Inhabilitan por 8 años a exgobernadora de San Andrés por contrato de salud

Al considerar que la exgobernadora de San Andrés, Aury Guerrro Bowie, desatendió sus deberes como funcionaria pública al no haber hecho las gestiones para contratar o designar la interventoría, en varios periodos entre 2012 y 2015, para el contrato del que dependía todo el servicio de salud de la isla, la Procuraduría la destituyó e inhabilitó por 8 años.

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El contrato referido fue el convenio interistrativo 540 de 2012, firmado entre San Andrés y la IPS de la Universidad de Antioquia para garantizar la prestación del servicio de salud en todo el departamento. Y aunque la Procuraduría no censura en sí mismo este contrato, sí llamó la atención por la falta de interventoría del mismo.

En su defensa, la exgobernadora Guerrero manifestó que el mismo convenio establecía una supervisión de un comité integrado por los funcionarios de la istración departamental. Además, dijo que luego, en 2014, sí se firmaron dos contratos de interventoría con una empresa.

Sin embargo, el órgano de control recordó que la exmandataria tenía el deber funcional de contratar las auditorías al contrato desde el comienzo.

El Ministerio Público también se refirió a otro de los argumentos esgrimidos en el proceso: que la liquidada EPS Caprecom, que antes operaba el sistema de salud, intempestivamente decidió dejar ese contrato, por lo que hubo que buscar rápidamente opciones para que los habitantes no se quedaran sin el servicio.

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Según la Procuraduría, la inesperada salida de Caprecom y su "pésimo" servicio no justifican la omisión en la que incurrió la exgobernadora al no hacer ninguna gestión para contratar una auditoría desde el comienzo del convenio con la IPS de la universidad.

Por ese motivo, dicho convenio estuvo sin vigilancia entre agosto y diciembre de 2012, todo 2013, de enero a noviembre de 2014, y entre enero y septiembre del 2015.

Por estos hechos también fueron sancionados los exsecretarios de salud departamentales Gonzalo Eduardo Martínez Pérez y Miguel Alfredo May Salcedo, quienes fueron suspendidos. Como ellos ya no están en su cargos para cumplir las suspensiones, las mismas, de uno y dos meses respectivamente, se convierten en multas de que deben pagar de acuerdo a lo que ganaban por mes para la época de los hechos.