En riesgo 103 obras del Fondo de Adaptación por $ 561 mil millones

Hace 10 años, en el país se creó el Fondo de Adaptación como un mecanismo para atender las emergencias del invierno de ‘la Niña’, que generó graves afectaciones entre el 2010 y 2011.

Con el paso de los años al fondo se le entregaron nuevas funciones, más allá de la ola invernal, con el fin de que ejecutara proyectos para enfrentar los riesgos y emergencias ocasionadas por el cambio climático, y otros eventos naturales.

Pero ese fondo, según un estudio de la Contraloría General, conocido por EL TIEMPO, pareciera no estar funcionando de la mejor forma. La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría (DIARI), que es el mecanismo con el que este ente de control vigila la contratación en tiempo real, encontró que al menos 103 proyectos del Fondo de Adaptación tienen “alto riesgo de convertirse en obras inconclusas”.

Esos proyectos, afirma la Contraloría, tendrían un costo superior a los 561.735 millones de pesos. Además, en 71 de los 103, que costaron 276.000 millones de pesos, el organismo de control fiscal halló que los contratos estaban vencidos. Y lo que más preocupa es que algunas de las regiones más pobres o afectadas por la violencia del país, como La Guajira, Chocó y Nariño, son las que tienen más obras en riesgo (ver infografía).

Con todos estos hallazgos, la Contraloría asegura que le inquieta que “la información que aporta el Fondo de Adaptación para hacer seguimiento en tiempo real a estas obras, en un alto porcentaje no corresponde con la realidad de estos proyectos”, lo que afecta el control fiscal.

Sin embargo, en su informe de rendición de cuentas de este año, el Fondo de Adaptación aseguró que su buena gestión ha llevado a que Función Pública los calificara con 84 puntos sobre 100. 

Uno de los sectores con más retrasos es el de vivienda, pues la Contraloría evidenció en esa condición a al menos 65 de estos proyectos, que cuestan 240.000 millones de pesos. Y 59 de esos planes de vivienda están en un estado crítico por suspensiones e incumplimientos de los contratistas.

Por ejemplo, en el Carmen del Darién (Chocó), un plan de construcción de 947 viviendas que debían estar listas el 29 de junio del año pasado, y en las que se han invertido 10.914 millones de pesos, tienen un avances de apenas un 37 por ciento.

Otro proyecto de enorme interés es la construcción de 1.007 viviendas para Gramalote (Norte de Santander), pueblo que tuvo que ser reubicado por su hundimiento hace 10 años. La investigación asegura que este proyecto, que vale más de 67.000 millones de pesos, comenzó en el 2016, a la fecha se han construido 844 casas, pero el plazo para acabar las restante finalizó en octubre.

También preocupan las obras de 748 viviendas en Achí (Bolívar), en donde se han invertido más de 46.000 millones, y que debían estar listas este año. Pero el avance es de un 44 por ciento.

Uno de los líos que ha tenido este proyecto –y por el que el Fondo tuvo que adoptar un plan de salvamento– es que Furel S.A., socia mayoritaria del consorcio a cargo de la construcción, fue ocupada el año pasado por la Fiscalía con fines de extinción de dominio por hechos de corrupción que involucran a su propietario Hernán Moreno Pérez.

Pero además de las demoras en las viviendas, la Contraloría también detectó retrasos en proyectos de agua potable, como la construcción del acueducto de Linares (Nariño), que según el estudio está en riesgo de convertirse en “elefante blanco” porque, a pesar de que en él se invirtieron 3.000 millones de pesos, su avance apenas es del 16 por ciento.

Lo mismo sucede con otro acueducto en Samaniego, también en Nariño, que debía estar listo en septiembre de este año, pero apenas va por un 32 por ciento, aún cuando en él se invirtieron 2.300 millones.

Y en el sector de salud hay retrasos tan indignantes como el del hospital de La Vega (Cundinamarca), municipio que lleva años esperando a que terminen el centro médico de primer nivel en el que se usaron 10.400 millones de pesos. La obra apenas va por un 36 por ciento y el contratista ha pedido prórrogas.

Lo mismo ocurre con un centro de salud en Tibú (Norte de Santander), que iba a ser compartido con el corregimiento La Gabarra, y que pese a que se destinaron 5.400 millones de pesos para su construcción, está estancando en un avance de un 68 por ciento.

En cuanto a proyectos para reducir la amenaza de riesgos naturales, uno que encendió las alarmas en la Contraloría es el de la construcción del Jarillón de Cali, cuyo papel es proteger a la ciudad de un posible inundación en una nueva ola invernal.

En esa estrategia, la Contraloría evidenció que tres contratos, que suman 49.000 millones de pesos, han tenido múltiples suspensiones, y que se incumplió la primera fecha de entrega, que era en diciembre del 2018.

En su informe de rendición de cuentas, el Fondo de Adaptación aseguró que ha intervenido 28 departamentos y 948 municipios, con más de 2.200 proyectos, beneficiando a 21.5 millones de personas.

Este año, dijo el fondo, la pandemia impactó su plan de acción, llevando a la suspensión del 69 % de sus proyectos, en el 9 % de los nuevos no se firmó acta de inicio, y el 29 % continuó sin ejecución.

Por eso, señala, se creó un plan de choque para agosto y diciembre, y se están fortaleciendo los controles y seguimientos sobre las obras, las sanciones y demandas a contratistas por retrasos injustificados.

REDACCIÓN JUSTICIA

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