Director de Uspec responde a informe de mala alimentación en cárceles

Luego de que se conoció un informe de Inpec, que alerta sobre precarias condiciones en la alimentación suministrada a las personas presas en Colombia, Andrés Díaz,  director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) –entidad encargada, entre otros temas, de la comida en las cárceles– se pronunció al respecto.

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El estudio revela que el 86 por ciento de los centros carcelarios reportan incumplimiento en el gramaje de los alimentos. Además, el 81 por ciento de los establecimientos reportan problemas con la calidad de la materia prima de la comida.

Incluso, se registraron casos de proteína en estado de descomposición, papas podridas y con gusanos, que llevaron al propio ministro de Justicia, Wilson Ruíz, a lanzar un ultimátum para que ese tipo de irregularidades se terminen y se garantice un trato digno a los internos.

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En entrevista con EL TIEMPO, el director de la Uspec reconoce que existen dificultades en la prestación del servicio de alimentación. Además, Díaz explica las medidas que se están tomando para mejorar la situación en las cárceles del país.

Hay que analizarlo en detalle para determinar los aspectos técnicos que evidencian estas circunstancias. Yo respeto la institucionalidad y lo que hace oficial.

Mal haría en decir que el servicio es perfecto o que no tenemos ninguna dificultad, pero creo que hay que analizar el informe y, lo más importante, concentrarnos en la solución: no quedarnos en el debate de si está bien o mal el informe, sino buscar las alternativas para mejorar el servicio.

Cuando asumí el cargo, el servicio que se prestaba estaba contratado con la Bolsa Mercantil Colombiana, que basaba la selección de los contratistas a partir de quien ofertara el menor precio.

Atendían cuatro comidas (desayuno, almuerzo, cena y refrigerio nocturno) con una minuta de 9.200 pesos en promedio. Eso probablemente evidencia unas dificultades en cuanto a calidad, porque atender cuatro comidas con esa calidad no es muy aconsejable. Lo que definimos es que el mecanismo de selección no debe ser solo el precio.

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Uno tiene que hacer dos cosas: mejorar y corregir. En cuanto a mejoras, acercamos el valor de la minuta a la realidad y hoy tenemos un servicio que pasó de 9.200 a 11.400 pesos para prestar los cuatro momentos de alimentación.

Además, mejoramos el menú, vamos a incluir algo que se llama comida especial, un menú de comida regionalizada, y vamos a mejorar el refrigerio nocturno. También se les va a dar una nueva dotación a los privados de la libertad que preparan los alimentos y también los utensilios que utilizan. Todas las fiambreras (que son los recipientes donde le sirven las comidas) tienen que cambiarlas.

En cuanto a las acciones correctivas, desde mi llegada en octubre hemos solicitado descuentos por 274 millones de pesos a 7 de los 19 grupos que prestan el servicio de alimentación.

Ese es el otro tema: que va a haber una interventoría especial. Entregamos 115.000 raciones en 452 sitios en todo el país, y la entidad lo hacía con cuatro profesionales que supervisaban desde la comodidad de una oficina en Bogotá.

El pasado 12 de abril firmamos un contrato de interventoría para hacen un seguimiento adecuado. Vamos a pasar de tener esos cuatro profesionales a tener 50 en campo, y un total de 77 personas acompañando el proceso de interventoría en aspectos técnicos, sitrativos y jurídicos.

Vamos a incluir a dos microbiólogos, para hacer muestras a la alimentación y llevarlas a análisis de laboratorio. En promedio vamos a hacer 744 visitas en el mes. En algunos establecimientos vamos a tener hasta tres visitas semanales.

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La alimentación es un servicio complejo, que requiere unas correcciones estructurales para poderse prestar. El tema de los recursos es muy importante y es una disyuntiva que siempre se tiene en el sector público, porque normalmente los recursos son inferiores a lo que se dispone o se necesita.

Eso no es culpa de nadie; es una situación en la que se ve inmerso el sector, pero estamos buscando las soluciones y buscando que estas situaciones no se presenten en el futuro.

Los contratos van hasta el 30 de junio. Estamos estructurando el proceso de licitación, que esperamos inicie en mayo, para en julio tener nuevos proveedores, seleccionados con condiciones mejores que las actuales.

La norma establece quién se puede presentar en este proceso, pero efectivamente vamos a garantizar que haya experiencia y que los mecanismos de selección nos permitan elegir los mejores proveedores.

Para eso hay que seguir un procedimiento contractual. Estos contratos son muy cortos. Por ejemplo, en un contrato de agosto a febrero, hay muy poco tiempo para tomar las acciones jurídicas pertinentes. No ha habido merito jurídico para suspender a las empresas. Lo primero que debemos hacer es aplicar los descuentos, y lo hemos hecho.

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Precisamente, algo que considerábamos no adecuado es que como entidad no podíamos sancionar, sino que debía hacerlo la bolsa. La nueva prestación nos da la posibilidad de hacerlo a nosotros directamente. Será la Uspec la que tenga la responsabilidad directa, no a través de un tercero.

La interventoría empezará en cuatro lugares principales: la cárcel La Picota, donde se preparan la mayor cantidad de alimentos (casi 7.000); 'La Tramacúa', en Valledupar; en la cárcel de Acacías, Meta; y en las estaciones de Policía de Bogotá, donde entregamos casi 2.500 raciones.

Allí comenzará la interventoría, pero se va a hacer en los 452 sitios donde entregamos la alimentación (132 son establecimientos de reclusión nacionales, 245 estaciones de Policía, 67 unidades militares y 8 centros de reclusión militar).

Lo que sucedió fue que uno de los ranchos estaba fuera de servicio. La entidad aplicó unos procesos de infraestructura y tenemos que hacerle una dotación adicional. Estamos implementando el mecanismo más rápido para ponerlo en funcionamiento rápidamente.

Estamos haciendo el análisis contractual para definir el momento en que se entregará, pero estamos buscando que sea muy pronto para que nos ayude a mitigar los riesgos que tenemos.

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Hacemos visitas a los establecimientos carcelarios para que los privados de la libertad nos digan qué dificultades tienes, y adicionalmente ellos tienen mecanismos, a través de los directores de las cárceles y de los entes de control, como la Procuraduría.

La interventoría fue firmada el 12 de abril. Estamos en la evaluación de hojas de vida y la definición de los procesos y tenemos previsto que entre en funcionamiento el 22 o 23 de abril.

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