Coronel imputado por 'falsos positivos' abandonó el país desde 2019

Su paradero es incierto. En 2019, las autoridades migratorias confirmaron que salió del país con destino a Francia, sin que se registrara reporte de su regreso a Colombia.

Se llama Juan Carlos Figueroa Suárez. Nació en Bogotá y el 15 de enero cumplió 64 años, buena parte de los cuales estuvo en las filas del Ejército Nacional, del que fue coronel hasta el 9 de diciembre de 2011, cuando pidió la baja.

El nombre del coronel (r) Figueroa volvió a sonar en los últimos días, luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo imputó como uno de los máximos responsables de la execrable práctica de los 'falsos positivos'.

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Las pruebas en poder de la JEP evidencian que cuando Figueroa fue comandante del batallón La Popa, con jurisdicción en Cesar, reportó 113 bajas en combate, de las cuales 51, casi la mitad, habrían sido civiles inocentes asesinados para presentar ilegítimamente como delincuentes o guerrilleros dados de baja en combate, para aumentar los resultados operacionales de su unidad militar.

Según el libro diario de operaciones, eran las 5 de la tarde del 7 de enero de 2004 cuando tomó posesión como comandante del batallón.

Llegaba a reemplazar al también coronel Publio Hernán Mejía, uno de los oficiales que reportaba mayores resultados en ese entonces.

Muchos con métodos presuntamente ilegales, como quedó registrado en los 10 procesos a los que lo ha vinculado la Fiscalía, las dos condenas que profirió en su contra la justicia ordinaria y, recientemente, la imputación que la JEP expidió por los 'falsos positivos' en Cesar, que lo señala (junto a Figueroa) como uno de los máximos responsables.

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"Al llegar al batallón, Figueroa se encontró con estos resultados y con la demanda de sus superiores por superarlos, como en efecto hizo. Mientras Mejía reportó 86 bajas en 24 meses, Figueroa en 18 meses informó de 113 (51 de ellas, ocurridas en 33 eventos, ilegítimas)", se lee en el auto de determinación de casi 400 páginas que dio a conocer el tribunal transicional, y que vincula, aparte de los dos coroneles, a otros 13 militares.

El documento, además, resalta cómo en esa unidad castrense se formó una organización criminal para cometer ejecuciones extrajudiciales con el apoyo de grupos paramilitares.   

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Y también detalla cómo se fraguó un entramado ilegal –para planear, ejecutar y encubrir estos crímenes– que incluyó conductas como falsificar pruebas, conseguir armas y uniformes para simular combates y alterar las escenas de los crímenes, o desviar dineros públicos para hacer pagos irregulares a quienes cometían los asesinatos,

Pese a que, como miembro de la Fuerza Pública, el coronel Juan Carlos Figueroa es compareciente forzoso ante la JEP, no ha acudido al tribunal.

La jurisdicción lo convocó para rendir versión voluntaria por primera vez el 3 de octubre de 2019, pero a pesar de "adelantar diversas tareas dirigidas a ubicarlo", nunca se presentó.

En su momento, la madre de Figueroa le dijo al tribunal que el coronel le manifestó “que no desea asistir a la diligencia de versión voluntaria ante la JEP”.

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El 26 de noviembre de ese año se le convocó de nuevo y se ordenó a la Secretaría Judicial de la JEP notificarle el llamado a comparecer y, dice la JEP, se obtuvo constancia del recibido el 4 de diciembre de 2019.

El 27 de abril de 2020, Migración Colombia confirmó que no se registraba el regreso de Figueroa al país.

Y "en aras de garantizar el derecho a la defensa del compareciente en caso de que no contara con un abogado de su elección", la JEP solicitó la designación de un profesional en derecho". Aunque Fondetec puso un abogado, no pudo cumplir con su encargo pues, dice la JEP, "no contaba con poder" del coronel "debido a que no le había sido posible arlo".

Luego de más insistencias, emplazamientos, diligencias y observaciones durante el año pasado, lo cierto es que aún no se sabe qué pasará con Figueroa, pues –como reconoce la JEP– al no tener suscrita acta de sometimiento ante el tribunal, "no se encuentra sujeto a orden judicial alguna que limite su libertad".

Para el magistrado Óscar Parra, relator del caso 03 y cabeza del subcaso de la costa Caribe, la situación de Figueroa es excepcional.

Al presentar la imputación contra los militares del batallón La Popa, el togado contó que han recibido solicitudes de organizaciones de víctimas que piden "activar solicitudes en la Interpol, otras piden otras rutas de comparecencia, y otras están más ancladas a la expulsión del sistema".

“Lo que tendrá que hacer la Sala es analizar este caso como un precedente para las situaciones similares. Es decir, ¿qué ocurriría con las personas renuentes?", se preguntó.

El magistrado resaltó que en casos como el de Figueroa el avance de la justicia ordinaria fue mínimo: "El coronel, en 2017, fue llamado a indagatoria por uno solo de los hechos valorados en este auto y nunca se le vinculó a un proceso penal".

De ahí, en parte,  la importancia de que comparezca y explique cuál fue su participación o responsabilidad en la ejecución de los más de 50 asesinatos a los que lo vincula la JEP.

Nueve días después de imputar a 10 militares y un civil por ejecuciones extrajudiciales en el Catatumbo, la JEP dio a conocer su segundo auto de determinación de hechos y conductas en ese sentido dentro del caso 03, que investiga las muertes y desapariciones de civiles para presentarlos como bajas en combate, conocidas en Colombia como ‘falsos positivos’.

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Como adelantó EL TIEMPO, el tribunal les imputó crímenes de guerra y lesa humanidad a 15 uniformados (dos coroneles, seis oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados) que operaron en el batallón La Popa, del departamento de Cesar, y serían los máximos responsables de 127 asesinatos, cometidos entre 2002 y 2005.

Para la JEP, tras la llegada del coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez a la comandancia del batallón, con la ayuda o guianza de paramilitares empezaron a ser asesinadas “personas señaladas de pertenecer a grupos ilegales o de delincuencia común, sin contar con información que verificara dichos señalamientos y sin que se hubiera presentado combate alguno”.

Esas circunstancias marcaron el primer patrón identificado en los ‘falsos positivos’ de la región, mientras que el segundo indica que los agentes “seleccionaron víctimas en condición de vulnerabilidad (como habitantes de calle), las engañaron mediante promesas de presuntos trabajos, para captarlas y asesinarlas”.

Según el tribunal, quien activó este plan criminal –a través del cual se incrementaron notablemente los resultados operacionales del batallón La Popa– fue el coronel Mejía.

El alto oficial tendría responsabilidad en el asesinato de 75 personas (entre ellas, tres indígenas) y habría establecido “una alianza con integrantes del Bloque Norte de las Auc”, bajo la cual fueron ultimadas el 67 % de las víctimas.

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El segundo alto oficial procesado en este caso es el  coronel Juan Carlos Figueroa, quien tuvo las riendas del batallón entre el 7 de enero de 2004 y el 9 de julio de 2005.

Por ahora, tanto a los dos coroneles como a los otros 13 militares imputados les está corriendo el plazo de 30 días para aceptar o negar su responsabilidad y, si eligen la segunda opción, entrarán a un juicio que, de perder, les daría condenas de hasta 20 años de cárcel.

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