Contralor presenta en el Congreso una reforma al control fiscal

El contralor General de la República Carlos Felipe Córdoba Larrarte radicó ante la Cámara de Representantes un proyecto de acto legislativo para reformar el control fiscal en el país. 

Este proyecto, asegura la Contraloría, tiene un enfoque preventivo con el fin de que el órgano de control pueda actuar en tiempo real. Además, el proyecto busca recuperar la función de advertencia  -que en el 2015 le quitó la Corte Constitucional-. Ese mecanismo, según la Contraloría, permite "alertar oportunamente sobre riesgos o daños inminentes al patrimonio público". 

Según el contralor Carlos Felipe Córdoba, lo que se busca es iniciar un control fiscal que sea "concominante y preventivo", modificando el artículo 267 de la Constitución, con el fin de evitar que ocurran daños al erario.

“El país no aguanta más que la Contraloría llegue a ver las cenizas de lo que muy posiblemente pueda encontrar, de los presuntos robos al erario público, por eso estamos pidiendo que tengamos una función preventiva, concomitante y posterior, para estar en todo momento vigilantes y atentos del recurso de todos los colombianos y superar esa limitante que hoy tenemos, que nos lleva a llegar después de pasados los hechos irregulares”, dijo.

De ser aprobado en el Congreso, el control preventivo se uniría, entonces, al control posterior y selectivo que ya hace el órgano de control fiscal. Esto, según la Contraloría, permitirá "reducir sustancialmente el tiempo que llevan las actuaciones de gestión fiscal".

Además, el organismo también buscará que se le den más herramientas tecnológicas. Para conseguir una vigilancia en tiempo real, la Contraloría propone el uso de tecnología avanzada como el big data y la inteligencia artificial, lo que permitirá hacer las auditorías y el control a partir de datos abiertos. 

Otro cambio importante del proyecto de ley es que buscará unificar la competencia que hoy tiene la Contraloría General, con la de las contralorías territoriales, que hoy funcionan autónomamente. Además, con la reforma se busca que el Contralor General pueda intervenir sobre esos órganos territoriales. 

Hoy hay 65 contralorías, sumadas a la general, lo que termina desperdigando las funciones de control fiscal. "Esa cantidad genera la sensación de que el control fiscal está desarticulado", dice la Contraloría.

La intervención sobre esas contralorías se daría cuando se encuentre que en sus actuaciones falta imparcialidad u objetividad, o cuando se requiera brindarles apoyo técnico. Esos procesos de intervención, dice la Contraloría, respetarán las garantías laborales de los funcionarios que prestan su servicio en esos órganos. 

Con la reforma, además, la Contraloría buscará trabajar de forma coordinada con la Auditoría General para crear el Sistema Nacional de Control Fiscal y desarrollar políticas públicas sobre esta material. 

Otro cambio del proyecto de reforma es que le daría funciones jurisdiccionales a la Contraloría para los procesos de responsabilidad fiscal, con el fin de fortalecer los cobros coactivos a personas sancionadas por detrimentos patrimoniales. En esos casos, se planteará además que se deben privilegiar las deudas que los responsables fiscales tienen con el patrimonio público, antes de que se paguen las deudas que tienen con terceros. 

Actualmente los fallos fiscales de la Contraloría pueden ser controvertidos en instancias jurisdiccionales, por lo que no alcanzan a tener de forma inmediata el carácter de cosa juzgada. Eso también termina demorando el cobro coactivo sobre los responsables fiscales, pues se debe esperar hasta que un juez decida si la decisión de la Contraloría se anula o no. 

"En estas condiciones, los procesos fiscales pueden tardar hasta 12 años, (5 años en el trámite ante la Contraloría y 7 años en la jurisdicción de lo contencioso istrativo). El Contralor quiere acabar con esta situación y esa es la razón por la que propone modificar el Artículo 116 de la Constitución, para asignar funciones jurisdiccionales a las autoridades de control fiscal", asegura el organismo. 

"Con tal reforma se busca, que los recursos públicos cada vez estén mejor protegidos y con la prioridad debida", concluyó la Contraloría.

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