Caso Colmenares: esta es la millonaria demanda de Jessy Quintero contra la Nación

Trece años han pasado desde la muerte del joven estudiante Luis Andrés Colmenares, el 31 de octubre de 2010, en un caso por el que no hay condenados -más allá de la sentencia contra unos falsos testigos- y en el cual la justicia debatió sobre si su deceso fue un accidente o un asesinato.

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Si bien el capítulo por su muerte está cerrado, luego de que la justicia confirmó en 2021 la absolución de Laura Moreno y Jessy Quintero, quienes en su momento fueron procesadas por el caso, una nueva línea se abrió luego de que la última radicó una millonaria demanda contra la Nación por los daños que vivió mientras estuvo vinculada al expediente.

Quintero fue capturada en 2011, imputada por la Fiscalía por falso testimonio y encubrimiento, tras el juicio, fue absuelta en primera instancia en febrero de 2017, y la justicia confirmó esa decisión en mayo de 2021.

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En ese momento, la defensa de Quintero anunció que alistaba una demanda de reparación directa por los daños que vivió la joven y la misma fue finalmente radicada a mediados de este año.

Su demanda, que es contra la Fiscalía, la propia rama judicial, y el Cuerpo de Bomberos de Bogotá, fue itida para estudio por el Juzgado 59 istrativo de Bogotá, que llevará adelante el proceso.

El abogada Iván Bula, de la firma Jesús Yepes Abogados, que lleva el proceso, le contó a EL TIEMPO que esta demanda busca que se resarza el daño causado a Quintero y su núcleo familiar.

El recurso se organiza en tres núcleos temáticos, el primero es por lo que llaman un defectuoso funcionamiento de la istración de justicia, en tanto “la Fiscalía cometió una serie de injusticias con relación al caso de Jessy, en el proceso penal quedó demostrado que a Jessy y la Defensa se le ocultó material probatorio favorable, así lo advirtió la jueza. Estos fueron informes de primeros respondientes que demostraban que ella no le mintió a las autoridades”, dijo Bula.

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Así mismo, sostuvo que la Fiscalía fue parcializada y en todo el proceso se valió de unas pruebas testimoniales de amigos de Luis Andrés, Jessy y Laura de las que al final desistió el ente acusador “porque ellos iban a mencionar cosas que no le interesaba a la Fiscalía escuchar”.

El segundo tema que trata la demanda tiene que ver con el peritaje hecho por Máximo Duque. "En el juicio se demostró que ese perito Máximo Duque contrarió las reglas y principios básicos de su ciencia, hizo una exhumación a campo abierto, usó un cuchillo de cocina para extraer piel… y luego con base en esa mala experticia elaboraron una hipótesis que no eran, cuando la forma en la que él manipuló el cuerpo pudo haber causado lesiones”, afirmó Bula.

El abogado también cuestionó que en el proceso llegaron unos testigos, que luego fueron condenados por falso testimonio, que “extrañamente corroboraron lo que Máximo Duque decía”.

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Finalmente, la demanda de reparación directa cuestiona la privación injusta de la libertad que vivió Quintero, quien estuvo en casa por cárcel cerca de un año, entre 2011 y 2012. Según los abogados de la mujer, en las audiencias concentradas la Fiscalía hizo un relato de la situación de Laura Moreno y, sin mucha explicación, se la endilgó también a Quintero, por eso también se cuestiona a la Rama Judicial, pues fue un juez el que avaló “la privación injusta de la libertad”.

Frente a por qué se demandó también al Cuerpo de Bomberos de Bogotá, Bula sostuvo que la actuación de los bomberos contribuyó decisivamente a la hipótesis criminal de la Fiscalía.

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“Cuando llegó a la escena de los hechos un primer grupo de bomberos, ese grupo no buscó el cuerpo, solo cogió unas luces y dijeron que no había nada. Un segundo grupo de bomberos también estuvo reticente a meterse en el caño hasta que llegó la mamá de Luis Andrés desesperada, en ese momento ellos sí hacen los protocolos, hacen el descenso al caño en la carrera 15 y ahí encuentran el cuerpo”, relató el abogado.

Esto es importante, continuó diciendo, porque la hipótesis que sostuvo la Fiscalía es que “si el primer grupo no encontró el cuerpo es porque no estaba el cuerpo y lo mataron en otro lado. Esa negligencia del primer grupo de bomberos la quisieron trasladar a Jessy y a Laura, ellos decían que sí habían buscado pero que el cuerpo no estaba, y eso no fue así”, dijo.

Por todo esto, la demanda de Jessy Quintero pide una reparación tanto por daños patrimoniales como morales por la responsabilidad extracontractual del Estado.

En cuanto a los daños patrimoniales, explicó Bula, se piden alrededor de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) por “lo que pudo haber hecho la víctima con su vida en la privación injusta de la libertad, ella era monitora en Los Andes, su carrera universitaria se vio frustrada y perdió el valor de la matrícula. Tuvieron que enfrentar todo un proceso penal, que tiene costos”, contó.

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En cuanto a los daños morales, se argumenta que hubo una “situación de sufrimiento extremo por la exposición a medios, porque alrededor del caso se crearon toda una serie de situaciones, hasta una serie de Netflix, memes, stickers… Aún hoy, por estas fechas, la gente sigue creyendo que Laura y Jessy mataron a Luis Andrés”.

En la demanda, añadió el abogado, se pide la máxima reparación permitida por la jurisprudencia del Consejo de Estado para este tipo de situaciones de daño insoportable, que es de 300 SMMLV para Quintero, y 100 SMMLV para su madre, lo mismo que para su padre.

El precio en pesos de la demanda, explicó Bula, se calcula cuando haya un fallo. Así, por ejemplo, si el mismo se produjera este 2023, cuando el SMMLV está en $1'160.000, y el juez condenara a la Nación y concediera el total de las pretensiones, la indemnización sería de cerca de 360 millones de pesos para Quintero, y de poco más de 100 millones de pesos para cada uno de sus padres.

Ahora que la demanda fue itida, las entidades demandadas tienen 55 días para contestarla, luego se harán unas audiencias y finalmente se producirá el fallo. En este caso, manifestó el abogado Bula, se intentó previamente una conciliación, en mayo de este año, ante la Procuraduría “pero las tres entidades dijeron que no tenían ánimo conciliatorio”.

Así las cosas, tanto Quintero como su familia, quienes viven en Colombia, esperarán pacientes a que la justicia se pronuncie en este caso.

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