Este martes, la Contraloría volvió a llamar la atención sobre el importante aumento que entre 2021 y 2020 tuvo la deuda pública del país, pasando de 737,65 billones de pesos en 2020 (73.9 por ciento del PIB) a 874,88 billones el año pasado, saldo que equivale al 74.3 por ciento del PIB.
En un informe que presentó el jefe del organismo de control ante la Comisión Legal de Cuentas se analizó ese aumento de $137,23 billones (un 18,6 por ciento) entre un año y otro, y se señaló que los cambios en las tasas de interés y la variación de la tasa de cambio afectaron el servicio de la deuda.
De acuerdo con la Contrloría, el servicio de la deuda del Gobierno Nacional Central (GNC) en 2021 ascendió a $73,84 billones (6,3 por ciento del PIB), de los cuales 41,16 billones correspondieron a amortizaciones y $32,68 billones a pago de intereses y comisiones.
Al observar el nivel histórico que alcanzó la deuda pública en 2021, la Contraloría considera necesario evaluar las condiciones para su sostenibilidad en el mediano plazo.
Por eso el contralor Carlos Hernán Rodríguez hizo una llamado a “sincerarnos con las
cifras: que haya una especial responsabilidad en la que no se modifiquen leyes de mayor jerarquía por unas de menor categoría, que lleven a posibles variaciones presupuestales, y a través de maniobras se justifiquen esas variaciones”.
Lupa a movimientos presupuestales
El Contralor General presentó también un informe de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro 2021, sobre el cual la Contraloría emitió una 'Opinión No Razonable', al evidenciar incorrecciones que sumaron $49,30 billones. La misma opinión se emitió para las vigencias 2018, 2019 y 2020.
Las principales incorrecciones se presentaron debido a que en la Ley de Presupuesto se incluyeron artículos que permitieron al gobierno hacer movimientos presupuestales que contravienen el estatuto orgánico de presupuesto.
Por ejemplo, normas que permitieron constituir reservas que correspondían a anticipos pactados o a bienes y servicios ya recibidos, los cuales debieron registrarse en cuentas por pagar, lo que impacta el cálculo del déficit fiscal para mejorarlo.
Así mismo, se sobrepasó el límite de la constitución de reservas presupuestales del 2 por ciento en gastos de funcionamiento y 15% de los gastos de inversión.
También se encontró un aforo de recursos aprobados para el Fome en la vigencia 2021 cuando debieron figurar como pérdidas de apropiación de la vigencia 2020.
Por último, la Contraloría indicó que al analizar la ejecución de ingresos se encuentra un dato llamativo: los ingresos por dividendos y utilidades presentan una caída del 45,5 por ciento llegando a $7,90 billones.
"Este menor ingreso se explica básicamente por las menores utilidades de Ecopetrol que en 2021 entregó dividendos a la Nación por $619 mil millones frente a $6,55 billones entregados en 2020", señaló la entidad en un comunicado.
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