Caso Meritage: el rastro de la mafia en el corazón del lío por el megalote que acaba de ganar el Estado

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) notificó ayer a Colombia de su decisión en el caso de una millonaria demanda que inversionistas internacionales habían interpuesto contra el Estado por la extinción de dominio de un megalote en una de las zonas más cotizadas del valle de Aburrá, en el cual se construía el lujoso proyecto urbanístico Meritage.

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El Estado ganó este arbitraje internacional, en el cual los inversionistas, encabezados por el empresario estadounidense Ángel Seda, pedían más de 300 millones de dólares.

Meritage, un megalote de 556.676 metros cuadrados, se levantaba en el sector de Las Palmas, en jurisdicción de Envigado, Antioquia, pero el proyecto, que estaba destinado a convertirse en uno de los complejos de vivienda más lujosos del valle de Aburrá, quedó frenado en 2016, cuando la Fiscalía inició un proceso de extinción de dominio porque la tierra habría pertenecido a personas con historial criminal.

La Fiscalía identificó que este lote había pasado por las manos de personas con nexos con la llamada ‘Oficina’, y en el marco de la investigación del ente acusador aparecieron nombres como el de Iván López Vanegas, quien fue extraditado a Estados Unidos, condenado en primera instancia a 24 años de cárcel por narcotráfico y luego absuelto; también eran nombrados el narcotraficante Héctor Javier Restrepo Santamaría, alias Perraloca; Javier García Rojas, alias Maracuyá, y Guillermo León Arango Uribe, alias Gurú.

Según la declaración López Vanegas, a la que los investigadores le dan crédito, estando en Estados Unidos su hijo fue secuestrado y obligado a firmar las escrituras del costoso predio, que junto con otros terrenos habrían terminado bajo el control de ‘Perraloca’.

Según el denunciante y testigo en la investigación, los predios que le fueron arrebatados, y los cuales están en el expediente junto con otros que habrían sido parte de negocios de ‘la Oficina’. 

En contraposición, los inversionistas de Meritage sostuvieron siempre que actuaron de buena fe y que no conocían del pasado criminal del lote, y en 2019 demandaron a la Nación, alegando una violación del acuerdo de promoción comercial entre Colombia y Estados Unidos.

Por esta presunta vulneración pedían una indemnización por la actuación de la Fiscalía con el proceso de extinción de dominio.

De acuerdo con información revelada por este diario en su momento, al expediente del caso llegaron testimonios de excapos que beneficiaban al demandante. De hecho,  se introdujo una grabación de la entonces fiscal Ana Catalina Noguera en donde se le decía que era un tercero de buena fe y que podría haber un acto de corrupción en torno al caso.

La Fiscalía también indaga si Javier García, alias Maracuyá, a quien esa entidad califica como un capo oculto, también estuvo detrás del megalote. De hecho, el 26 de mayo de 2021, la fiscal 18 de la Dirección Nacional Especializada contra Crimen Organizado, Giovana Cortés, ordenó vincular mediante indagatoria a ‘Maracuyá’.

El señalado capo fue mencionado por Guillermo León Arango Uribe, ‘Guru’, como propietario de la Palma Argentina, empresa dueña del megalote.

Arango le dijo a la Fiscalía –en declaración revelada en su momento por EL TIEMPO– que Javier García compró el lote y es el verdadero dueño de la Palma Argentina, la firma que aparece en la fiducia con la que el empresario Seda desarrolló el proyecto Meritage.

‘Maracuyá’ también fue mencionado por María Cecilia Uribe Quintero, socia y representante legal de la Palma Argentina. La empresaria itió en una declaración, entregada el 18 de noviembre de 2021, que conocía a Javier García; que él la visitó, le hizo el avalúo y le recomendó vender el lote.

Pero la nueva fiscal que asumió el caso a finales de 2021 decidió revocar el llamado a indagatoria de ‘Maracuyá’.

Sin embargo, en febrero de 2022,  EL TIEMPO informó que no “no existía prueba suficiente y contundente que comprometa la conducta de Javier García, alias Maracuyá, en los hechos aquí investigados, máxime cuando ni siquiera ha sido plenamente identificado”.

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El tribunal arbitral del Ciadi le puso fin a la controversia, que fue uno de los procesos internacionales más complejos que ha enfrentado la Nación, de acuerdo con fuentes de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje).

En entrevistas en el pasado, como la que concedió el 30 de mayo a un programa de la Presidencia de la República, el director (e) de la Agencia, Jhon Jairo Camargo, dijo que tenían “pruebas” del rastro de la mafia en Meritage y se opuso a que se usara “cualquier tribunal internacional o nacional para materializar un hecho punible, no es posible que un inversor me demande para fomentar una conducta de lavado de activos”.