Abecé del caso Centros Poblados: ¿qué ha pasado con las investigaciones por la pérdida de 70.000 millones de pesos?

El archivo definitivo por parte de la Procuraduría del proceso disciplinario contra de la exministra de las TIC Karen Abudinen por el escándalo de Centros Poblados, en el cual se perdieron 70.000 millones de un anticipo entregado para llevar internet a escuelas rurales de 16 departamentos de Colombia, es la última decisión en este caso que tiene capítulos penales, disciplinarios y fiscales.

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Es de recordar que el escándalo tiene que ver con el contrato de aporte 1043 de 2020, con el cual se había quedado la Unión Temporal (UT) Centros Poblados 2020. El contrato tenía un valor de más de un billón de pesos, para instalar 7.277 centros digitales, y a los contratistas alcanzaron a darles un anticipo de 70.000 millones de pesos que se habrían embolsillado antes de la terminación anticipada del negocio.

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En materia penal, por este escándalo ya fueron condenados, mediante preacuerdos, Juan José Laverde, por las pólizas falsas que presentó la UT para quedarse con el contrato, y Luis Fernando Duque, representante legal de la UT.

De otra parte, en mayo pasado se cayó el preacuerdo que estaba buscando el polémico contratista Emilio Tapia, llamado cerebro del entramado. Al tiempo, en agosto un juez no avaló el principio de oportunidad que habían negociado la Fiscalía y el empresario Juan Carlos Cáceres Bayona, también considerado uno de los cerebros del caso.

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Según la investigación, Cáceres Bayona era dueño de la empresa Nuovo Security LLC y junto a Emilio Tapia estaba al mando de todas las empresas de la Unión Temporal Centros Poblados: ICM Ingenieros, Intec de la Costa, Novotic y Omega Building SAS.

Otro procesado es el contratista Ottomar Lascarro, quien a comienzos de 2023 fue acusado por fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad ideológica en documento privado.

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La Procuraduría General de la Nación también adelantó averiguaciones por las irregularidades en Centros Poblados, y en mayo del 2023 sancionó a tres exfuncionarios del Mintic y a dos contratistas por las irregularidades en la etapa precontractual y en la ejecución del contrato de Centros Poblados.

Los funcionarios sancionados en primera instancia fueron la exsubdirectora de Gestión Contractual del Mintic, Sandra Orjuela Méndez; el exdirector de Infraestructura del Ministerio, Camilo Alberto Jiménez Santofimio; y la exsecretaria general de la cartera y exdelegataria de la contratación, Adriana Vanessa Meza Consuegra.

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A ellos se sumaron los contratistas Luis Fernando Duque Torres y la exrepresentante convencional del Consorcio PE 2020 C Digitales, Paola Andrea Izquierdo Rivera.

Frente a Abudinen, la determinación de archivo de esta semana afirma que la exfuncionaria del gobierno del expresidente Iván Duque no cometió ninguna conducta irregular ni incurrió en una violación a las normas de contratación pública que ameritaran un castigo disciplinario.

En octubre de 2023, la Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por $ 67.970 millones a 12 personas naturales y jurídicas por las irregularidades en el contrato de aporte 1043 de 2020. La imputación se hizo por 67.970 millones de pesos, y no por los 70.000 del anticipo, porque los implicados han devuelto en la Fiscalía parte de los recursos.

Por las irregularidades en el contrato se imputó a tres funcionarios del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Fontic) del Ministerio de las TIC; a cuatro ciudadanos como de la Unión Temporal Centros Poblados 2020, a otros tres que hacían parte del consorcio interventor, al representante legal de la UT, Luis Fernando Duque, y al excontratista Juan Carlos Cáceres Bayona, quien era el socio mayoritario de la empresa proveedora de equipos.

En el proceso fiscal Cáceres fue imputado porque su omisión en la entrega de los equipos contribuyó al daño patrimonial; el consorcio interventor es investigado por aprobar órdenes de pago sin la verificación de los documentos que la soportaban y por no pedir una reunión extraordinaria “para que el ordenador del gasto hubiera evitado el giro de los recursos” por el inminente incumplimiento en el cronograma del contrato. Así mismo, la imputación a los tres funcionarios del Fontic fue por omitir deberes según su manual de funciones.

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En la misma decisión de imputar responsabilidad fiscal, la Contraloría archivó la investigación a 16 personas, entre ellos el excontratista Emilio Tapia y la exministra Karen Abudinen, al tener en cuenta que no fueron gestores fiscales en este proyecto, ya que no istraron ni manejaron bienes o servicios públicos.

Tras la imputación fiscal, en octubre del año pasado, no se ha conocido aún el fallo de responsabilidad fiscal que determine definitivamente las responsabilidades.