En primer semestre de 2021 asesinaron a 84 líderes; cifra se redujo en 47 %

Tres disparos. Eso fue todo lo que necesitaron los armados para acabar con la vida de Esteban Mosquera. El joven líder estudiantil fue asesinado en la tarde de este lunes, en pleno centro de Popayán.

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Los asesinos escaparon en una motocicleta del lugar, y el ministro de Defensa, Diego Molano, señaló que a la zona se trasladó un grupo especial de investigación para capturar a los responsables del crimen.

El nombre de Esteban —recordado como un símbolo del activismo universitario y la protesta pacífica— aparece ahora en un vergonzoso listado que acumula cientos de registros: el de los homicidios de líderes sociales.

Solo entre el 1.º de enero y el 30 de junio de 2021, se documentaron 84 homicidios –uno cada 51 horas– de de estas poblaciones en el país, según el último informe de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), organización que desde 1988 le ha puesto la lupa a la situación de derechos humanos y la istración de justicia en el país.

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En comparación con el primer semestre del año pasado, periodo en el que la CCJ documentó 159 muertes, la disminución de estos crímenes es del 47 por ciento.

Sin embargo, las alertas siguen encendidas pues los homicidios de quienes ejercen liderazgos siguen presentándose, en las mismas regiones y con patrones similares.

Además, como ha insistido el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, “el objetivo es que haya cero casos” de agresiones contra estas personas, así como contra los excombatientes de las Farc, que también han sido blanco de ataque tras la firma del acuerdo de paz.

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Para el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, “la situación actual de nuestros líderes sociales demanda una acción extraordinaria del Estado para la generación de estrategias que focalicen y prioricen las situaciones de amenaza y vulneraciones”.

De hecho, se espera que en las próximas horas esta entidad presente un informe que dé cuenta de la magnitud del fenómeno y le plantee sugerencias al Gobierno para ponerle fin al derramamiento de sangre. Trascendió que el informe de la Defensoría ratifica la reducción de los casos de ataques contra esta población.

“Lo que uno puede ver es que la dimensión de los asesinatos está dividida en varios sectores. Los más afectados son el indígena, el campesino y el comunitario, pero, en general, muchos de los líderes asesinados reivindicaban mejores condiciones económicas, sociales y de tierras para sus regiones, o se oponían directamente a políticas –legales o ilegales— que atentan contra estos derechos, como la erradicación forzosa y sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito”, explica Andrea Garzón Zuluaga, coordinadora del área de investigaciones de la CCJ.

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Además, asegura que en los hechos de violencia del primer semestre influyó el paro nacional, pues “los líderes se hicieron más visibles en sus exigencias sobre la implementación del acuerdo de paz, la oposición a políticas de extracción minera, entre otras luchas”. En el marco de las protestas fueron asesinados cinco líderes, según el informe.

De acuerdo con el estudio, los 84 asesinatos de líderes y defensores se localizaron en 23 de los 32 departamentos del país durante el primer semestre del año. Los más afectados fueron Antioquia, con 15 casos; Valle del Cauca, con 12; Cauca y Nariño, con 10 homicidios cada uno; Chocó, con cinco casos; y Cesar, Huila y Putumayo, con cuatro casos cada uno.

Estas regiones aparecen focalizadas en las 11 alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo durante los seis primeros meses del 2021, que ponen de relieve varios elementos que pueden explicar la violencia contra los líderes y defensores.

Entre estos, que en dichos departamentos persisten disputas entre grupos ilegales por el control del territorio; el señalamiento y la estigmatización de los ejercicios reivindicatorios de derechos realizados por comunidades rurales, organizaciones y sus líderes.

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Según concluye la Comisión Colombiana de Juristas, las denuncias que estas personas formulan frente a actividades ilícitas en los territorios, tales como narcotráfico, tráfico de armas, violaciones a los derechos humanos como secuestros, amenazas, desplazamientos forzados, hacen que para los grupos armados ilegales los líderes representen “un obstáculo y generen intromisiones en las acciones que estos quieren ejercer en los diferentes territorios”.

Sobre los presuntos responsables, la organización señala que en el 59 por ciento de los casos no se han logrado establecer. En cinco asesinatos se presume que el Eln sería el victimario, seguido de las disidencias (4), paramilitares (4), civiles (3) y Policía (2).

EL TIEMPO se comunicó con el Ministerio del Interior, que está en cabeza de Daniel Palacios, para conocer qué acciones está tomando el Gobierno Nacional para prevenir los asesinatos de líderes y defensores. Sin embargo, al momento de publicación de este artículo, no hubo respuesta.

En el último reporte emitido desde el Ejecutivo, destacaron la disminución de asesinatos de líderes, que pasó –según cifras de Naciones Unidas– de 108 casos en 2019 a 66 en 2020.

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Aunque las cifras de la CCJ en el primer semestre de este año muestran que esa tendencia a la baja continúa, la investigadora Andrea Garzón asegura que “esto puede estar relacionado con la consolidación de planes de autoprotección en las comunidades.

Una de esas estrategias la encabezan las asociaciones Ascamcat y ACVC-RAN, que crearon el Programa de Prevención, Protección y Seguridad de Defensores de DD. HH. del Nororiente Colombiano.

Andrés Cajiao, de la Fundación Ideas para la Paz, asegura que no se han dado cambios sustanciales en la estrategia de protección del Gobierno, por lo que, en algunas regiones, la disminución puede deberse a “una reducción en la disputa entre actores armados”.

Para Diego Restrepo, de la Fundación Paz y Reconciliación, la disminución de los asesinatos obedece también al levantamiento de las medidas restrictivas por la pandemia, pues mientras estuvieron vigentes “las instituciones del Estado se replegaron, no estaban activando rutas de atención a los riesgos, y eso fortaleció el control territorial de los grupos ilegales. Un dato que refuerza esto es que durante 2019 se entregaron alrededor de 1.850 medidas de protección por parte de la UNP, y en el 2020 solo se entregaron 660, es decir, se redujo casi a un tercio en medio de las restricciones”.

Para el defensor del Pueblo, es crucial “trabajar en la puesta en marcha de la Política de Prevención de violaciones de derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad de personas, grupos y comunidades”. Camargo resaltó que, de cara a las próximas elecciones, se debe acompañar a los líderes que quieran participar con candidaturas o veedurías.

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Para la CCJ, es importante también, en sintonía con las recomendaciones de organismos internacionales, “avanzar en la prevención y protección de los líderes, en la lucha contra la impunidad y, en general, en el cumplimiento de la obligación del Estado de garantizar un entorno seguro”.