'Es una violación a los principios legales': abogado de Sarmiento Gutiérrez

Tras conocerse una petición de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia para que se desarchive la investigación que se le realizó a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente ejecutivo de Grupo Aval, por el caso de la Ruta del Sol 2, el penalista Jaime Lombana, abogado del empresario, señaló que se trata de “una solicitud abiertamente ilegal, procesalmente errada y que demuestra un ánimo de persecución y violación a los principios legales y constitucionales”.

La solicitud del secretario Andrés Idárraga a la Fiscalía está relacionada con la investigación que en su momento adelantó el ente acusador por el pago de sobornos liderados por la multinacional Odebrecht para la adjudicación de contratos de esa obra de infraestructura.

En una comunicación dirigida a Javier Fernando Cárdenas Pérez, fiscal Tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, el funcionario del gobierno dijo que hay elementos probatorios nuevos surgidos en las últimas semanas e hizo referencia al acuerdo que se conoció a mediados de agosto y que firmó Corficolombiana, firma subsidiaria de Grupo Aval, con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión Nacional de Valores de ese país.

Al respecto, el apoderado del empresario señaló que la figura del desarchivo está regulada por el artículo 79 de ley 906, el cual exige de manera perentoria la presentación de pruebas nuevas; “y no existe en el acuerdo suscrito entre Corficolombiana y la oficina del fiscal federal del distrito de Maryland elemento probatorio que no haya sido valorado por la fiscalía colombiana antes del archivo proferido al doctor Sarmiento Gutiérrez el 26 de febrero de 2021”.

Añadió que Grupo Aval no fue mencionado siquiera en el acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que es el único que tiene índole penal. Y en relación con el acuerdo firmado con la Comisión de Valores, dijo: “Este es de carácter civil y no culpa a Grupo Aval de soborno alguno”.

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Además, tras anunciar el cierre de las investigaciones que adelantaban, las autoridades de ese país no formularon cargos a ningún accionista, directivo o funcionario actual de las empresas mencionadas.

“Los dos acuerdos no mencionan a ninguno de ellos, ni en Aval ni en Corficolombiana, como conocedores de corrupción ni partícipes de la misma”, indicó Lombana.

La intervención de los investigadores estadounidenses se debió a que Grupo Aval es una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. Frente al acuerdo, que incluye el pago de una multa de 60 millones de dólares, las empresas colombianas se han pronunciado señalando que este no compromete a sus directivos con delitos y que de hecho las autoridades de EE. UU. no han hecho señalamientos contra ellos y se limitan a las actuaciones por las que fue condenado el expresidente de Corficolombiana José Elías Melo (considerado por la ley americana como un agente de la empresa) y que terminaron en 2016.

En relación con la actuación de la justicia colombiana, en su momento la Fiscalía examinó diez declaraciones, entre ellas las del exdirectivo de Odebrecht Luiz Antonio Bueno Junior, José Elías Melo, el exviceministro Gabriel García Morales, el excontroller de la Ruta del Sol II Jorge Enrique Pizano Callejas y el mismo Sarmiento Gutiérrez, además de abundante material documental.

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“No hay información alguna que permita señalar que Sarmiento Gutiérrez conociera de los pactos o negociaciones realizados por el grupo Odebrecht para obtener el contrato de la Ruta del Sol II, por la misma falta de ese conocimiento, mucho menos podría plantearse como hipótesis que hubiese autorizado la participación de Corficolombiana en los mismos”, señaló la Fiscalía al archivar el caso.

*Corficolombiana y Grupo Aval pertenecen al grupo empresarial del cual hace parte EL TIEMPO.