¿Cómo recuperará el Estado los $70.000 millones de pesos que se perdieron en el escándalo de Centros Poblados? Explica la Contraloría

Cuatro años después del escándalo de corrupción de Centros Poblados, la Contraloría emitió un fallo de responsabilidad fiscal en contra de los del consorcio. Eso significa que las empresas y personas implicadas deberán pagarle al Estado $87.000 millones de pesos por la pérdida patrimonial que propiciaron luego de haberse embolsillado el anticipo del contrato -que fue de $70.000 millones de pesos- para llevar internet a zonas rurales de 16 departamentos. 

Alexandra Cárdenas, jefe de la Unidad Anticorrupción de la Contraloría, explica los pormenores de este fallo y la estrategia para devolverle a las arcas los recursos perdidos.

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Mira la cuantía del fallo. El detrimento era de $70,000 millones de pesos, pero mira la cifra del fallo de responsabilidad fiscal, estamos hablando de $87,000 millones de pesos. Y para que se suspenda la responsabilidad fiscal tienen que pagar todo. No es que paguen tres pesos, entonces ya no son responsables, no. En este caso, hasta que no se tenga la recuperación total de los dineros no se levantarán las responsabilidades.

Bueno, primero debe quedar en firme el fallo. Luego, la Contraloría, a través de la oficina de cobro coactivo iniciará las acciones pertinentes hasta que los de la Unión Temporal (Centros Poblados) y las personas vinculadas, como los señores Juan Carlos Cáceres Bayona (representante legal de la empresa proveedora de equipos) y Luis Fernando Duque Torres (representante legal de la UT Centros Poblados 2020) paguen. Estamos en un proceso ejecutivo donde se les embargarán los bienes. Además, no podrán volver a contratar con el Estado, porque uno de los requisitos para que puedan hacerlo es que estén libres de responsabilidad fiscal.

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Cuando hayan agotado todos los recursos legales. Dentro del debido proceso ellos tienen todas las herramientas para defenderse y en este curso se puede reafirmar o revocar la decisión de la Contraloría.

Se hará a través de la vía solidaria. Si mañana una empresa del consorcio paga los $87.000 millones de pesos, exime a todos. Pero no porque se paguen $25.000 millones o más quedarán exentos de responsabilidad fiscal. Acá tampoco sirve que se divida la suma entre todos los implicados y cuando una parte pague lo que le corresponde se exima, no. Aquí la UT (Unión temporal) tiene que pagar el valor completo, los $87.000 millones de pesos.

En este caso la Procuraduría tampoco ha fallado ni emitido pliego de cargos. Hace poco también decidieron exonerar a la ministra Karen Abudinen. Pero aquí lo que se tiene que precisar es que la acción disciplinaria es diferente a la acción fiscal. La acción disciplinaria puede determinar responsabilidad incluso por una falta leve, mientras que la responsabilidad fiscal solamente se asigna a título de culpa grave o dolo. Nosotros fiscalizamos a las personas (naturales y jurídicas) que tienen manejo de los dineros públicos. Eso implica istración y ejecución.

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Exacto. Emilio Tapia no istró ni ejecutó, nunca tuvo gestión fiscal. Ahora, él sí recibió unas supuestas coimas, por lo que su responsabilidad es de carácter penal. Ni siquiera responsabilidad disciplinaria porque ésta es exclusiva de los funcionarios y quienes tengan calidad de servidores públicos por extensión como los contratistas. El gestor fiscal es una persona ordenadora del gasto: el jefe de planeación, por ejemplo. Y se demostró que ni Emilio Tapia ni los funcionarios del Mintic tenían ese manejo.

Yo solamente puedo dar declaraciones sobre Centros Poblados. Lo que puedo adelantar es que frente a Gestión Del Riesgo ya se han aperturado los procesos y estamos en etapa de declaración libre. También se han dictado medidas cautelares y estamos revisando las indagaciones incluso de hasta cinco años anteriores. Esto es una tarea larga. Estamos enfocados en temas como los carrotanques, las ollas comunitarias, la maquinaria amarilla y hemos puesto la lupa en todo el tema de contratación para encontrar posibles irregularidades. Fallos todavía no hay, decisiones de fondo solamente las aperturas, pero todo tiene un trámite.

(Procuraduría archivó proceso contra la exministra Karen Abudinen por escándalo de Centros Poblados)

SARA VALENTINA QUEVEDO DELGADO

Redacción Justicia