Tribunal del Valle deja en firme medida cautelar sobre decisión de la ANI respecto al Muelle 13 de Buenaventura

La prórroga de veinte años para la operación del Muelle 13 de Buenaventura, que generó un encontrón entre el Gobierno y el empresariado, y cuya última palabra recae en el contencioso istrativo, sigue en pie. El Tribunal del Valle acaba de rechazar una solicitud de aclaración y adición sobre la medida cautelar que adoptó respecto a la decisión de la ANI de revocar esta concesión.

(También le puede interesar: Catatumbo: Defensoría informa sobre 31 necropsias realizadas y decenas de cuerpos aún sin rescatar)

En diciembre de 2023, la ANI revocó la prórroga de la operación otorgada a Grupo Portuario S.A., de Ventura Group, una decisión que fue resuelta en el Tribunal istrativo del Valle el 15 de diciembre del mismo año. El tribunal falló a favor del empresariado y dispuso una medida cautelar debido a la presunción de irregularidades.

Dos semanas después de que el Tribunal del Valle revocara la suspensión de la prórroga de la ANI, la Anla asumió las funciones de autoridad ambiental sobre el Muelle 13, responsabilidad que venía desempeñando el Establecimiento Público Ambiental del Distrito de Buenaventura (EPA), y el 2 de enero suspendió las operaciones por un presunto riesgo ambiental.

(Complemente su lectura: Las turbulencias para que Diego Marín, alias 'El rey del contrabando', aterrice en la justicia colombiana)

Esta decisión fue la manzana de la discordia, ya que, mientras la empresa busca seguir istrando el puerto, el presidente Gustavo Petro desea que quede en manos de las cooperativas pesqueras de la región.

Por esta razón, el mandatario difundió, a través de sus redes sociales y las de las entidades intervinientes, imágenes de hangares en mal estado que habrían sustentado la decisión de la autoridad ambiental. La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, también alertó sobre una "insalubridad alarmante en el almacenamiento de granos en descomposición, un Plan de Manejo Ambiental (PMA) desactualizado, estaciones de monitoreo ambiental inoperativas, aguas estancadas y abandono".

El 10 de enero, la Procuraduría se metió en la disputa, pidió explicaciones a la Anla y, tras una visita istrativa a las instalaciones del puerto, cuatro días más tarde, le ordenó levantar la medida de suspensión que había decretado por presuntas irregularidades en el manejo ambiental.

Además, advirtió sobre una posible responsabilidad disciplinaria de funcionarios de la ANI que intervinieron en el proceso de revocatoria de la prórroga.

(Otros temas: Así avanza la identificación de los cuerpos hallados en La Escombrera: se confirma el año al que pertenecen dos de ellos)

El tribunal rechazó el recurso porque, en el auto que resolvió la medida cautelar, "no se dejó de resolver ningún aspecto del caso". Además, considera que no es necesario aclarar la decisión para definir qué procedimiento istrativo debe seguir la entidad estatal para cumplirla, ya que lo que se trató en la decisión fue si cumplían los requisitos para suspender los efectos jurídicos de un acto istrativo, no si una futura decisión judicial afectaría esa medida provisional. Esa incidencia se resolverá más adelante en el fondo del caso.

También se añadió un punto importante: lo que busca la entidad demandada, con su solicitud de aclaración, es que se reconozca que la suspensión del acto que aprobó el plan de manejo ambiental del concesionario podría servir como base para invalidar el acto que aprobó la prórroga contractual. Sin embargo, este planteamiento va más allá de lo que puede lograrse con una aclaración o adición de una providencia judicial, ya que implicaría una revisión que no corresponde en esta etapa.

Redacción Justicia