Demandas por privación injusta de la libertad suman $ 37 billones

A febrero había 26.397 procesos contra el Estado, activos y terminados. Este año van 61 demandas.

Cárcel La Modelo Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

08.04.2020 13:32 Actualizado: 14.04.2020 10:29

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Con lo que suman todas las pretensiones de las demandas que ha habido contra el Estado en los últimos 29 años de personas que consideran que fueron detenidas injustamente, se podría cubrir el presupuesto de la salud en Colombia de todo un año.

Según datos de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado conocidos por EL TIEMPO, las pretensiones de las demandas por privación injusta de la libertad suman 37. 9 billones de pesos, una cifra cercana a la del presupuesto de salud para este año, que es de 31.8 billones.

Desde 1991, se han presentado contra el Estado 26.397 demandas por esta causa. De ese total, en 11.045 casos ya hubo un fallo (esos recursos sumaban 17.5 billones), y las otras 15.352 siguen activas, con pretensiones por 20.4 billones de pesos. Ese es el dinero que tendría que pagar el Estado con recursos del erario, en caso de que los demandantes ganen sus pleitos.

El tipo de acción a la que más acuden los ciudadanos para reclamar una indemnización, con 25.155 procesos, es la reparación directa, que representa al 95% de los litigios.

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Algunos casos completan casi tres décadas en capilla. Así, hay por lo menos 194 procesos que fueron itidos entre 1991 y 1999 y que aún no han terminado.

También hay 3.300 casos itidos entre el 2000 y el 2009 en los que tampoco hay una respuesta judicial.

El año en el que más se han reclamado derechos por detenciones injustas fue el 2016 con 2.268. Y apenas en los dos primeros meses de este año se itieron 61 demandas con pretensiones de $ 71.000 millones.

Del total de casos activos, el departamento con más acciones por privación injusta de la libertad es Antioquia, que suma 1.909 casos. Le sigue Valle del Cauca (1.776); Bogotá (1.241); y Cundinamarca ( 892 ).

Estos casos, que son evaluados por los Tribunales istrativos y el Consejo de Estado, deben cumplir unos requisitos para prosperar.

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Por ejemplo, si la medida de aseguramiento por la que las personas estuvieron detenidas se basó en una orden judicial escrita y existía un indicio grave de responsabilidad penal, el Estado podría no ser condenado.

Pero de no cumplir con alguno de esos requisitos, la detención sería injusta y el Estado adquiere la obligación de reparar.

El cálculo de la indemnización depende del salario que recibía la persona al momento de su detención, o de sus ingresos, así como de los daños morales.

JUSTICIA

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