Este lunes, 1 de noviembre, la Fiscalía informó que la funcionaria Claudia Esperanza Amaya Vargas, quien hace parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue imputada por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
En la audiencia, Amaya Vargas no itió su responsabilidad frente a estos señalamientos.
Según el comunicado de la Fiscalía, entre septiembre de 2016 y enero de 2018, el Ministerio de Relaciones Exteriores firmó tres contratos, cuyo valor total ascendió a 828 millones de pesos, para adquirir y poner en funcionamiento un sistema único integrado para la gestión de documentos electrónicos acorde a las guías dispuestas por el Archivo General de la Nación.
Sin embargo, se tendrían que haber ejecutado contratos para brindar soporte técnico y mantenimiento evolutivo al sistema.
El ente acusador también señaló que, entre las irregularidades que se encontraron, se constató que los tres contratos se hicieron de manera directa por falta de oferentes y que Amaya Vargas, en su calidad de supervisora de estos procesos, al parecer suscribió el informe final de supervisión e interventoría.
Al parecer, según la Fiscalía, certificó el cumplimiento total de las obligaciones contractuales, a pesar de que no se cumplieron a cabalidad. La procesada no habría realizado ninguna recomendación ni observaciones que permitieran evidenciar tal incumplimiento.
"El material probatorio recaudado por la Fiscalía indicaría que la investigada, posiblemente, se concertó con un particular y otro servidor público para asumir funciones de sus superiores, otorgando paz y salvos de los convenios en mención, sin que se ejecutaran. En ese sentido, la entidad sufrió un detrimento patrimonial por valor de $399 millones", indicó el ente acusador.
En el marco de este mismo proceso, se espera que también sean imputados otros particulares y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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