho, estaba entre la espada y la pared”.

En un hogar de paso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en la ciudad de Pereira permanece la niña indígena violada por un grupo de uniformados.

La directora de la entidad, Lina María Arbeláez, en diálogo con EL TIEMPO explicó los pormenores de la atención que en estos momentos recibe la menor. Esto luego de haberse trasladado al lugar de los hechos para verificar el estado de la víctima, así como el de su familia.

“Claramente está muy afectada por los hechos. En este momento se encuentra con todo el esquema de protección en un hogar de paso y con el acompañamiento pleno en el proceso istrativo de restablecimiento de derechos”, dijo.

Contrario a las críticas de varios sectores, Arbeláez señaló que la niña no ha sido separada de sus familiares, quienes se encuentran con ella en el hogar de paso donde es atendida. De igual manera, no se descarta enviarla a un hogar sustituto, donde también tendría a su lado a sus seres queridos.

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Así lo explicó Arbeláez: “Este caso, al igual que los demás que el ICBF atiende en el marco de sus funciones, se adelanta de manera particular y específica. Hay una etapa de evaluación del daño. Tras esto se sigue con el debido acompañamiento con personal de psicólogos y antropólogos de la entidad, así como un refuerzo nutricional. Esta atención también va para su núcleo familiar. Se revisa dónde pueden ser ubicados para garantizar que tenga un entorno protector, seguro”, sostuvo.

Y añadió: “La razón por la que en este momento está con su mamá y hermanos fuera del resguardo es porque dicen sentirse inseguros en el lugar de los hechos. La comunidad indígena también tiene temores. Por eso tenemos que evaluar cuál es el mejor lugar para continuar con su atención sin que corran riesgo o se le vulneren sus derechos”.

Así mismo, aseguró que es necesario evitar cualquier comportamiento que pueda revictimizar a la niña. “Quiero hacerle un llamado a la sociedad. Debemos entender que es necesario darle su espacio. Está recibiendo la atención que necesita. No podemos entrar en una dinámica de revictimización, porque sería peor”, comentó.

Según cifras de la institución, durante el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional se han iniciado 7.458 procesos de restablecimiento de derechos. De ellos, 3.619 son por casos de violencia sexual contra niñas y 364 contra niños.

Ante estos preocupantes números, Arbeláez pidió a la comunidad en general velar por la protección de los derechos de los más pequeños y denunciar ante la línea telefónica nacional 141 cualquier caso de violencia contra la población infantil en todo el territorio nacional.

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