20 años de Justicia y Paz: solo 11% de las víctimas de los paramilitares han sido reparadas, según la Contraloría

Tras 20 años de implementación, la reparación de las víctimas sigue siendo el flanco más débil de Justicia y Paz, la primera ley de justicia transicional del país. Esta norma, que selló el pacto entre el Estado colombiano y los paramilitares para facilitar su desarme, destapó la olla de la parapolítica, permitió la recuperación de más de 8.000 cuerpos de personas desaparecidas y reveló los lazos criminales entre algunos ‘paras’ y el Estado —como con el extinto Das—. Sin embargo, un informe de la Contraloría advierte que aún persisten grandes deudas.

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Solo el 12% de los bienes del Fondo de Reparación de Víctimas han sido entregados por antiguos de las autodefensas —el resto ha sido incluido por vía judicial— y apenas el 1,2% del total ha sido comercializado y convertido en plata blanca para reparar el daño causado por los graves crímenes de este grupo armado ilegal. En números, de los 3.755 bienes registrados, solo 44 han sido monetizados.

Respecto al tipo de inmueble entregado, se encontró que el 56,19% correspondió a predios rurales, el 33,79% a urbanos, el 3,52% a vehículos, el 2,38% a dinero, el 1,53% a sociedades y el 2,59% restante a otro tipo.

Esta ha sido una de las principales deficiencias. Con la comercialización de los bienes de este Fondo solo se han logrado recaudar $24.114 millones de pesos, una cantidad irrisoria para las más de 256.000 víctimas relacionadas en las imputaciones. Repartiendo este dinero en cada una equitativamente, les correspondería 94.000 pesos.

Por esta insuficiencia presupuestal, el 95 % de los 1,9 billones que han sido utilizados para reparar al 11, 6 % de estas víctimas han salido del Presupuesto General de la Nación. Esto va en contravía de lo estipulado por la Ley de Justicia y Paz, que establece que solo se puede echar mano de estos recursos cuando el Fondo de Reparación de Víctimas se quede corto y no como primera opción.

La principal barrera que ha enfrentado la Unidad para las Víctimas —a del Fondo— es el bajo potencial reparador de los bienes. Múltiples factores juegan en la ecuación, como la presencia de minería ilegal y cultivos ilícitos en las propiedades, su ubicación problemática en zonas de reserva natural, la amenaza de ruina pérdida o deterioro e incluso ocupaciones ilegales de testaferros de los antiguos victimarios.

"La reparación debe provenir principalmente de los bienes de los victimarios, tal como lo establece la norma. Sin embargo, lo que se ha visto es que el 95 % de los recursos han salido del Presupuesto General de la Nación. Por ello, este es un llamado a las dificultades en la implementación del sistema, con el fin de corregir errores y aprender de ellos, sin dejar de reconocer el trabajo de los magistrados", dijo el contralor general Carlos Hernán Rodríguez.

En cuanto al manejo presupuestal, el Estado colombiano ha destinado 17,7 billones de pesos a este proceso, de los cuales el 86,52 % ha sido ejecutado por la Unidad para las Víctimas. En este punto la Contraloría también ha identificado falencias, especialmente porque las entidades que reportan la información fiscal no cuentan con centros de costos detallados ni con el nivel de desagregación necesario, "lo que dificulta el seguimiento y control de los recursos asignados".

Actualmente, hay 5.079 personas acogidas a la Ley, en su mayoría por desmovilización colectiva. En el proceso han participado 43 bloques de las AUC, que han sido parte de las decisiones y sentencias. Aunque cerca del 8,5% (489) de los postulados fueron excluidos por no ratificar su voluntad de acogerse al procedimiento de Justicia y Paz y el 5 %, 306 casos han precluido por la muerte de los desmovilizados. Estos últimos datos, según la magistratura de esa jurisdicción. 

Hoy, solo 1.500 postulados siguen activos, lo que representa el 30 % de los que inicialmente ingresaron. Y hasta ahora, se han reconocido poco más de 40.000 víctimas, lo que equivale al 15% del total del registro.

El primer experimento de justicia transicional en el país, modelo que luego sirvió de andamiaje para el acuerdo de paz entre el Estado y las extintas Farc, tuvo un comienzo accidentado. Aunque los procesos comenzaron a avanzar años después de la puesta en marcha del sistema, tras dos décadas se han logrado avances en materia de justicia, la médula espinal de la desmovilización.

El informe de la contraloría develó que hay más de 1'400.000 hechos delictivos judicializados. Los principales fueron el desplazamiento forzado (60,1 %), homicidios (22,1 %) y la desaparición forzada (5,6 %). 

Estos procesos, a su vez, implican desenterrar una verdad que la justicia ordinaria no había logrado esclarecer, un compromiso ineludible para los comparecientes acogidos a esta jurisdicción especial.

Justicia y Paz logró establecer así la participación de los grupos de las autodefensas, determinando que la Casa Castaño estuvo involucrada en el 26,4 % de los casos, el bloque Montes de María en el 20,62 %, el Metro en el 8,10 %, el Norte en el 7,2 %, el Cacique Nutibara en el 7,1 %, el Noroccidente Antioqueño en el 6,8 %, el Pacífico en el 5,3 %, y las restantes 36 organizaciones en el 18,2 %.

Otro punto en verde es el índice de congestión judicial, que ha pasado del 89 % en 2012 al 54 % en 2023. Aún así, se han identificado problemáticas como la prolongada duración de los procesos judiciales, "lo que ha generado desconfianza y agotamiento en las expectativas de las víctimas sobre verdad, justicia y reparación".

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Veinte años después de la desmovilización colectiva de más de 35.000 'paras', la ley de Justicia y Paz no fue el punto final de su criminalidad. Este mismo reporte arrojó que entre 2016 y 2023 se registró un aumento del 86,33% en la cantidad de hechos delictivos judicializados, pasando de 138.818 a 258.653 casos, concentrados en 32 estructuras armadas de las Autodefensas Unidas de Colombia y cuatro de la subversión.

"Al analizar los resultados de Justicia y Paz, se identifican similitudes con los hallazgos de la auditoría de 2024 a la Jurisdicción Especial para la Paz. Ambas presentan deficiencias en la gestión metodológica para procesar grandes volúmenes de casos judiciales", concluyó Rodríguez.