Así avanza la identificación de los cuerpos hallados en La Escombrera: se confirma el año al que pertenecen dos de ellos

Una noticia esperanzadora para las cientos de víctimas de la comuna 13, en Medellín, que permanecían en vigilia desde hace más de dos décadas aguardando información de sus familiares desaparecidos durante el conflicto, terminó eclipsada por el nuevo round de la histórica pelea Petro-Uribe.

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El hallazgo de los primeros restos humanos en La Escombrera, después de una década desde la primera intervención forense en ese lugar, puso el dedo en la llaga sobre la operación Orión como el contexto en el que supuestamente fueron asesinadas y desaparecidas las personas cuyos cuerpos emergieron de la tierra el pasado 18 de diciembre y el 10 de enero.

Estos señalamientos, hechos desde la orilla política del jefe de Estado, no han sido corroborados públicamente ni por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ni por Medicina Legal ni por la Unidad de Búsqueda, entidades que han liderado las excavaciones.

Sin embargo, EL TIEMPO conoció en primicia que se ha avanzado en la identificación de dos de los cuatro cuerpos exhumados hasta el momento y que, de acuerdo con la datación forense, se determinó que pertenecen al año 2002. Aún no se conocen las circunstancias en las que fueron asesinados y enterrados clandestinamente en ese lugar, razón por la cual la magistratura del alto tribunal solicitó expedientes a la Fiscalía para ampliar la investigación.

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Una de las tantas opciones que se barajan, por el año de ocurrencia, es la operación Orión, una intervención militar que fue ordenada legítimamente bajo el gobierno de Álvaro Uribe y comandada por el general (r) Mario Montoya –actualmente acusado por la Fiscalía de la JEP por negar su responsabilidad en 118 casos de ‘falsos positivos’ que se le imputan–, y que, debido a la infiltración de paramilitares del bloque ‘Cacique Nutibara’, se convirtió en epicentro de desapariciones forzadas y violaciones de derechos humanos.

Así lo determinó la Corte IDH en un fallo en el que halló responsable a Colombia por la desaparición de Arles Edisson Guzmán.

“(En el marco de Orión) se dieron desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, atentados contra la vida y la integridad personal, amenazas de muerte y desplazamientos de los habitantes de la comuna 13”, se lee en la sentencia.

Ese mismo texto mencionó a La Escombrera y La Arenera como escondederos de cadáveres: “Con posterioridad a la operación Orión, el bloque Cacique Nutibara ingresó a la comuna 13 y se volvió el grupo hegemónico y continuaron con expulsiones, desplazamientos y desapariciones forzadas, y un alto número de inhumaciones clandestinas, específicamente en los sectores de ‘La Arenera’ y ‘La Escombrera’ ”.

Otro capítulo que crispó los ánimos tras el hallazgo fue el mural con la frase ‘Las cuchas tienen razón’, que artistas plasmaron en una pared del deprimido de la Terminal del Norte, en Medellín, en honor a las mujeres buscadoras y que, posteriormente, el alcalde Federico Gutiérrez mandó a cubrir.

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El mandatario local justificó su decisión como una medida contra las expresiones de odio que fueron añadidas a la frase inicial, entre ellas una imagen del expresidente Uribe. Sin embargo, los brochazos volvieron a encender el debate, en el que intervinieron desde el Presidente hasta voces más neutras, como la Defensora del Pueblo.

“No borremos las expresiones legítimas de las víctimas. Escuchémoslas. Reproduzcámoslas”, dijo Iris Marín, quien además categorizó estos actos como revictimizantes.

“Por supuesto que los familiares de la persona desaparecida no mienten cuando afirman su desaparición forzada. Pero por momentos les hacemos creer eso que quieren los victimarios cuando incurren en este crimen, relativizarlo todo, acrecentar las dudas, pedir pruebas imposibles sobre el paradero de los cuerpos intencionalmente ocultados para que esas pruebas sean imposibles”, agregó la Defensora.

En medio del rifirrafe están las víctimas, sobre todo las madres, esposas, abuelas e hijas de los desaparecidos, a quienes el hallazgo les alumbró una luz de esperanza para encontrar respuestas sobre su paradero.

“Siempre les han dicho a las mujeres que esto era un mito, que no era verdad. Que estemos encontrando los primeros cuerpos muestra que las víctimas tenían la razón”, aseguró Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad, organización que ha asesorado legalmente a mujeres buscadoras.

Desde la exhumación de los primeros restos, todos los días, sagradamente, van a La Escombrera, a unos containers y carpas que dispusieron las autoridades para que acompañen los trabajos de búsqueda. Dar con las primeras estructuras óseas tuvo un alto costo. Se tuvieron que remover más de 40.000 metros cúbicos de residuos, ya que durante décadas la zona fue alterada por el depósito de escombros y la extracción de arena, lo que dificultó las labores forenses.

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Si bien los hechos ahora comprueban que esa ladera, ubicada en las periferias de la comuna 13 y utilizada como botadero hasta 2018 –año en el que la JEP ordenó las primeras medidas cautelares para proteger el lugar–, alberga cuerpos humanos, aún no se pueden asignar responsabilidades debido a la etapa prematura de las investigaciones.

Las autoridades intervinientes, hijas de los acuerdos de paz, siguen intentado lavar el color político que ha polarizado el hallazgo, mientras el proceso continúa arrojando pistas certeras.

Redacción Justicia