Las luces y sombras del informe de OEA sobre implementación de la paz

Profundización de la desigualdad social por cuenta del covid-19, persistencia de las amenazas a líderes sociales y excombatientes, avances en la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y en las acciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

Estos son algunos de los puntos que destaca el trigésimo informe que presentó el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (Mapp OEA).

(Le puede interesar: Desmovilizados: Gobierno rinde cuentas ante la JEP por su seguridad)

El documento, que analizó los hallazgos obtenidos entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2020, pone de relieve que en este periodo continuaron las confrontaciones entre grupos armados ilegales por el control de los territorios y las economías ilícitas.

“Estas disputas generan graves afectaciones a la población civil como la ocurrencia de homicidios, amenazas, desplazamientos forzados, confinamientos, reclutamiento forzado, violencia basada en género, contaminación de territorios con minas antipersonal, entre otras”, dice el organismo.

Entre esas afectaciones subrayan las amenazas a líderes y defensores del acuerdo de paz, los homicidios y ataques contra comunidades y autoridades indígenas y los riesgos de los exguerrilleros de las Farc en proceso de reincorporación, sobre todo en los departamentos de Chocó, Guaviare, Meta y Putumayo.

(Puede interesarle: El acto de reconciliación de ex-Farc en pueblo que atacaron dos veces)

De otro lado, el análisis aborda el impacto de la pandemia en la implementación de lo acordado en La Habana entre el Gobierno Nacional y la desaparecida guerrilla de las Farc.

Entre los efectos del covid-19, dice la entidad, está el cierre de fronteras con países vecinos, lo que aumentó el uso de pasos fronterizos no autorizados que son controlados por grupos armados ilegales, poniendo en riesgo a las comunidades fronterizas.

El organismo internacional resaltó que esas estructuras, debido al cierre de centros educativos y la limitada presencia del Estado en algunos territorios, siguieron vinculando niños, niñas y adolescentes a sus filas, mientras que en regiones donde se adelantaban procesos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos han presionado a los campesinos para volver a sembrar matas de coca.

(Lea también: Secuestro: los puntos claves de cita entre Ingrid Betancourt y ex-Farc)

Para la OEA, otra afectación derivada de la emergencia sanitaria ha sido el a la justicia, sobre todo en las zonas rurales, donde las dificultades de conectividad impiden que se presten servicios virtuales.

No obstante, el organismo aseguró que “a cuatro años desde la firma del acuerdo final, se han observado notables avances en la arquitectura institucional” del Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y No Repetición.

Entre estos, la recepción de más de 335 informes de organizaciones de víctimas y del Estado por parte de la JEP, la consolidación de 16 planes regionales de búsqueda por parte de la UBPD para encontrar a las personas desaparecidas en el conflicto, y los pasos que ha dado la Comisión de la Verdad para la construcción de su informe final, que se espera recoja los principales hechos de violencia ocurridos en el país y formule recomendaciones para no repetir el conflicto.

(Lea además: Emprendimientos de confección de ex-Farc llegan a ‘Colombiatex 2021’)

Dos elementos clave en ese sentido son la reparación de las víctimas y la restitución de tierras, a los que se comprometió el Estado a través de la Ley 1448 de 2011, que este 2021 cumplió una década y que fue prorrogada por 10 años más, decisión que fue celebrada por la entidad.

La OEA también subrayó la implementación de los PDET. “Destacamos los avances en la planeación estratégica y progresiva, así como la reforma constitucional, al Sistema General de Regalías que permite el adelanto de recursos y constituye una garantía financiera” para estos programas, se lee en el documento.

Así mismo, el organismo reconoció la consolidación del protocolo de género para la implementación y seguimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos ilícitos (PNIS), al tiempo que celebró la aprobación de la paridad de género en el Congreso y aseguró que “el avance de los derechos políticos de las mujeres constituye un imperativo para el logro de la paz completa”.

El informe del secretario general de la OEA se refirió, además, al diálogo, la participación y la conflictividad social. Al respecto, reconoció los esfuerzos para reactivar los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia, que han avanzado en regiones como Caquetá, Chocó y el Catatumbo. También resaltó que el Consejo Nacional de Paz formuló un plan de trabajo para el diseño de una política pública en pro de la reconciliación del país.

(En otras noticias: Coronel imputado por 'falsos positivos' abandonó el país desde 2019)

Sin embargo, la entidad reiteró que las violencias contra líderes sociales “desincentivan e impactan negativamente” en su participación, pues estas personas “manifiestan sentir temor a la hora de ser convocadas a participar por el riesgo que este ejercicio democrático implica”.

En Twitter: @JusticiaET