Los 6 contratos de Alcaldía de Cali por los que Contraloría abrió millonarios procesos

Al considerar que había diversas irregularidades en el uso de recursos públicos en varios contratos de la Alcaldía de Cali, la Contraloría General abrió seis procesos de responsabilidad fiscal por cerca de 52.072 millones de pesos.

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Estos procesos, que abrió la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, comenzaron luego de que el 20 de octubre de 2022 el órgano de control ordenó una intervención funcional por alertas que había sobre la contratación del municipio.

El primer proceso tiene que ver con Emcali, que no ha regresado a la Alcaldía de Cali recursos por $1.420’319.229 “producto de la terminación anticipada del Derivado No. 2 del Convenio Interistrativo No. 4151.010.27.0668.2021”, según un comunicado del órgano de control. Ese convenio era para la reposición de redes de alcantarillado y/o acueducto, así como para el mantenimiento y/o rehabilitación vial en las comunas 1 y 20 de Cali.

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Un segundo proceso es por las obras de adecuaciones y mantenimientos de los escenarios deportivos y recreativos de la ciudad que, a la fecha, “no cumplen a la fecha con la funcionalidad para la cual fueron diseñadas ni con las condiciones técnicas exigidas para satisfacer la necesidad del contrato”. Así mismo, en este contrato, por $260’245.219, se apgaron ítems que no se encuentran ejecutados en campo.

En tercer lugar, la Contraloría investiga un contrato para la adecuación de la infraestructura física del Estadio Olímpico Pascual Guerrero, en ese contrato, según el órgano de control, se le pagó al Consorcio EPG 2020 “por ítems que se encontraban por encima del valor del mercado, en tanto su precio de adquisición fue significativamente inferior al valor ofertado en la propuesta económica, que conllevó a que obtuviera una utilidad excesiva, en cuantía de $238.671.464,45”, se lee en el comunicado.

Otro tema al que le puso la lupa la Contraloría es un contrato firmado para construir un centro de bienestar animal, en dicha construcción se encontraron deficiencias técnicas, deterioros y falta de dotación para su funcionamiento, por lo que hoy en día no sirve para lo que fue diseñado.

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Pero además, según la Contraloría se pagaron al contratista ítems por encima del valor del mercado, lo que conllevó a que el consorcio encargado de la obra obtuviera una utilidad excesiva; “y de otra parte irregularidades en el cálculo del valor del reconocimiento por pérdida del equilibrio económico del contrato; así como deficiencias en la ejecución de la interventoría técnica, istrativa y financiera del proyecto, en cuantía de $14.084.277.956,00”.

El quinto proceso de responsabilidad fiscal es por $1.550.000.000 y tiene que ver con recursos girados a la Empresa de Renovación Urbana por un convenio para adelantar los estudios técnicos, los diseños arquitectónicos, urbanísticos estructurales y de mobiliarios, así como las especificaciones técnicas, el presupuesto y programación de obra del proyecto de intervención urbana del hábitat subdesarrollado ubicado sobre el eje del Canal Cauquita.

Según el órgano de control, ese contrato no cumple con su finalidad porque pese a haberse certificado el desarrollo a cabalidad del mismo, “el estudio técnico del inventario forestal se encuentra incompleto; aunado a que se adicionó el alcance del objeto del convenio para incluir entre otras actividades una coordinación interinstitucional y el componente social que ya estaban contempladas.

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Finalmente, la Contraloría abrió un proceso por deficiencias en las obras y actividades en un contrato para el mantenimiento de la malla vial, pues esas obras hoy presentan deficiencias técnicas, sumado a irregularidades en la ejecución de la interventoría técnica, istrativa y financiera del proyecto, en cuantía de $34.519.447.862,00.

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