Van 77 investigaciones contra 101 policías por disparos en protestas

Ya son 77 las investigaciones disciplinarias, 67 de ellas en Bogotá, que adelanta la Policía Nacional para establecer si los disparos que hicieron policías durante los hechos de violencia del 9 y 10 de septiembre ocurrieron en cumplimiento de la ley o si hubo actos indiscriminados que pusieron en riesgo a civiles.

En esas investigaciones, según informó ayer el director de la Policía, el general Óscar Atehortúa, aparecen 101 uniformados, de los cuales 10 fueron suspendidos. Uno de ellos usó su chaqueta al revés y, con un palo, agredió a ciudadanos.

Luego de un primer censo de munición se detectó que en el caso de 23 uniformados hay faltante de esta. Así, el director de la Policía señaló ayer que ya se tiene certeza de que al menos 14 uniformados dispararon, pero tras las pesquisas se podría encontrar más.

En la inspección de la Policía ya empezaron a ser citados estos uniformados y algunos de ellos ya han dado explicaciones señalando que accionaron sus armas en el marco de sus funciones.

Ahora tanto la Inspección como la Fiscalía, la Procuraduría e incluso la Justicia Penal Militar evalúan los hechos. Para ello, no solo se han citado a testigos en las cuatro localidades en las que se concentraron los hechos, sino que se hacen verificaciones de los videos de seguridad de esas zonas y los que circulan en las redes sociales o han sido entregados por la alcaldesa Claudia López.

Para la revisión se está acudiendo a tecnología que tiene el Centro de Capacidades para la Ciberseguridad (C4), que cuenta con programas para analizar ese tipo de escenas. De hecho, gracias a esos videos se detectaron a los uniformados que dispararon y que están siendo individualizados.

Fuentes oficiales señalaron que las primeras alarmas se encenderían si alguno de esos uniformados no está en el listado de los 35 que ya reconocieron que dispararon. La Fiscalía ya tiene 37 armas de uniformados.

En el despacho del fiscal 41 de derechos humanos, ubicado en el búnker, está la investigación por la muerte de la joven Julieth Ramírez, quien recibió un disparo en el tórax. Y en la Unidad Primera de Soacha está el caso por la muerte de tres personas que murieron en ese municipio por arma de fuego. En estos casos, como en el del homicidio de Javier Ordóñez, que fue el detonante de los hechos, serán claves las pruebas técnicas y el dictamen de Medicina Legal.

Esos dictámenes se han demorado por las pruebas que se realizan a las esquirlas de bala encontradas en las víctimas.

El fiscal general, Francisco Barbosa, señaló que se investigan al tiempo los hechos de vandalismo y violencia protagonizados por civiles y las actuaciones de los uniformados durante esos eventos. Investigadores de la Fiscalía señalaron que se esperan los resultados de las reconstrucciones de los hechos y las pruebas de balística para iniciar las citaciones a los uniformados para que declaren. Añadieron que la Policía ya entregó el censo balístico y se inició el cotejo con los casquillos encontrados en las escenas y en los cuerpos de las víctimas.

Por los lados de la Procuraduría ya hay un grupo de investigadores que, con poder preferente, asumirán las investigaciones y ya oficiaron a la Policía pidiendo el censo de armas y balas para avanzar.

El abogado Alirio Uribe, que representa a dos de las familias de las personas muertas, pidió que se remita el caso a la Procuraduría y que el proceso penal sea llevado por la Fiscalía y no por la Justicia Penal Militar. “Estos hechos no tienen relación con el servicio y deben estar en la justicia ordinaria”, dijo.

Fuentes de la Justicia Penal Militar señalaron que en esa jurisdicción no hay una investigación formal aún, sino una verificación preliminar en la cual aún no se habla de posibles delitos, sino de “hechos por establecer y en averiguación”. Indicaron que jueces penales militares han pedido información del tema, pero no se ha planteado ninguna colisión de competencias para asumir el caso.

La consejera para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, y el consejero para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, acompañan a la Policía y al Ministerio de Defensa en el informe que presentarán. “Tenemos un total compromiso de apoyar a las autoridades judiciales, porque la prioridad del Gobierno es que se esclarezcan las muertes ocurridas durante los disturbios, que se establezcan las responsabilidades individuales y que los culpables reciban las sanciones correspondientes, para que se haga justicia”, dijo Gutiérrez.

Con el argumento de que se podría afectar la investigación, la Fiscalía realizó ayer de forma reservada la imputación de cargos contra los policías

Harby Damián Rodríguez y Juan Camilo Lloreda Cubillos, señalados del homicidio del estudiante de Derecho Javier Ordóñez.

Ante la juez 29 de control de garantías de Bogotá, el ente acusador les imputó los delitos de homicidio agravado y tortura agravada, cargos que no fueron aceptados por los policías.

Durante la audiencia se conocieron las evidencias de la Fiscalía, incluyendo el resultado de la necropsia de Medicina Legal que da cuenta de la violencia con la que fue asesinado Ordóñez. Se destaparon testimonios sobre los golpes que habría seguido recibiendo dentro del CAI de Villa Luz.

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