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'Nos estamos rigiendo por normas de los 90 para el control fiscal': saliente Auditora
Alma Carmenza Erazo repasó algunas decisiones de impacto, y habló de los retos para su sucesora.
Alma Carmenza Erazo, saliente auditora general. Foto: Milton Díaz/El Tiempo
PERIODISTAActualizado:
Haciendo un balance de su gestión durante los últimos cuatro años, la saliente auditora general Alma Carmenza Erazo resaltó la importancia de que la vigilancia fiscal se ciña a las normas, de trabajar por actualizar las leyes por las cuales se rigen, y defendió, ante las críticas, la necesidad de que la Auditoría siga existiendo para vigilar cómo se ejerce el control fiscal en Colombia.
¿Cuáles destacaría como las 3 decisiones más importantes en su periodo?
En primer lugar, haber logrado crear la metodología para la evaluación trimestral y de certificación anual de las contralorías territoriales, como lo ordenó el Acto Legislativo 04 de 2019; de otro lado, encontramos que algunas contralorías se excedieron en suspensiones de funcionarios de elección popular, haciendo uso del principio de verdad sabida y buena fe guardada, por lo cual pedimos la intervención funcional de la Contraloría General, encontramos casos como los de Cartagena, y los municipios de Suratá y Vetas (Santander) y en Mapiripán y Vistahermosa (Meta), en este tema es de recordar que nuestro mandato va más allá de verificar las cifras, también es vigilar la observancia estricta de las formas como se realiza dicho control.
Una tercera decisión que destacaría es el fortalecimiento tecnológico del control fiscal, redujimos los niveles de obsolescencia de los equipos que usamos, modernizamos nuestro Sistema Integrado de Auditoría e incursionamos en big data para análisis de información.
(Puede ver: Controversia por la idoneidad de ternados por el Presidente para el cargo de magistrado)
Acaban de terminar la auditoría a la Contraloría General para el año 2022, ¿qué encontraron?
Alma Carmenza Erazo, auditora general saliente. Foto:Milton Díaz/El Tiempo
Detectamos avances importantes, por ejemplo, que había 2.751 indagaciones preliminares, por valor de 3,4 billones de pesos; así como 5.965 procesos de responsabilidad fiscal por cuantía de 33,1 billones. De otro lado, vemos avance y esfuerzo en el cobro coactivo, había 3.115 procesos en jurisdicción coactiva por 6,8 billones y vimos que la Contraloría está adelantando un plan de mitigación de riesgos de prescripción y caducidad de procesos fiscales, por lo cual hay más autos que impulsan decisiones de fondo.
¿En su periodo se hizo alguna recomendación para mejorar el régimen de control fiscal de Colombia?, ¿hay algo por cambiar?
Los cambios propuestos fueron incluidos en el acto legislativo de 2019, reglamentado por el Decreto 403 de 2020, sin embargo, el año pasado se cayó parte de esa norma, que incluía cambios que a mi modo de ver, hacían más rápidos los procesos; con la caída de este decreto, sobre todo en temas de cobro coactivo, volvimos a tener que trabajar con leyes de 1990. Nosotros recomendaríamos al Legislador que aclare entonces qué se puede hacer con el cobro coactivo, la caducidad y la prescripción.
¿Considera que hoy en día la Contraloría, a quienes auditan, tiene suficientes ‘dientes’ para ejercer control fiscal en Colombia?
A la Contraloría General la han dotado de herramientas, pero al caerse el Decreto 403, nos devolvimos a leyes de los 90.
A la Contraloría General la han dotado de herramientas, pero al caerse el Decreto 403, nos devolvimos a leyes de los 90. Esta norma lo que hacía era agilizar los procesos, darle más facultades para ejercer el cobro coactivo y la recuperación de los recursos. En cuanto a las contralorías territoriales, hay algo que se le dio a la General y no a las territoriales, estas segundas no tienen el ‘control preventivo y concomitante’, entonces muchas veces tienen que esperar a que algo suceda para que ellas puedan actuar. Por eso creo que algo que se podría mejorar sería darle esta facultad a todas las territoriales para hacer su trabajo de manera más expedita, utilizando esta figura de manera bien utilizada.
En medio de un borrador del Gobierno de reforma a la Procuraduría se incluyeron también propuestas de reforma a las facultades de la Contraloría, ¿cómo lo ven?
Margarita Cabello durante evento en Barranquilla. Foto:Procuraduría
De pronto se pudiera aprovechar el momento cuando dicen que el Gobierno va a presentar un proyecto de ley para de pronto retomar ahí estos temas que venían en el Decreto 403, que son importantísimos para el control fiscal. Ahí podríamos meter esos aspectos que son expeditos porque en la actualidad nos estamos rigiendo por normas de inicios de los años 90.
Por años se ha discutido sobre si la Auditoría debería ser eliminada, ¿usted qué opina?
Siempre hemos batallado con los aires de eliminación, pero los resultados contundentes que hemos venido mostrando han contribuido al fortalecimiento del control fiscal y la lucha contra la corrupción. La existencia de la Auditoría General se debe a la necesidad de ejercer vigilancia a los organismos de control fiscal, ese tipo de control es diferente al que hacen entidades como la Procuraduría, enfocado a la conducta de funcionarios públicos; la Fiscalía, en lo penal; la Contaduría, en revisar las cuentas y balances de las entidades públicas; o la propia Contraloría, de vigilar cómo las entidades ejecutan los recursos públicos.
Todas esas entidades realizan un control a un tema específico, la función que realiza la Auditoría no es solo vigilar a las contralorías, también la coadyuvancia al mejoramiento de estas entidades y en la reforma constitucional de 2019 se demostró la importancia de contar con la Auditoría como órgano especializado en la vigilancia del control fiscal.
¿Qué retos recibirá su sucesora, quien fue recién elegida por el Consejo de Estado?
En general, garantizar la sostenibilidad institucional, pues luego del acto legislativo de 2019 fueron muchos los cambios. De otro lado, mantener las certificaciones que hemos logrado en gestión antisoborno, entre otros, para que seamos referente. Así mismo, brindar una caja de herramientas para las contralorías territoriales, para especializarlas.
Sobre esto también tengo que decir, acabar con un control fiscal descentralizado no es sensato, a las contralorías territoriales hay que fortalecerlas y darles independencia financiera para que puedan ejercer un control fiscal propio, con independencia. Finalmente, otro reto será lograr que la interoperabilidad sea una realidad para que el proceso auditor se realice de manera más eficiente.
María Isabel Ortiz Fonnegra
Redacción Justicia
En X: @MIOF_
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