En la JEP y la Fiscalía avanza investigación por el crimen de Álvaro Gómez

En la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Fiscalía General avanzan las pesquisas por el homicidio del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado perpetrado en 2 de noviembre de 1995 en el norte de Bogotá.

La próxima semana se cumplen 26 años del asesinato del líder conservador , un magnicidio que por el significado histórico de su víctima y por las implicaciones políticas y jurídicas que aún sigue teniendo podría considerarse como el punto de encuentro de los relatos y misterios sobre un crimen que impactó la vida nacional de las últimas tres décadas.

Cuando Álvaro Gómez fue asesinado era un símbolo del pasado y del poder y era también una de las figuras con mayor autoridad política en Colombia.

Hijo de Laureano Gómez y heredero de su causa, candidato a la presidencia en tres ocasiones (1974, 1986 y 1990), presidente de la Constituyente de 1991, periodista de larga trayectoria, profesor, ideólogo, Gómez era la personificación de la historia del país durante el siglo XX.

  

Gómez Hurtado fue sorprendido por las balas cuando salía de la Universidad Sergio Arboleda de dictar una clase de cultura colombiana, que ponía a los jóvenes estudiantes frente a uno de los más preparados pensadores del país.

Se mencionó entonces la existencia de un grupo de militares que estarían relacionados con el magnicidio y la Procuraduría alcanzó a formular cargos a uniformados que tendrían relación con supuestos paramilitares de Sucre.

Luego apareció la tesis de la participación de hombres de la Brigada 20 del Ejército y una supuesta retaliación porque Gómez Hurtado no se habría prestado para apoyar una intentona de golpe de Estado.

En las investigaciones también han aparecido menciones al general en retiro Rito Alejo del Río y sus alianzas con el exjefe de las Auc Carlos Castaño. Y luego la vinculación del cartel del Norte del Valle del Cauca, que lo habría perpetrado para hacerles un favor a políticos. Por lo sucedido se han hecho señalamientos al expresidente Samper, ninguno de los cuales fue probado.

En un giro inesperado de la historia, en los primeros días de octubre del año pasao, las Farc se atribuyeron la responsabilidad del asesinato de Gómez. Dicen que fue un ajuste de cuentas a un viejo enemigo.

La familia no les cree, advierte sobre el riesgo de la impunidad en el proceso y pide que haya un juicio en el que las pruebas y los testimonios de estos 25 años de investigaciones sean evaluados por un juez competente, distinto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La Fiscalía mantiene la investigación sobre los hechos y ya citó a declarar como testigos a varios políticos, a excapos del narcotráfico y a dos de los exjefes de la desaparecida guerrilla.

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