'Nos preocupa que no se hayan tomado acciones': Defensor sobre riesgos electorales

Tras advertir un preocupante aumento de las acciones violentas de grupos armados en el contexto electoral en los dos últimos meses -agosto y septiembre-, la Defensoría del Pueblo indicó que en todo el año, hasta septiembre, se han registrado 377 de estas acciones que ponen en riesgo el normal desempeño de los comicios regionales.

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Además, el organismo de derechos humanos cuestionó que el Estado no esté tomando todas las acciones necesarias para prevenir la materialización de riesgos, como lo indicó el defensor del Pueblo Carlos Camargo en entrevista.

El aumento de las acciones violentas de grupos armados ilegales o criminales en los meses de agosto y septiembre está relacionado con la proximidad de la contienda electoral del 29 de octubre.

En algunas regiones estos grupos quieren tener mayor injerencia aumentando las amenazas u otro tipo de acciones violentas contra candidatos, entre ellos, líderes sociales, comunitarios o defensores de derechos humanos en las regiones, quienes hacen campaña con partidos o movimientos políticos.

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Lo que hemos evidenciado en los territorios en los cuales se han adelantado los distintos Comités Intersectoriales para la Reacción Rápida de Alertas Tempranas (Ciprat) y en el que se dan a conocer las alertas y las recomendaciones, es que, salvo el Ministerio del Interior, que es quien coordina la sesión, no asisten funcionarios del orden nacional con poder de decisión, han cedido toda responsabilidad a las entidades territoriales.

Desde la Defensoría se ha valorado la respuesta descentralizada del Gobierno, realizando sesiones de la Ciprat en 11 zonas de alto riesgo en el país, sin embargo, somos claros: una reunión sin plan de acción para contrarrestar los riesgos advertidos por la Defensoría es tener la tarea incompleta. Seguimos a la espera de los planes de acción que han resultado de cada sesión de respuesta a la Alerta 030-23.

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En la Defensoría del Pueblo nos preocupa que no se hayan tomado las acciones puesto que buena parte del accionar en materia de prevención del riesgo con ocasión del proceso electoral se debe realizar de manera anticipada, es decir, en un corto plazo.

Presentamos este informe de seguimiento antes de lo que establece la ley precisamente por la preocupación que tenemos en la Defensoría frente a la ocurrencia de hechos y el incremento de acciones violentas por parte de los grupos armados.

Además, que no se estuvieran tomando acciones preventivas por parte de algunas entidades del Gobierno. A esto se suma que en municipios del sur de Bolívar y Guaviare algunos municipios pasaron de riesgo alto a extremo.

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Nuestra mayor preocupación, y así lo hemos manifestado en diversos escenarios, es que no se garanticen los derechos humanos por cuenta de los enfrentamientos de los grupos armados ilegales. Esperamos que estos grupos respeten la decisión de los colombianos en los territorios para garantizar la democracia.

Pero hay que ser claros en cuanto a la vigencia de la alerta, este documento de advertencia no muere con las elecciones, el riesgo identificado apunta, también, al escenario de riesgo post electoral y cómo se haya configurado el nuevo mapa sociopolítico en territorios donde hay fuerte presencia de grupos armados organizados.

El informe de la Defensoría del Pueblo en el cual se hizo seguimiento a la alerta temprana electoral señala un incremento de las acciones vulneratorias de derechos humanos en el contexto electoral. 

Así, enero comenzó con 6 reportes, pero mes a mes estos fueron subiendo, en febrero hubo 4 acciones, en marzo ya se registraron 10. El aumento continuó en el segundo trimestre, abril tuvo 16 registros, mayo cerró con 37 y junio con 41.

El último trimestre que midió la Defensoría tuvo aumentos aún mayores, con 59 acciones vulneratorias en julio, 104 en agosto y 100 en septiembre.

 

Para el organismo de derechos humanos es además preocupante que solo entre enero y agosto hubo 204 acciones violentas, que es más que las 173 que en total hubo en los siete primeros meses del año. 

Según el informe defensorial, los cinco departamentos con el mayor número de hechos, entre enero y septiembre, fueron Norte de Santander (39), Cesar (33), Tolima (30), Bolívar (28), y Valle del Cauca (26).

Y en cuanto al tipo de acciones registradas, 254 fueron amenazas contra personas o movimientos políticos, también se registraron 14 métodos para generar terror en la población civil,  así como 15 restricciones a la movilidad. A estas se suman 22 homicidios y 34 ataques o atentados contra individuos o sedes políticas.

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