Los efectos de que hayan suspendido a Colombia del Grupo Egmont, ¿se afectarán investigaciones contra narcos y grupos ilegales?

Como un revés importante en la lucha contra la criminalidad organizada califican expertos la suspensión de Colombia, en específico de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF), del Grupo Egmont, del cual hacen parte las unidades de inteligencia financiera de más de 170 países que comparten información reservada sobre temas como lavado de activos y financiación del terrorismo.

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La suspensión de Colombia se dio por revelar información sensible sobre el caso Pegasus, algo que hizo el presidente Gustavo Petro quien, en respuesta a la noticia de la salida del país del Grupo Egmont dijo en X que ese “es el costo de la verdad”.

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Fabio Humar, abogado penalista con experiencia en temas de lavado de activos dijo que la suspensión es un fracaso diplomático y en la lucha contra el crimen organizado “porque nos retira la posibilidad de acceder a información a través del canal secreto del Grupo Egmont, lo que sucede es lamentable para la comunidad de inteligencia financiera colombiana porque nos impide tener información de más de 170 unidades financieras que alimentan bases de datos de la UIAF con la cual luego se pueden iniciar investigaciones”.

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El abogado añadió que la información que maneja la UIAF no son investigaciones de alcance penal sino insumos que luego se le pasan a la Fiscalía para que desarrolle los procesos penales por lavado de activos, financiación del terrorismo y otros delitos.

“Se pueden afectar investigaciones que no se hayan iniciado, porque la inteligencia financiera es un insumo penal. Por citar un ejemplo, digamos que la UIAF estaba analizando los movimientos financieros de unos extranjeros que están en Colombia y antes pasaron por otros países en Europa o América, estos países le podían dar información financiera a la UIAF sobre esas personas, pero ya no pueden hacerlo”, señaló Humar.

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Luis Eduardo Daza, consultor internacional, profesor de la Javeriana y quien trabajó durante años en la UIAF, le comentó a este diario que para él la medida adoptada por el grupo Egmont es grave e inédita, pues no la había visto con otros países. Según él, las relaciones con otros países en el intercambio de datos se van a afectar: "el grupo tiene unos protocolos, no hemos sido excluidos pero suspendieron el canal de intercambiar información de operaciones sospechosas o en materia de lavado y financiación al terrorismo".

Para el experto, el presidente Petro tiene total autonomía en sus intervenciones, pero se debe tener en cuenta que la UIAF hace parte de la comunidad. "Él tiene esa facultad pero resulta que la sanción del grupo es porque ellos tienen una autonomía operativa, por eso esa información no puede trascender o utilizarse con fines políticos", resaltó Daza. 

Por su parte, Leonardo Güiza, director del Centro de Innovación para la Minería y el Ambiente de la Universidad del Rosario, recordó que dos de los delitos que mayoritariamente son fuente de lavado de activos son el narcotráfico y la minería ilegal, y los recursos generados por estos por lo general “no se quedan en Colombia sino en otros países, en paraísos fiscales, y es grave que el gobierno pierda la capacidad de investigar más allá de sus fronteras a través del Grupo Egmont”, señaló.

Así mismo, recordó que después de la salida de recursos al exterior, los mismos regresan a los bolsillos de grupos armados ilegales, por lo cual es importante hacer seguimiento a esos delitos a través de cooperación internacional.

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“No es que la UIAF deje de funcionar pero queda limitada para tener información de afuera y hay muchos delitos que pueden quedar sin el suficiente acervo probatorio, en la medida que vayan avanzando los procesos y se presenten dificultades en la investigación de los fenómenos es cuando vamos a realmente identificar el impacto de lo sucedido”, señaló.

A su turno Jorge Restrepo, director del Centro de Estudios para el Análisis de Conflictos (Cerac) dijo que esta situación no solo afecta a Colombia, que se queda sin la posibilidad de contar con información de inteligencia financiera de agencias en el exterior, sino en viceversa: los demás países que lleven investigaciones por este tipo de delitos y que contaban con valiosa información de Colombia no podrán acceder a ella.

“La información de inteligencia financiera es la primera información que cualquier investigador judicial sea quien sea, acá o en el exterior, busca porque es la información para hacer trazabilidad, tiene carácter probatorio fuerte”, indicó.

Restrepo añadió que otro efecto es sobre la persecución de los bienes que ilegalmente han acumulado los delincuentes: “Las organizaciones del crimen organizado buscan acumular riqueza, y la información de inteligencia financiera no sirve solo para probar hechos de corrupción, por ejemplo, sino que esa información es el mecanismo más efectivo para lograr la incautación de esos recursos”.

El profesor Güiza indicó que unos grandes beneficiarios de que se pierda la capacidad de acceder a información financiera de otros países son los grupos ilegales, que se benefician de finanzas ilícitas, por lo cual consideró que tal vez el Gobierno no midió las consecuencias de filtrar información sensible sobre el tema Pegasus, lo que terminó llevando a la suspensión de Colombia del Grupo Egmont.

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“La repercusión es muy grande, estamos hablando de dos fenómenos supremamente importantes para uno de los programas de gobierno del presidente Gustavo Petro, que es la ‘paz total’, porque la financiación del terrorismo y el lavado de activos en gran medida terminan en grupos armados ilegales, los que se terminan beneficiando de esta situcaicón son esos grupos y la delincuencia organizada”, dijo el profesor. 

Así mismo, el director del Cerac dijo que no solo se afectan investigaciones contra grupos ilegales, sino contra cualquier organización o persona involucrada en delitos de lavado de activos o financiación del terrorismo, y en esa categoría pueden caber, por ejemplo, los narcotraficantes.

“Esto afecta tres tipos de procesos: por lavado de activos, cuando se utiliza el sistema financiero internacional o cuando hay operaciones sospechosas de movimientos de recursos. Afecta procesos contra el crimen organizado con conductas por lavado de activos en Colombia y en el exterior; y tercero afecta procesos contra organizaciones terroristas en Colombia y exterior”, dijo Restrepo.

Para el director de Cerac lo más importante en este momento es que Colombia recobre cuanto antes la confianza de las 177 agencias agrupadas en el Grupo Egmont, para poder volver a contar la valiosa información que se maneja allí. 

"Para eso hay que asegurar que se protege la información, que se mantiene la independencia y autonomía de la UIAF frente a poderes políticos, eso llama a la remoción de todas personas involucradas en el caso de revelación de información, es una decisión del Ministro de Hacienda y el Presidente de la República. Esto requiere una purga, así como el Gobierno ha sido diligente en la purga de diferentes organismos de seguridad del Estado por razones de derechos humanos, debería hacerlo en este caso que vulneró las responsabilidades de Colombia en materia de lucha contra el lavado de activos, financiación del terrorismo y otros crímenes", concluyó Jorge Restrepo.