Así se movió la aceitada máquina que logró elegir a Aida Merlano

Para las elecciones al Congreso de 2018, el Consejo Nacional Electoral estableció como tope de gastos de las campañas 940 millones de pesos. Sin embargo, según dice la Fiscalía en la acusación contra el poderoso empresario costeño Julio Gerlein, solo él gastó 1.831 millones de pesos para aceitar un esquema de corrupción y compra de votos para lograr que la entonces representante a la Cámara Aida Merlano fuera elegida senadora.

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Y en el más reciente capítulo de esta trama ilegal, esta semana se conoció una grabación en la que Gerlein le dice a Merlano que fueron 12.000 millones de pesos (más de 10 veces el tope de gastos legal) lo que destinó para asegurarle una silla en el Senado.

La captura de Merlano en abril de 2018, cuando llevaba un poco más de un mes como senadora electa, destapó la existencia de lo que la Corte Suprema calificó como una “organización criminal electoral” que consistió en activar un sofisticado esquema de compra de votos para entregar 50.000 pesos por cabeza a quien aceptara votar por Merlano.

Y aunque nunca fue un secreto que en épocas de campaña abunda el dinero en efectivo y los materiales de construcción para conseguir votos, nunca, a diferencia de este caso, las autoridades lograron identificar plenamente el modus operandi de esas organizaciones, que incluía un esquema piramidal de líderes y gamonales regionales que actuaban sincronizadamente para ganar elecciones.

En la investigación aparecen 10.008 certificados de votación de igual número de personas que habrían vendido su voto a favor de Merlano y que además de la plata recibieron un sticker con el mensaje ‘gracias por su apoyo’.

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En expedientes judiciales se advierte que esa misma maquinaria usada en 2018 ya había permitido que Merlano fuera elegida representante en 2014 y un año después jugó a favor de Margarita Ballén como diputada del Atlántico y de Aissar Castro, Juan Carlos Zamora y Vicente Támara como concejales de Barranquilla.

Un informe de Policía Judicial señala que “la estructura criminal” que favoreció a Merlano “estaba conformada inicialmente por una coalición integrada por familias políticas con una reconocida influencia de años en el departamento del Atlántico, conocidas como los ‘clanes Gerlein, Char y Name’ ” y que antes se había logrado elegir a Roberto Gerlein como senador y a Laureano Acuña como representante.

El primero murió en diciembre del año pasado tras permanecer décadas en el Congreso y el segundo es uno de los congresistas investigados por la Corte junto al expresidente del Senado Arturo Char. El documento al que las autoridades han dado credibilidad dice que ante el retiro de la política de Roberto Gerlein “se decidió conformar una coalición para garantizar la elección de Merlano al Senado en representación del Partido Conservador, y de Lilibeth Llinás a la Cámara como cuota de la familia Char y del partido Cambio Radical”.

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Los abogados del senador Arturo Char, de su hermano el candidato presidencial Álex Char, señalado recientemente por la condenada excongresista Merlano, y de Julio Gerlein han insistido en su inocencia y en que no han incurrido en delitos.

La Fiscalía señala que Julio Gerlein, como financiador, giró cheques de sus cuentas a personas que no tenían relación con la campaña de Merlano y que luego de activar una cadena de endosos, para dificultar el seguimiento de las autoridades, finalmente la plata terminaba en manos de personas cercanas a la candidata que transportaban el efectivo en cajas.

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“El uso de cheques como medio para circular dinero asociado a la empresa criminal no es fortuito, responde a la necesidad de tener dinero en efectivo para desplegar las actividades ilícitas y disminuir la trazabilidad de las transacciones”, se lee en documentos de la Fiscalía, que añade que una sola persona alcanzó a cobrar 41 cheques.

A las investigaciones que venían adelantando la Corte y la Fiscalía se sumaron el viernes las compulsas de copias contra 19 personas señaladas por la prófuga exsenadora en su declaración entregada desde Venezuela, en donde está tras huir del país en octubre de 2019.

En el documento, revelado por este diario, la Sala de Instrucción remitió copias de la polémica declaración a la Fiscalía y a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Esto porque los mencionados no son de la competencia del alto tribunal.

En el auto aparecen el presidente Iván Duque, los expresidentes Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, el exfiscal Néstor Humberto Martínez, el candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y el exvicepresidente Germán Vargas. Merlano, que no aportó evidencias, dice que ellos o recibieron dinero “de la familia Gerlein y de los Char por debajo de la mesa” o hicieron parte de un supuesto complot para enredarla judicialmente.

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Zuluaga y Uribe expidieron comunicados en los que rechazaron los señalamientos, defienden la transparencia de sus campañas y advierten sobre las intenciones que desde Venezuela estarían jugando en este caso.

“Hemos trabajado siempre con la comunidad y nuestras campañas no han necesitado mucho dinero. Han sido austeras. Además con gerentes honorables. Aquí nunca hemos recibido dinero por debajo de la mesa ni de Odebrecht ni de Aída Merlano ni de nadie. Mis interlocutores son ustedes, queridos ciudadanos”, afirmó Uribe desde Pitalito, Huila, este sábado.

Ahora las autoridades tendrán que evaluar si hay evidencias para abrir nuevos capítulos del caso de corrupción desplegado hace cuatro años desde ‘Casa Blanca’, la sede de campaña de Merlano, y que a menos de un mes de las elecciones de Congreso generó revuelo y se convirtió en uno de los temas de la agenda de los candidatos en campaña.

Fuentes cercanas al caso dijeron que la Corte realizó inspección a Serfinanza, propiedad de la familia Char, que aparece haciendo préstamos a varios de los enredados. Julio Gerlein dijo que pidió allí siete mil millones de pesos para la campaña de Merlano.

Este diario estableció además que Laureano Acuña, otro de los investigados, recibió un crédito de 400 millones de pesos para su campaña de 2018 y la excandidata Lilibet Llinás, también procesada, obtuvo 200 millones.

EL TIEMPO consultó con la entidad, la cual dijo que por la reserva bancaria no puede dar información puntual de sus clientes, pero que les han prestado a candidatos cumpliendo los requisito legales, y que “no puede asegurar el uso que los clientes les dan a los recursos”.

En Twitter: @JusticiaET

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