Por 'falsos positivos' en Cesar, imputan a 2 coroneles y 13 militares

Nexos con paramilitares, señalamientos infundados contra la población, detención de civiles en retenes para ser asesinados, engaños a habitantes de calle para ultimarlos y presentarlos como bajas.

Estas son algunas de las prácticas ilegales que militares del batallón La Popa, de Valledupar, habrían usado para cometer ejecuciones extrajudiciales, y que fueron documentadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en un auto de imputación de 397 páginas que salió a la luz este jueves.

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EL TIEMPO conoció la decisión, que vincula al coronel en retiro Publio Hernán Mejía; a su sucesor, el también coronel (r) Juan Carlos Figueroa, y a otros 13 militares como máximos responsables de 127 asesinatos y 120 desapariciones forzadas ocurridas en Cesar entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005.

Se trata del segundo auto de determinación de la JEP en el marco del macrocaso 03, que investiga los ‘falsos positivos’.

El primero fue publicado la semana pasada, contra 10 militares y un civil, por hechos en el Catatumbo.

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Mejía y Figueroa deberán responder a título de autores mediatos por homicidio en persona protegida y desaparición forzada, conductas que constituyen crímenes de guerra y lesa humanidad según el Estatuto de Roma.

Asimismo, los otros 13 militares responderán por esos delitos, pero como coautores. Ellos son los mayores José Pastor Ruiz Mahecha, Guillermo Gutiérrez Riveros y Heber Hernán Gómez Naranjo; los sargentos Efraín Andrade Perea, Manuel Valentín Padilla Espitia y José de Jesús Rueda Quintero; el teniente Carlos Andrés Lora Cabrales; los subtenientes Eduart Gustavo Álvarez Mejía y Elkin Leonardo Burgos Suárez; el cabo tercero Elkin Rojas; y los soldados profesionales Yeris Andrés Gómez Coronel, Alex José Mercado Sierra y Juan Carlos Soto Sepúlveda.

Sin hacer referencia directa a las revelaciones sobre la imputación de cargos en su contra, el coronel (r) Hernán Mejía tuiteó ayer: “Cuando la justicia se convirtió en negocio o instrumento político, la verdad dejó de ser importante. Seguiremos la batalla hasta el final y que Dios salve a Colombia”.

La JEP encontró dos patrones en las ejecuciones ocurridas en el batallón La Popa.

En el primero de ellos, dice el tribunal, se justificó el asesinato de personas señaladas de pertenecer o auxiliar a las guerrillas o de ser 'bandidos', y se efectuó, en buena parte, en colaboración con grupos paramilitares o guías provenientes de estos grupos. 

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Sobre el segundo patrón, la JEP explica que "algunos de la unidad seleccionaron a ciudadanos en distintas situaciones de marginalidad económica y social para asesinarlos, desaparecerlos y presentarlos como supuestas bajas en combate".

Durante los tres años y medio estudiados por la JEP en esta decisión se habría presentado, en promedio, un 'falso positivo' cada 10 días.

Tras ser notificados, los imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o rechazarlos. En ese lapso también pueden reaccionar las víctimas y la Procuraduría.

Al terminar el periodo de 30 días hábiles y recibir la respuesta de los comparecientes, la JEP decidirá si fija una fecha para una audiencia pública de reconocimiento, al considerar que hay reconocimiento y aporte a la verdad plena.

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Si hay reconocimiento, una vez realizada la audiencia de reconocimiento, la Sala adoptará una resolución de conclusiones que remitirá al Tribunal para la Paz a fin de que este imponga una sanción propia si es el caso.

Si los procesados niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP e irán a juicio adversarial. En caso de ser vencidos, podrán ser condenados hasta con 20 años de cárcel.