Tumban testimonios de agentes encubiertos en caso de policías procesados por corrupción

Un caso contra varios policías señalados de dejar pasar contrabando en Cúcuta, a cambio de dinero, tendrá que seguir sin pruebas claves recogidas por agentes encubiertos que se habían recopilado en la investigación, luego de que el Tribunal Superior de Cúcuta dejó en firme una decisión del Juzgado Segundo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de esa ciudad, que excluyó las pruebas porque la Fiscalía no las legalizó a tiempo.

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El caso en el que se recabaron esos testimonios se remonta a 2015 en el corregimiento de Banco de Arena, zona rural de Cúcuta, cuando un subintendente de la Policía, como comandante de la subestación, denunció unas presuntas conductas irregulares de varios uniformados y de personal civil.

En su denuncia, el suboficial señaló que el grupo de uniformados tenía entre sus funciones “controlar el paso de mercancías” para evitar el contrabando de productos provenientes de Venezuela.

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Sin embargo, cuando el subintendente asumió el mando de la subestación, “se le acerca otro subintendente quien, luego de enseñarle las funciones a desarrollar, le pone al tanto del paso de mercancías de contrabando y el dinero que se recibe por permitir el paso de las mismas sin ningún tipo de control”, se lee en la decisión judicial que retoma su denuncia.

Y otro de los uniformados le detalló que durante el día se recaudaba “más de un millón de pesos”, dinero que se utiliza en la compra de alimentos, el pago de la mujer que les cocinaba y de quienes hacían oficios varios, “quedando aproximadamente un millón de pesos que se guarda en lo que ellos denominan ‘la caja’ para luego ser entregado al policía que, de acuerdo a una lista, le corresponde el turno de recibir el dinero”.

Por ejemplo, a los pocos meses en el cargo el suboficial presenció cómo los uniformados recibían dinero de diferentes conductores por permitir el paso de diversos productos, de los cuales le hicieron entrega de la primera cantidad de dinero ($640.000) y de un aire acondicionado para su habitación.

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Así mismo, él conoció que la corregidora les entregaba a los policías 100.000 pesos semanales “para que firme unos oficios en donde se hace constar, falsamente, el decomiso de pequeñas cantidades de producto de contrabando, oficios estos que luego son enviados al Comando de la Policía para probar una operatividad inexistente y así evitar sanciones”.

Tras la denuncia del subintendente, la Fiscalía obtuvo autorización para usarlo, dentro de la investigación, como agente encubierto, así como a otro subintendente que también había denunciado las conductas irregulares de sus compañeros que dejaban pasar gran cantidad de vehículos con mercancías sin control.

Mientras los agentes encubiertos cumplían su función, los investigadores de la Fiscalía comenzaron a establecer la identidad de los policiales que laboraban en esa subestación, de la corregidora y de aquellos particulares que, según la investigación, les entregaban dinero a los policías por el paso de mercancías de contrabando. 

Así se logró identificar a un teniente, dos intendentes, 8 patrulleros y 7 particulares, y la corregidora.

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Con esa información, del 25 al 28 de julio de 2017 se hicieron las audiencias de imputación ante el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cúcuta, el 16 y 30 de octubre de 2018 se hizo la audiencia de acusación, y las audiencias preparatorias de juicio comenzaron el 18 de noviembre de 2020, pero debido a numerosos problemas, las mismas se terminaron extendiendo hasta el 5 de septiembre de 2022 con las solicitudes probatorias de ambas orillas, pero debido a una apelación, el caso llegó al Tribunal Superior de Cúcuta.

Juzgado Segundo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cúcuta había declarado la exclusión de todas las actividades realizadas por los dos policías encubiertos, sus informes y los documentos recolectados porque no legalizaron las evidencias recolectadas bajo esa función en los tiempos de ley.

Puntualmente, la última operación del primer policía encubierto fue el día 20 de agosto de 2015 y del segundo policía, el 17 de octubre de 2015, pues esos días ellos entregaron sus informes pero no se realizó el control posterior de legalidad de las actuaciones en el término de 36 horas previsto por la ley, sino que en el primer caso, esto se hizo más de 10 días después, y en el segundo, más de un mes después.

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La Fiscalía le pidió al Tribunal revocar la exclusión que hizo el juzgado de estas pruebas recolectadas por los agentes encubiertos, al decir que la actividad integral de los agentes no puede limitarse a ciertas actividades, es decir, los informes y las entrevistas; la Procuraduría, en cambio, dijo que debía mantenerse la exclusión pues “se está creando por parte de la Fiscalía un tiempo adicional que no contempla la norma que regula la figura de los agentes encubiertos”.

Los abogados de los procesados estuvieron de acuerdo y dijeron que “la teoría planteada por la Fiscalía resulta contraria a derecho”.

Al analizar todas las posturas, el Tribunal Superior de Cúcuta se mantuvo en excluir las pruebas: “Se evidencia que entre el último informe y la realización del respectivo control transcurrieron 11 días para el agente #1 y 39 días para el agente #2, lapsos que resultan notoriamente ilegales”.

El Tribunal añadió que si bien los controles de legalidad posteriores para las actividades de los agentes se realizaron dentro del plazo otorgado para la ejecución de la operación, esto es 6 meses, “la justificación propuesta por la Fiscalía para tomar como última actividad las entrevistas rendidas por los investigadores quienes ya habían presentado el respectivo informe, para habilitar términos uno de 11 días después de rendido el informe y el otro de más de un mes de presentado el informe, y a partir de allí creer que el legislador le habilitaba la oportunidad para acudir ante un juez de control de garantías, carece de fundamento”.

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Incluso citó que cuando la Fiscalía hizo unas entrevistas posteriores a los agentes encubiertos para que dijeran, por segunda vez, lo que ya habían consignado en los respectivos informes que no se legalizaron a tiempo, fue una “maniobra para subsanar el yerro ya configurado”.

Así las cosas, el proceso contra los policías y particulares señalados de corrupción y de permitir el paso ilegal de mercancía en Cúcuta, a cambio de plata, tendrá que irse a juicio sin contar con las pruebas que recolectaron los policías encubiertos.

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