Deuda de subsidios de servicios públicos asciende a $7,6 billones: entes de control advierten riesgo sistémico

La Contraloría y la Procuraduría instalaron una comisión interinstitucional para aliviar la deuda de 7,6 billones de pesos que acumula el Gobierno por la mora en el pago de subsidios a los servicios públicos. Los entes de control advirtieron sobre un “riesgo sistémico” y llamaron a rendir cuentas al superintendente de Servicios Públicos.

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El apagón en Puerto Carreño, Vichada, en los primeros días del año, fue el campanazo de una crisis en el sector energético que amenazó con propagarse a nivel nacional, provocada, en buena medida, por la falta de pago del Gobierno a las empresas prestadoras del servicio de los subsidios destinados a los estratos más bajos.

La Comisión es resultado de unas mesas técnicas instaladas desde hace meses para monitorear estas problemáticas y proponer y hacer seguimiento a las acciones que implementan los diferentes actores para mitigar los riesgos detectados en tres frentes: sostenibilidad, calidad y cobertura.

La deuda pública, uno de los detonantes, ha venido creciendo mes a mes. De acuerdo con cifras del Comité Intergremial de Energía y Gas, el monto asciende a 7.6 billones, distribuidos en $ 2,7 billones por subsidios de energía eléctrica, $ 3,3 billones por opción tarifaria, $ 1 billón de deuda de s oficiales (escuelas, acueductos, hospitales o las instalaciones de las entidades) y $ 628 mil millones por subsidios de gas combustible.

Una de las primeras decisiones de esta comisión fue llamar al tablero al superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Yanod Márquez, para que rindiera cuentas sobre la situación de la empresa intervenida AIR-E.

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"Se le solicitó presentar información detallada de las actuaciones que ha realizado la Superintendencia para garantizar, a largo plazo, la prestación del servicio a cargo de esta empresa objeto de intervención", señalaron los entes de control.

Le pidieron precisar los referentes normativos que le permitieron a la Superintendencia prohibir la coistración en las empresas intervenidas y las implicaciones de esa decisión; informar sobre los recursos con los que cuenta actualmente el Fondo Empresarial, su origen, y las actuaciones adelantadas para responder a la solicitud de la Agente Especial de obtener 2,8 billones de pesos para garantizar la operación de la empresa en 2025.

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Además, incluyeron en la solicitud las garantías que exigió la Superintendencia para autorizar el giro de 148.000 millones de pesos del Fondo Empresarial a AIR-E, así como los resultados de las labores de inspección, vigilancia y control realizadas desde la Delegada para Energía y Gas Combustible.

A partir del análisis realizado a las empresas del sector de servicios públicos, basado en estudios sectoriales y auditorías de control fiscal, la Contraloría determinó “la necesidad imperiosa” de realizar ajustes para garantizar el pago de los subsidios y asegurar que, en la práctica, estos beneficien a quienes realmente los necesitan.

Entre los cambios sugeridos está la revisión del sistema de estratificación, “que no resulta el mecanismo más adecuado para su asignación”. También se evidenciaron debilidades en el otorgamiento, la sostenibilidad, la calidad y la cobertura de los subsidios, lo que genera daños fiscales y deficiencias en la prestación del servicio.

“Resulta fundamental que el Ministerio de Minas y Energía agilice la ejecución de las acciones correctivas identificadas en la gestión de subsidios y asegure la implementación puntual de las mejoras pendientes”, advirtió el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra.

La falta de soluciones que reduzcan la deuda y subsanen los vacíos en el sistema de subsidios amenaza, según Rodríguez, con un “riesgo sistémico para su prestación”, con consecuencias no solo patrimoniales, sino en la calidad de vida de los ciudadanos.

“Esta situación podría incluso llegar a vulnerar garantías constitucionales y derechos fundamentales de los colombianos, así como el desarrollo del país, pues la energía se requiere para distintas actividades del sector productivo y de los hogares”, concluyó Rodríguez.

Redacción Justicia