La advertencia de la Contraloría por contrato del Mininterior para pueblos indígenas

Ante el riesgo de que se pierdan 151.136 millones de pesos de recursos públicos, el contralor en funciones Carlos Mario Zuluaga envió una advertencia al Ministerio del Interior y al rector de la Universidad de Pamplona frente a un contrato que es para beneficiar a pueblos indígenas.

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Se trata del Contrato Interistrativo Nro. 1840 de 2022, firmado entre las dos entidades y que llevó al órgano de control a emitir una Advertencia Especial por una posible afectación a los intereses públicos, en el evento de que no pueda cumplirse el objeto del negocio jurídico.

El contrato es para ejecutar actividades relacionadas con dos proyectos del Mininterior, el primero es un proyecto por 11.536 millones de pesos para financiar iniciativas de fortalecimiento productivo, mujer, familia y generación y gobierno propio de comunidades y pueblos indígenas. El segundo es por 39.600 millones de pesos para financiar iniciativas de este mismo tipo y de mejoramiento de infraestructura vial para las comunidades de los Pastos y Quillacingas, en Nariño, y así cumplir compromisos acordados en el marco de la minga indígena del año 2019.

Según el seguimiento de las Contralorías Delegadas para el Sector Defensa y Seguridad y para la Población Focalizada, en el contrato se detectaron posibles falencias en los cronogramas, lo cual ha llevado no solo a la suscripción de 2 prórrogas, sino a que después de 1 año y 2 meses de su firma, las comunidades indígenas beneficiarias no hayan recibido la totalidad de los proyectos contemplados, los cuales estaban diseñados para ejecutarse en máximo 5 meses.

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En efecto, el contrato interistrativo tuvo fecha de inicio el 8 de agosto de 2022 y un plazo inicial de ejecución que iba hasta el 31 de diciembre de 2022, pero el plazo fue prorrogado hasta el 31 de agosto de 2023, y luego hasta el 31 de diciembre de 2023.

En este caso, dijo Zuluaga en su comunicación al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y al rector de la Universidad de Pamplona, Ivaldo Torres Chávez, se evidencia “un riesgo inminente de pérdida de recursos públicos”.

De acuerdo con la Contraloría, la contratación con la Universidad de Pamplona para la "gestión istrativa, operativa, financiera, de asistencia técnica y de verificación en la implementación de los proyectos presentados por los pueblos indígenas” se contrapone a los requisitos para adelantar la contratación directa en Colombia e implica la delegación de las funciones misionales del Ministerio en terceros, “lo que denota posibles deficiencias en la etapa de planeación del Contrato No. 1840, relacionadas con falta de claridad y suficiencia de estudios previos y estudio del sector”, sostuvo la entidad mediante un comunicado de prensa.

Así mismo, se señaló que el Ministerio del Interior determinó una cuota de istración del contrato equivalente al 10 por ciento de su valor ($15.131’662.143) actualmente destinada a la Universidad de Pamplona, que sobrepasa el monto de recursos establecido en la Resolución No. 339/2021, que pueden ser destinados para estas funciones, cifra que por ley no puede sobrepasar el 3 por ciento del valor total del banco de proyectos, que para este caso era equivale a $4.539’498.642.

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La Contraloría llamó la atención así mismo sobre el hecho de que el plazo de ejecución del contrato no tuvo en cuenta todas las actividades a realizar, lo cual quedó demostrado por las prórrogas.

“Esto además pone en riesgo a los recursos públicos pues al cambio de anualidad se incrementan los precios, lo que dificultará la ejecución contractual en las mismas condiciones pactadas”, señaló la entidad, que concluyó que “de no culminarse la ejecución de los proyectos, además de perderse la inversión de recursos transferidos por el Ministerio del Interior, quedará insatisfecha la necesidad que llevó a la contratación, afectando a las comunidades indígenas a las cuales se les pretendió beneficiar”.

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