El 'desorden' en el inventario para la reforma agraria que encontró la Contraloría en la Agencia Nacional de Tierras en tiempos de Gerardo Vega

En momentos en que aproximadamente 2.000 campesinos se han tomado pacíficamente la sede nacional de la Agencia Nacional de Tierras -ANT-, exigiendo el cumplimiento de la entrega de tierras de la reforma agraria, la Contraloría General de la República reveló una auditoría practicada a la ANT en 2023, es decir, durante la istración de su exdirector Gerardo Vega Medina.

El estudio advierte varias irregularidades o hallazgos como la supuesta falta de ejecución de 645 mil millones de pesos que se transfirieron a un patrimonio autónomo para la compra de tierras. Dichos recursos se transfirieron con el propósito de cumplir la meta de 3 millones de hectáreas para la compra de predios a través del Fondo de Tierras y para la formalización de 7 millones de hectáreas.

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"Ante el significativo aumento en los recursos entregados, para el año 2023, la entidad optó por suscribir el convenio No 127 de 2023 con el patrimonio Autónomo F, para transferir la suma de $645.000.000.000 para la compra de predios a nivel nacional, con el fin de alcanzar las metas establecidas; sin embargo, al cierre de dicha vigencia, no se efectuó ningún negocio jurídico de compraventa, mostrando con ello, una ejecución de recursos sin que se cumpliera la misionalidad de la entidad, así como los fines y propósitos dispuestos en el Plan Nacional de Desarrollo", dice el documento.

"La transferencia de recursos a los patrimonios autónomos, en montos significativos, comporta una pasividad de los mismos y, por ende, que estos, no sean direccionados en tiempo y oportunidad para la satisfacción de bienes y servicios, que para el caso de la Agencia es el y compra a tierras", agrega.

Dice la auditoría que la ANT pasó de istrar 1.8 billones de pesos en 2022 a 5.2 billones en 2023, "lo que muestra un aumento significativo en los recursos asignados, pero con la misma capacidad istrativa y operativa, lo que comporta riesgos para la efectiva y eficiente gestión de la entidad".

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De acuerdo a la auditoría, hay dudas en el inventario de activos de la ANT, pues registra 1.7 billones de pesos en total y el 55.6 por ciento de sus activos corresponde a recursos entregados a través de convenios de asociación. El 36.7 por ciento del total de activos corresponde a predios adquiridos por la Agencia y otros que fueron transferidos de entidades como la Sociedad de Activos Especiales (SAE) o los extintos Incoder o Incora.

"Se encontraron 40 predios transferidos por parte de la SAE a la Agencia Nacional de Tierras, los cuales se registraron con valor cero, al igual que 287 predios adjudicables, mediante diferentes resoluciones, incorrección que se establece como incertidumbre significativa por corresponder a la función misional de la entidad y, material sin determinar la cuantía del impacto en la razonabilidad de los estados financieros, por imposibilidad en el cálculo del valor de estos", agrega la auditoría.

La ANT respondió que la SAE transfirió esos 40 predios a título gratuito y que sólo sabrán su valor cuando los avalúen. Pero también respondió en otro momento que "el valor cero se presenta por una medición no fiable de los predios, circunstancia que no es clara para este órgano de control".

Sobre los otros 287 predios adjudicables transfieridos por el Incoder o Incora con valor cero, el ente fiscal advierte que se afecta "de forma significativa la razonabilidad de los estados financieros". También se habla de 17 predios avaluados en 12.930 millones de pesos que no aparecen en el Fondo de Tierras pese a contar estos registros de compra de oficinas de instrumentos públicos a favor de la Agencia. Lo anterior demuestra que hay "debilidades de los controles registro e inventario de bienes por parte de la Dirección de a Tierras, lo que genera riesgos sobre la consistencia de la información de los activos del Fondo de Tierras y, un inventario desactualizado".

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Asegura la Contraloría que actualmente el sistema con las herramientas dispuestas para el inventario y registro de bienes "no se encuentra en funcionamiento, por lo que dichas actividades son adelantadas por los funcionarios en un archivo Excel de One Drive, formato que presenta inconsistencias respecto a la destinación, identificación e información de los predios".

Se refieren al aplicativo Sistema Integrado de Tierras 'SIT' que se espera se implemente en este segundo semestre de 2024. Esta situación genera "riesgos de pérdida de información e incertidumbre respecto al inventario de los predios, así como de la confiabilidad de la herramienta utilizada por la Agencia para el efecto".

La ANT continúo con la negociación de un predio llamado el Juncar, ubicado en el municipio de Sucre, Sucre, en la zona de influencia de 

La Mojana, solicitando para su efecto reservas presupuestales. Este predio había sido calificado como "inviable" por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, por amenaza de inundación, y por un profesional de esa entidad que descartó su aptitud agropecuaria.

Para la Contraloría esta situación "comportaría la destinación de recursos públicos para adquirir predios sin vocación agropecuaria con riesgos de desastre en contravía de las políticas de la reforma agraria y la misionalidad de la ANT".

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La Contraloría también encontró que en la revisión del proceso de compra de predios no hay "soportes que acrediten la consulta ante la Unidad de Restitución de Tierras, respecto a que los predios en proceso de compra no se encontraran en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente".

Sin este requisito, dice la auditoría, se comprometen "recursos públicos en la adquisición de predios sin la verificación de todos los pasos contemplados en los lineamientos establecidos para llevar a cabo dicho proceso".

La Contraloría no entiende por qué la ANT contrató como operador logístico de eventos al sistema de medios públicos RTVC, en un convenio interistrativo por $15.475 millones de pesos.

"Las actividades económicas reportadas y las actividades principales de su objeto social acreditadas e inscritas en el certificado de existencia y representación legal, no obedecen a aquellas de operación logística, razón por la cual, RTVC, no se cumplía con las condiciones para ejecutar el objeto contractual".

"Pese a que la entidad esgrime “en el portafolio de servicios allegado por RTVC, se evidencia que, en el marco de su objeto, RTVC, presta varios servicios, entre esos el de operación logística (…)”, dicho servicio no se evidencia en el objeto social del proveedor seleccionado, ni en sus estatutos o reglamentos se constata modificación al mismo respecto de la inclusión del referido servicio", agrega la Contraloría.

El ente de control también cuestionó que se sobre estimara la constitución de reservas presupuestales por $43.410.225.854. También anotaron que numerosos compromisos presupuestales de la entidad mostraron ejecuciones presupuestales inferiores al 60%.

Ana María Cuesta - Redacción Justicia - @JusticiaET - [email protected]