Defensoría alerta por proyecto de decreto que reviviría la ‘expropiación exprés’

Luego de que se conoció un proyecto de decreto del Ministerio de Agricultura que modifica el Decreto 1071 de 2015 sobre los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria y sus procedimientos, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre una posible vulneración de derechos por la inclusión de la figura de expropiación exprés.

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Según el defensor Carlos Camargo, esta medida podría resultar perjudicial, y dijo que han venido advirtiendo al respecto desde la discusión del Plan Nacional de Desarrollo.

“Desde la discusión del Plan Nacional de Desarrollo hemos advertido la intención por parte del Gobierno de introducir lo que se denominó ‘expropiación exprés’, y fue desestimada por el Congreso. Ahora, el Ministerio de Agricultura, mediante este proyecto de decreto reglamentario, revive un tema cuya inconveniencia ya fue definida por el poder Legislativo al determinar que se vulneraban derechos”, aseguró Camargo.

Para la Defensoría, reglamentar la denominada ‘expropiación exprés’ con este decreto excedería las facultades del Gobierno.

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“Si bien las regulaciones que adicionaría este decreto se relacionan con adoptar mecanismos para facilitar y dinamizar los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria, como también los procedimientos para la negociación directa y compra de la tierra, lo que en principio resultaría atendible, esto se desdibuja en el proyecto cuando advertimos una ausencia importante de fundamentos legales, pues para definir estas regulaciones no solo es determinante lo dispuesto por el Plan de Desarrollo vigente, sino también los aspectos constitucionales, los contenidos en el Acuerdo de Paz y los desarrollos legislativos, que son el marco regulatorio y normativo”, añadió el Defensor del Pueblo.

De otra parte, Camargo también encendió alertas por el ajuste que se propone al procedimiento istrativo de extinción de dominio, así como la inclusión de la figura de enajenación voluntaria por la no explotación y las alternativas de explotación.

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De acuerdo con el organismo de derechos humanos, aunque el decreto parece tener la intención de adaptar estas figuras a la responsabilidad ambiental sobre la tierra y su explotación, es necesario que la propuesta debe fundamentarse en regulaciones legales existentes sobre el tema.

“En caso de ser presentado, este decreto podría ser declarado inexequible e inconstitucional por parte de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, al incurrir en la ‘prohibición de deslegalización’ de temas con reserva de ley, como está estipulado en su jurisprudencia, y podría ser declarado nulo, previa suspensión de sus efectos, sin perjuicio de los demás controles que las otras instancias judiciales competentes tienen la posibilidad de ejercer”, señaló el Defensor del Pueblo.

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Así mismo, para Camargo debe hacerse un análisis para determinar cuáles contenidos de este proyecto de modificación del Decreto 1071 de 2015 deben ser tramitados por el Congreso, y cuáles podrían eventualmente ser desarrollados por el poder Ejecutivo mediante facultades extraordinarias que el mismo Congreso decida otorgar.

“Quiero reiterar la importancia de atender estas observaciones para que se revise si este decreto sería o no legal, a la luz de las afectaciones que podría ocasionar a los derechos de quienes han adquirido sus bienes y los explotan de conformidad con la normativa vigente”, concluyó Camargo, al añadir pedir que se conformen mesas regionales de discusión para examinar la política de tierras y la reforma rural integral, en las cuales participen las comunidades.

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