El laudo por $1.3 billones y las otras jugosas demandas contra el Estado en pleno recorte presupuestal

En medio del apretón fiscal, por el cual el gobierno del presidente Gustavo Petro decretó un aplazamiento presupuestal de 12 billones de pesos, pasando tijera a los recursos de varias entidades, las demandas contra el Estado colombiano ascienden a 730,8 billones de pesos. 

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Uno de los últimos fallos en contra de la Nación fue por 1,3 billones de pesos, en un litigio entre la Concesión Perimetral Oriental de Bogotá (POB) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), relacionado con la obra para la vía 4G Sesquilé - Cáqueza.

El laudo fue proferido en un tribunal de arbitraje del Centro Internacional de Resolución de Disputas, luego de cuatro años de proceso. Esta instancia cedió a las pretensiones de la concesión y ordenó a la ANI el pago de una indemnización de 1,3 billones de pesos por los perjuicios ocasionados por la suspensión anticipada del proyecto.

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Se trataba de cinco unidades, de las cuales las compañías de la concesión, la israelí Shikun & Binui y la colombiana Grodco, terminaron las unidades 1, 2 y 3, que se encontraban en la parte norte del corredor. Sin embargo, las unidades 4 y 5, ubicadas hacia el costado sur, presentaron inconvenientes en el trámite de licencias ambientales que llevaron a la terminación anticipada del contrato.

El tribunal de arbitramento exoneró de toda responsabilidad a POB "por la imposibilidad de ejecutar sus obligaciones" y ordenó al Estado desembolsar el billonario monto para compensarla.

"Perimetral Oriental de Bogotá reitera su disposición de trabajar junto a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de la República de Colombia y demás autoridades competentes para garantizar un avance conjunto hacia la conclusión del proyecto, priorizando el bienestar social, económico y ambiental de Colombia", comunicó la concesionaria, una vez notificada del laudo.

Desde la ANI están expectantes frente a unas solicitudes de aclaración que pidieron sobre el fallo y aseguraron que no se pronunciarán sobre la demanda. 

Si bien la pretensión de este pleito es considerable, uno de los de mayor cuantía proferido en contra de la Agencia, actualmente hay en juego más de 730 billones de pesos por concepto de 334.728 procesos, cifra superior en casi el 50 por ciento al presupuesto nacional, que para este año quedó en 511 billones de pesos.

De los más de 300 mil procesos, solo 14 corresponden a litigios arbitrales internacionales. Sin embargo, el total de las pretensiones es de 58,5 billones de pesos, mientras que la suma de los 42 procesos arbitrales nacionales alcanza los 5,2 billones. Así lo reveló el último informe de litigiosidad, publicado por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

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El 53,7 por ciento de los procesos (179.602) tienen pretensiones que no exceden los $50 millones. Por otro lado, el 0,3 por ciento de los procesos (933) concentran el 78,9 por ciento de las pretensiones ($526,53 billones de pesos). 

Entre estas demandas está la de mayor cuantía en la historia del país, en la que, además de los casi 40 billones de pesos que pide el demandante, se disputa la soberanía sobre el patrimonio cultural sumergido: el galeón San José.

Durante el 2024, el país perdió en los tribunales internacionales 554 millones de dólares, es decir, unos 2,4 billones de pesos. Un numero favorable, teniendo en cuenta la cantidad de procesos fallados y el valor de las indemnizaciones que exigían las compañías extranjeras.

Cinco de los nueve casos que se disputaron fueron decididos a favor del país, y los fallos en contra corresponden a montos menores que las pretensiones totales de los demandantes, lo que resultó en un ahorro para las arcas públicas de más de 2.200 millones de dólares.

Actualmente, el laudo de Telefónica, por 540 millones de dólares (el de mayor valor dictado el año pasado) se encuentra suspendido mientras se define un tribunal ad hoc.

Redacción Justicia